La dignidad del Tribunal Constitucional

El pasado 26 toda Cataluña se desayunaba con un mismo editorial en la prensa. En él se apelaba a la "dignidad de Catalunya" ante la expectación de la próxima sentencia sobre el Estatut, y los temores de que afecte al texto en aspectos fundamentales. Llama la atención que se hable en nombre de Cataluña cuando, a estas alturas, todo el mundo sabe -y de ahí los temores- que la sentencia, con independencia de la forma en que module su fallo, no va a ir en contra de los intereses de la sociedad catalana, sino en todo caso de la clase política que ha promovido una reforma del Estatut de manera precipitada, inoportuna, sin buscar el necesario consenso entre las fuerzas políticas catalanas y los partidos de ámbito español, y sin llegar a interesar siquiera a la ciudadanía catalana en la bondad de la reforma.

El editorial enfatiza el hecho de que el texto sometido a examen del Tribunal haya sido ya refrendado por los electores, pero nada dice de la escasísima participación registrada entonces, ni de la lectura política que mereció y exige ese hecho. La mayoría de la sociedad catalana dio la espalda a ese texto, porque no vio que su identidad estuviera amenazada, ni tampoco la madurez democrática de la España plural, como ahora se empeñan en decir los periódicos catalanes pretendiendo poseer el alma de Cataluña. Resulta ridículo, por irreal, pretender vender que exista entre la población catalana "un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad". No es ese hoy, ni muchísimo menos, el cruce de miradas entre los catalanes y el resto de los españoles, o si se quiere entre Catalunya y España.

Por supuesto que "hay preocupación en Catalunya", y no es preciso "que toda España lo sepa", porque ya lo sabe. La preocupación anida en la clase política, y la clase política tiene muy preocupada a la ciudadanía, como han revelado las últimas encuestas del CIS. Pero nadie está harto de Cataluña, ni pretende conculcar su autogobierno. Si existe "hartazgo" va más bien en esa otra dirección: de los ciudadanos hacia sus gobernantes, a todos los niveles (en el marco autonómico y español). El hecho de que los medios de comunicación catalanes no tengan pudor en convertirse y actuar como agentes políticos, al servicio de los intereses inmediatos del poder, sin el menor atisbo de crítica como sería su función natural, es el mejor indicador de la verdadera naturaleza de la preocupación. A Zapatero, en una nueva muestra de su levedad política, le parece bien el editorial único y lo llama "libertad de expresión", cuando es sabido que cualquier unanimidad de la opinión publicada suele indicar más bien lo contrario, sin necesidad de hacer comparaciones con el pasado. Pero qué va a decir Zapatero, cuando es víctima de su propia cortedad de miras y hasta rehén, no ya de los nacionalistas de ERC, sino de los mismos socialistas catalanes, como ya indicamos en otra ocasión.

En nombre de la libertad de expresión se presiona al TC, con la bendición de Zapatero y de la Generalitat. Se le presiona y se le deslegitima, todos empeñados en presentarlo como una instancia política y hasta como una cuarta cámara legislativa (y habrá que preguntarse quién ha contribuido de manera particular a que eso pudiera ser así y al actual desprestigio del TC). Pero el TC está para soportar presiones y para actuar con criterios jurídicos y no políticos. Quienes sugieren ahora -después de todo lo que sabemos- que PSOE y PP se pongan de acuerdo para desbloquear la renovación de algunos miembros del TC, están dando por supuesto que el fallo ha de ser político, y sería de escándalo que después de tres años de espera para llegar a la ansiada sentencia, hubiese que esperar otros tres. El TC es el guardián de la Constitución y tiene todo el derecho y el deber de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, máxime si afectan de manera fundamental al "marco de convivencia español", que eso es en definitiva la Constitución.

Si el problema es que a algunos políticos e intelectuales orgánicos no les gusta la actual Constitución, que trabajen abiertamente para cambiarla. Están en su derecho. Que se pronuncien claramente por una nuevas Cortes Constituyentes que procedan a la elaboración de una nueva Constitución. Pero que se haga según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que requiere mayoría cualificada y, por consiquiente, un inevitable consenso entre los partidos mayoritarios, atendiendo al propio juicio de los ciudadanos españoles. Pero pretender reformar la Constitución por la via de la reforma estatutaria (que exige un menor respaldo parlamentario) y de los "hechos consumados", hurtando el verdadero objeto y alcance del debate, no dice mucho de la madurez democrática de quienes así han actuado.

