Los resultados de las elecciones vascas no han dejado a nadie indiferente. Han creado una situación insólita, y se hace preciso analizarla serenamente, contemplando los distintos escenarios a que da lugar, para no dejarse enredar en la madeja de las interpretaciones puramente interesadas.
Nadie puede negar que el PNV ha sido la lista más votada, e incluso que ha ganado las elecciones, pero eso no le otorga el derecho inmediato a gobernar, ni en pura lógica democrática, ni atendiendo siquiera a la práctica dominante últimamente en España y en el propio País Vasco. Que se lo pregunten a CiU en Cataluña, que ya sabe lo que es ganar dos veces las elecciones y pasar a la oposición. O al PP en Galicia, que se quedó a un paso de la mayoría absoluta en los comicios de 2005 y con una diferencia de 12 escaños sobre la siguiente fuerza. Que se lo pregunten al PSOE, que no pudo materializar su victoria de 2007 en Canarias (CC y PP se lo impidieron), o al PP vasco, a quien se le negó la Diputación de Alava a favor del PNV, sin ir más lejos.
Gobierna quien es capaz de formar una mayoría parlamentaria que pueda sustentar al gobierno. Esa es la regla de oro de la democracia, sin limitar de antemano ninguna fórmula que permita a los gobernados cambiar a sus gobernantes de manera pacífica. No es fácil siempre interpretar la voluntad popular manifestada en las urnas y puede discutirse ciertamente sobre el carácter antinatura de tal o cual alianza, o sobre los beneficios o perjuicios que podría ocasionar un determinado pacto a tal o cual partido en el futuro. Pero sería un flaco servicio a la democracia que por cesión al chantaje o por miedo se descartase de antemano cualquier fórmula de gobierno legítima.
El PNV, como exponente del nacionalismo democrático que es, no puede ignorar esta lógica, por mucho que le cueste –si llegara el caso- abandonar los beneficios del poder que ha disfrutado ininterrumpidamente durante casi tres décadas. El PNV, sin embargo, parece dispuesto a todo menos a dejar el poder. La advertencia efectuada a Patxi López de que si pretendiera gobernar ello supondría una "desestabilización", una "parálisis" e incluso un "golpe" institucional, no es admisible y resulta además paradójica. Aunque le cueste reconocerlo, poco ha hecho el PNV durante 30 años por legitimar las instituciones autonómicas vascas (que han dado al Pais Vasco las mayores cotas de autogobierno de toda su historia) y hasta se ha empeñado en vaciarlas de sentido (particularmente desde el pacto de Estella de 1998) o en utilizarlas como plataforma contra el Estado español (política de Ibarretxe).
El PNV se aferra al número de votos, pero no ha conseguido detener la pérdida de sufragios de los últimos tiempos y ha arrastrado consigo en su caída a sus hasta ahora socios de gobierno, haciendo inviable una mayoría nacionalista, ni siquiera con los escaños obtenidos por Aralar. Ha sido la política de Ibarretxe la que ha hecho gala de "frentismo" (al compartir la lógica del nacionalismo radical y de los violentos y rechazar el Estatuto de Gernika de 1979 por no recoger la plena soberanía y territorialidad del pueblo vasco), y es esa política la que ha sido derrotada en las urnas.
El hecho novedoso en estas elecciones de la ausencia de una candidatura vinculada a ETA ha beneficiado a la democracia, pero no ha proporcionado ventaja a ningún partido, si acaso ha podido notarse en el aumento de voto de Aralar (34.000 votos más), que unido al voto nulo preconizado por Batasuna (100.000 votos) iguala en la práctica a lo que obtuvo el PCTV en 2005 (150.000 votos). El aumento de la abstención (más de dos puntos respecto a 2005) también puede interpretarse como una cierta saturación por parte del electorado nacionalista hacia la política de Ibarretxe.
El PNV ha vuelto a ganar las elecciones con Ibarretxe. Pero aunque resulte raro o extraño esa victoria es la de un perdedor. El presidente del PNV Urkullu se ha apresurado a decir que su partido no está dispuesto a sacrificar a Ibarretxe para llegar a un acuerdo con el PSE. Pero es evidente que el PNV no puede aspirar a gobernar en solitario con Ibarretxe, ni Patxi López está dispuesto a entrar en un gobierno de coalición presidido por Ibarretxe.
La llamada al "liderazgo compartido" lanzada por Urkullu requeriría en cualquier caso, para llegar a ser atendida, la desaparición de Ibarretxe del escenario político. Ese sacrificio simbólico, por encima del juego de escenificaciones, estaría ya decidido, y continuando con las cesiones, también tendría que estar dispuesto el PNV a ceder el puesto de lehendakari a Patxi López (al igual que el PSE lo cedió en 1986 al PNV cuando contaba éste con menos escaños como consecuencia de la escisión de EA). El PNV resucita ahora el discurso de la "transversalidad" (como hizo en la campaña de 2001 para alejar el fantasma del "frentismo" españolista avistado en la entente Mayor Oreja-Nicolás Redondo).
No se escapa, sin embargo, que volver al escenario de 1986 no deja de ser un regreso al pasado y pensar a estas alturas que la idea de la transversalidad, entendida como un gobierno de coalición PNV-PSE, pueda ser la solución, es permanecer instalados en el mito. Difícilmente puede satisfacerse así el deseo de cambio que se trasluce en los resultados electorales. La transversalidad no se reduce a un simple gobierno de coalición, afecta antes a la visión y al concepto de sociedad que se tiene y se quiere defender, y hasta la fecha ese ideal de tranversalidad donde mejor ha quedado reflejado es en el Estatuto: el Estatuto de 1979, que no solo expresa un pacto entre el País Vasco y el Estado, sino fundamentalmente un pacto entre vascos, como ha insistido muchas veces Joseba Arregi, el pacto contra el que se ha pronunciado lamentablemente el PNV.