No es posible ni nadie tiene intención de dar un "cerrojazo institucional" a Cataluña, como denuncia el editorial, pero tampoco es admisible una reforma encubierta de la Constitución, y pretender además que la sancione de oficio el TC. Eso si que sería convertirlo no en la cuarta, sino en la primera cámara legislativa. Hay quienes se afanan en confundirlo todo, haciendo gala de un pensamiento con escasos matices. Lo que está en juego con la sentencia del TC no es el cierre definitivo del Estado autonómico, sino el tránsito directo de un Estado autonómico a otro plurinacional sin que llegara a saberse cómo fue, esto es, sin tocar la Constitución. Porque es más que dudoso, por no decir incierto, que la Constitución de 1978 contemple ese modelo. Una cosa es la distinción entre regiones y nacionalidades (de mayores potencialidades que las existentes en la actualidad), y otra la cosoberanía o la bilateralidad, como asume el Estatut.

La Constitución de 1978, nacida de un gran consenso, fue cuidadosa con los nacionalismos. Éstos nunca estuvieron solos a la hora de reclamar la autonomía. El pacto democracia-autonomía, que puso los cimientos de la España plural durante la Transición, manifestó una exquisita voluntad por parte de las mayorías de no imponerse a las minorías. Si eso fue así, con mayor razón debe entenderse que lo que no es aceptable en democracia es que las minorías se impongan a las mayorías a base de chantajes o amenazas, violentando o hurtando las reglas del juego. La España plural ya existe, no depende del nuevo Estatut catalán, aunque pueda profundizarse en ella. Lo que puede quedar hecha añicos en el caso de una sentencia negativa, no es esa España, sino la credibilidad y el propio entendimiento político de Zapatero y Montilla. Ellos serían los responsables de cualquier sensación de engaño. Pero, por importante que esto pueda ser, mucho más lo es la dignidad del Tribunal Constitucional.

No nos engañemos. Es importante saber si en España funcionan las instituciones, o si el país está por el contrario abocado a un permanente desorden institucional. Lo que no es de recibo es que, al hilo del editorial, algunos intelectuales orgánicos catalanes apelen no ya a la futura presión soberanista o independentista si no se aceptan los actuales términos, ni a las dimensiones desconocidas por las que podría transcurrir la confrontación de Catalunya con España, sino a la ruptura total de la confianza con la que se tejió la Transición, cuando los responsables del actual escollo en que se encuentra el Estatut (que no son ni Aznar ni el PP, por mucho que pretendan desviar hacia ahí la atención), lo han llevado hasta aquí dando conscientemente la espalda a la Transición y al Estado autonómico, al que ya dieron unilateralmente por liquidado hace tiempo.

Regreso al pasado e intolerancia

El gobierno Zapatero no reconoce ningún error, aunque tenga para ello que negar los hechos. El debate en el Congreso sobre la crisis del Alakrana fue elocuente al respecto, y no le importó a la vicepresidente De la Vega negar a la "menor" -contradecir a la ministra de defensa Chacón- con tal de que la "mayor" -ella- no quedara en entredicho. Ella se había hecho "responsable" de la gestión del asunto, pero no hay ninguna responsabilidad política que asumir, porque se había conseguido el objetivo: "misión cumplida".

Este pensamiento feliz no se corresponde con la auténtica situación del gobierno. La malhadada gestión de la crisis del Alakrana, y aunque la Armada no haya hecho nada, se ha convertido en un torpedo que le ha dado en toda la línea de flotación y el gobierno se halla con el agua al cuello. La reacción de los tripulantes y sus familias a su regreso, rehuyendo cualquier contacto con el gobierno, ha sido suficientemente elocuente, y el gobierno si tuviera vergüenza debiera estar abochornado. Pero no, la obispa laica es infalible y no se quita el solideo ni para dormir.

El gobierno que se precia de progresista, y que debiera considerar el futuro como un punto de fuga hacia delante, no ha hecho sino mirar hacia el pasado y además de forma "acelerada", lo cual es un síntoma evidente de la crisis que atraviesa el propio gobierno. Primero se le ocurrió organizar una fiesta mitín que reuniera a todas las viejas glorias del felipismo (Felipe González incluido) para arropar a Zapatero. La fiesta poco tuvo que ver con la tradición socialista, y en esa deriva glamourosa que tanto gusta al nuevo PSOE, no faltó ni la alfombra roja por la que desfilaron las estrellas antaño estrelladas. Otro motivo para el bochorno, pues si la idea era presentar a un partido unido en contraste con el PP (o para contrarrestar la buena imagen ofrecida por el PP en la última convención de Barcelona), poca gente se ha enterado.

Y en segundo lugar, en esa fuga trepidante hacia el pasado, ha tenido la ocurrencia de rescatar la memoria de los moriscos, ni más ni menos. Entre los numerosos problemas que nos afectan en el presente, el PSOE nos sensibiliza sobre la necesidad de «reparar» los daños ocasionados por la expulsión de los moriscos (1609) y de que se proceda para ello a un reconocimiento institucional de aquella comunidad, que fue víctima de la intolerancia religiosa. Al PSOE no le basta con avivar la memoria histórica de la guerra civil para identificar al PP con el franquismo, sino que trata de hacerle responsable y exponente de todos los males de la intolerancia que en la historia de España haya habido o pueda haber.