Invocar el plurinacionalismo, como han hecho los distintos planes de Ibarretxe, y formular a continuación propuestas que si destacan por algo es por su carácter mononacionalista, no deja de ser un profundo contrasentido. La soberanía se vuelve contra la ciudadanía, y la ciudadanía se ha vuelto al final contra el nacionalismo. Así de sencillo.
Gobierna quien es capaz de formar una mayoría parlamentaria que pueda sustentar al gobierno. Esa es la regla de oro de la democracia, sin limitar de antemano ninguna fórmula que permita a los gobernados cambiar a sus gobernantes de manera pacífica. No es fácil siempre interpretar la voluntad popular manifestada en las urnas y puede discutirse ciertamente sobre el carácter antinatura de tal o cual alianza, o sobre los beneficios o perjuicios que podría ocasionar un determinado pacto a tal o cual partido en el futuro. Pero sería un flaco servicio a la democracia que por cesión al chantaje o por miedo se descartase de antemano cualquier fórmula de gobierno legítima.
El PNV, como exponente del nacionalismo democrático que es, no puede ignorar esta lógica, por mucho que le cueste –si llegara el caso- abandonar los beneficios del poder que ha disfrutado ininterrumpidamente durante casi tres décadas. El PNV, sin embargo, parece dispuesto a todo menos a dejar el poder. La advertencia efectuada a Patxi López de que si pretendiera gobernar ello supondría una "desestabilización", una "parálisis" e incluso un "golpe" institucional, no es admisible y resulta además paradójica. Aunque le cueste reconocerlo, poco ha hecho el PNV durante 30 años por legitimar las instituciones autonómicas vascas (que han dado al Pais Vasco las mayores cotas de autogobierno de toda su historia) y hasta se ha empeñado en vaciarlas de sentido (particularmente desde el pacto de Estella de 1998) o en utilizarlas como plataforma contra el Estado español (política de Ibarretxe).
El PNV se aferra al número de votos, pero no ha conseguido detener la pérdida de sufragios de los últimos tiempos y ha arrastrado consigo en su caída a sus hasta ahora socios de gobierno, haciendo inviable una mayoría nacionalista, ni siquiera con los escaños obtenidos por Aralar. Ha sido la política de Ibarretxe la que ha hecho gala de "frentismo" (al compartir la lógica del nacionalismo radical y de los violentos y rechazar el Estatuto de Gernika de 1979 por no recoger la plena soberanía y territorialidad del pueblo vasco), y es esa política la que ha sido derrotada en las urnas.
El hecho novedoso en estas elecciones de la ausencia de una candidatura vinculada a ETA ha beneficiado a la democracia, pero no ha proporcionado ventaja a ningún partido, si acaso ha podido notarse en el aumento de voto de Aralar (34.000 votos más), que unido al voto nulo preconizado por Batasuna (100.000 votos) iguala en la práctica a lo que obtuvo el PCTV en 2005 (150.000 votos). El aumento de la abstención (más de dos puntos respecto a 2005) también puede interpretarse como una cierta saturación por parte del electorado nacionalista hacia la política de Ibarretxe.
El PNV ha vuelto a ganar las elecciones con Ibarretxe. Pero aunque resulte raro o extraño esa victoria es la de un perdedor. El presidente del PNV Urkullu se ha apresurado a decir que su partido no está dispuesto a sacrificar a Ibarretxe para llegar a un acuerdo con el PSE. Pero es evidente que el PNV no puede aspirar a gobernar en solitario con Ibarretxe, ni Patxi López está dispuesto a entrar en un gobierno de coalición presidido por Ibarretxe.
La llamada al "liderazgo compartido" lanzada por Urkullu requeriría en cualquier caso, para llegar a ser atendida, la desaparición de Ibarretxe del escenario político. Ese sacrificio simbólico, por encima del juego de escenificaciones, estaría ya decidido, y continuando con las cesiones, también tendría que estar dispuesto el PNV a ceder el puesto de lehendakari a Patxi López (al igual que el PSE lo cedió en 1986 al PNV cuando contaba éste con menos escaños como consecuencia de la escisión de EA). El PNV resucita ahora el discurso de la "transversalidad" (como hizo en la campaña de 2001 para alejar el fantasma del "frentismo" españolista avistado en la entente Mayor Oreja-Nicolás Redondo).
No se escapa, sin embargo, que volver al escenario de 1986 no deja de ser un regreso al pasado y pensar a estas alturas que la idea de la transversalidad, entendida como un gobierno de coalición PNV-PSE, pueda ser la solución, es permanecer instalados en el mito. Difícilmente puede satisfacerse así el deseo de cambio que se trasluce en los resultados electorales. La transversalidad no se reduce a un simple gobierno de coalición, afecta antes a la visión y al concepto de sociedad que se tiene y se quiere defender, y hasta la fecha ese ideal de tranversalidad donde mejor ha quedado reflejado es en el Estatuto: el Estatuto de 1979, que no solo expresa un pacto entre el País Vasco y el Estado, sino fundamentalmente un pacto entre vascos, como ha insistido muchas veces Joseba Arregi, el pacto contra el que se ha pronunciado lamentablemente el PNV.
Invocar el plurinacionalismo, como han hecho los distintos planes de Ibarretxe, y formular a continuación propuestas que si destacan por algo es por su carácter mononacionalista, no deja de ser un profundo contrasentido. La soberanía se vuelve contra la ciudadanía, y la ciudadanía se ha vuelto al final contra el nacionalismo. Así de sencillo.
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