Curiosa manera de calentar el debate de la nueva ley del aborto, iniciado ayer en el Congreso, donde fueron rechazadas las distintas enmiendas a la totalidad. Intolerancia, la que demuestra el PSOE en este asunto, que no figuraba -hay que recordarlo de nuevo- en su programa electoral, y al que se opone, en los términos defendidos por el gobierno, no sólo la mayoria de la sociedad española, sino buena parte también de la opinión socialista. Empeñado en presentar el aborto como una cuestión ideológica, que fuerce la división y obligue al PP a presentar su faz más conservadora, el mismo Zapatero manifestaba ayer escasa racionalidad cuando se permitía ante los medios hablar simultáneamente de derechos fundamentales y tragedia con relación al aborto.

No puede existir ningún derecho fundamental que legitime la tragedia del aborto, ese es precisamente el quid de la cuestión, que la nueva ley pretende obviar en un ejercicio simultáneo de cinismo e intolerancia. El representante de ERC retrató muy bien los términos reales en que el gobierno de Zapatero, arropando a su ministra adolescente Aído, pretende situar el debate del aborto: "les corresponde a ustedes parar los pies a la derecha y poner a la Iglesia en el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI".

Ayer las ministras socialistas se abrazaban gozosas, sin que sea fácil saber qué celebraban, y sin que ninguna de ellas haya hecho nada porque la ley se preocupe realmente de apoyar a las mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado y no quieren abortar. No es ese el camino al futuro, cuando lo niega haciendo gala de enorme frivolidad y no menos intolerancia a tantas vidas humanas, pues un feto, nos guste o no, es vida humana.

Confusión total

Por fin, después de casi 50 días, la tripulación del atunero español "Alakrana" ha sido liberada por los piratas somalíes. Los marineros están sanos y salvos, que es lo que todos queríamos, por lo que no hay mucho más que hablar, dice el gobierno, que sigue estando confuso después de todo lo que ha pasado.

Lo que ha quedado claro es el pacifismo ramplón de Zapatero y su ministra de defensa, que se rasgan las vestiduras ante quienes solicitan la presencia de militares profesionales, y no simples mercenarios, en los buques españoles para protegerlos de los piratas.

El Ejército no está para velar por las actividades económicas del sector privado, dicen, para eso existe la seguridad privada. Pero el Estado si está para apoyar al sector automovislístico, por ejemplo, con ayudas directas. O para abrir y cerrar zanjas, a través de los ayuntamientos, para dar trabajo a los parados. Ahora va resultar que el ejército no tiene nada que ver con el Estado. Vaya confusión mental.

La opinión pública también está confundida y no sabe si se le ha dicho la verdad. El Gobierno dijo que sabía perfectamente donde estaban los tres tripulantes que fueron llevados a tierra por los piratas para introducir presión en la negociación. Ahora se ha sabido que no llegaron a abandonar el buque. Luego, el gobierno no sabía lo que decía.

También se ha dicho que la armada española disparó a los piratas después que éstos abandonaran el atunero, pero que no les dieron y que no pudieron evitar que se escaparan. Menudo papelón el que ha reservado el Gobierno al ejércto español. El patrón del Alakrana ha aclarado algunas cosas, en medio de tanta confusión. Ha dicho que no sabe si se ha pagado rescate (luego, se ha pagado, qué remedio). Ha dicho también que no sabe si se disparó a los piratas (luego, no hubo verdaderos disparos, la cosa no iba en serio, y no se hizo nada por intentar recuperar el rescate).

La confusión es total. Lo de menos ya es quien ordenó traer a España a los dos piratas detenidos en los momentos iniciales del secuestro, y el lío montado dentro del gobierno: De la Vega y Chacón, ellas sí, en pleno combate, ajustando viejas cuentas personales. Lo que no ha impedido que el gobierno haya hecho lo que tenía que hacer, y que haya obrado en todo momento dentro de la legalidad.

¿Ordenan las leyes pagar rescate o ceder al chantaje de grupos violentos, como sin duda son los piratas? No tan rápido, porque primero hay que discutir si forman o no "asociación ilícita". Y comprender que la piratería somalí es fruto de la ausencia de Estado y de cualquier otro tipo de instituciones en Somalia. Ya sólo falta decir que el pago del rescate es una ayuda al desarrollo (de las muchas que prodiga el gobierno español, aun en tiempos de crisis), aunque no esté dentro de los planes de los piratas reinvertir en el país.

Los piratas han hecho el negocio del siglo, y España el ridículo del año. Pedían inicialmente dos millones de dólares y al final se han llevado cuatro. Traer a España a los dos piratas ha salido por un pastón. A uno de ellos se le ha ocurrido decir que quiere comprar una mujer española y quedarse a vivir en España. No le va a dar para Pilar Rubio (visto lo que ha pagado Telecinco para hacerse con los servicios de la conocida presentadora), pero todo sea por la Alianza de Civilizaciones, siempre que la ministra Aído lo consienta.

Ante este follón el simplismo del Gobierno no admite dudas. O se está conmigo o contra mí. De nada ha servido a Rajoy su prudencia en los momentos delicados del secuestro (reconocida por Zapatero en el momento de anunciar la buena nueva de la liberación). Un día después hemos sabido que el PP estaba con los piratas. Hay que ver lo que da de sí la trama Gürtel.

20 años de libertad y 5 de extravío

A golpe de calendario, las fiestas, celebraciones y conmemoraciones profundizan en la búsqueda y el mantenimiento de la armonía colectiva; son procedimientos renovados que excitan la memoria y el reconocimiento de las raíces donde se asienta el porvenir. Tal es la función social de las conmemoraciones particularmente.

Esta semana hemos celebrado los 20 años de la Caída del Muro de Berlín, un suceso hasta cierto punto sorpresivo que varió repentinamente el curso de la historia o, de forma mucho más tangible, que cambió las vidas, el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa -por decirlo en los términos del historiador alemán Koselleck- de millones de personas.

La coincidencia de aquel acontecimiento con el bicentenario de la Revolución francesa forzó la comparación y la interpretación. La Caída del Muro, la Revolución de 1989, tuvo algo para el Este europeo de Nueva Toma de la Bastilla y puso en evidencia a la izquierda europea, que se había equivocado desde los años treinta y no había sabido apoyar a los movimientos de disidencia y oposición en esos países pensando que los cambios sobrevendrían allí en función de un auge del movimiento revolucionario en Occidente y del pacifismo y la distensión, y no en función de otras coordenadas.

Zapatero, que ha heredado buena parte de aquella desorientación, ha comparado la caída del Muro con la muerte de Franco. Todo un descubrimiento. Cuando ha sido él quien ha arruinado la cultura política de 1978 que construyeron, entre todos, los españoles a la salida de la dictadura. Zapatero presume de haber extendido derechos y libertades, pero en sus 5 años de desgobierno y extravío lo que ha conseguido, con mucha torpeza y no poca frivolidad, es resucitar la separación de las dos Españas.

En Europa celebran la reunificación de las dos Alemanias. En España jugamos a derribar el legado de la Transición. Tenemos tiempo y ganas hasta de hurgar en las tumbas de los muertos, les guste o no a los familiares, que desean que las víctimas descansen en paz, o que prefieren que no se conozca la verdad, porque el mito les favorece.

Este afán de abrir y cerrar zanjas resulta muy signaficativo de la crisis que vive España, económica, social, cultural y política. Mientras algunos festejan en Europa veinte años de libertad, otros llevan cinco de extravío. Nos encontramos como perdidos. ¿Dónde estamos? ¿Adonde vamos?

Deslealtad y cobardía

Se suponía que esta semana iba a ser decisiva en el PP, que era mucho suponer, pero al menos ha sido esclarecedora. La presión de Génova sobre Camps y Aguirre dio sus frutos, pues el primero reorganizó formalmente el partido, respetando los procedimientos, como la dirección nacional había solicitado, y la segunda renunció a sus pretensiones de situar a Ignacio González al frente de Caja Madrid, ofreciendo su apoyo a Rato, como quería Rajoy. Esperemos ahora que la presidenta no pretenda colocar a su segundo como consejero delegado de la entidad financiera.

Pero Aguirre tenía que dar la nota, y pretendió reventar el comité ejecutivo del PP, convocado por Rajoy con cierta solemnidad para tratar de la crisis interna, no asistiendo a él. Lo que consiguió fue hacer patente su soledad política y cargar de razón a Rajoy, desoyendo su ruego de que los asuntos internos se ventilen en los órganos internos y no en los medios de comunicación. Censura y exige que se reprima al hombre de confianza de Gallardón por sus excesos contra ella en la prensa, pero ella no se expresa sino en los medios, buscando el efecto mediático de sus gestos o palabras, rehuyendo cualquier explicación o debate político serio.

En el fondo, le cogió gusto a que la siguieran por la calle, micrófono en mano, como hacían los reporteros de Caiga quien caiga en la primera legislatura de Aznar, y fascinada por el poder de los medios ha querido sustituir la imagen de ministra atalondrada de entonces por la de femme terrible de ahora, pero el personaje no da para más. No solamente ha demostrado la deslealtad de su comportamiento con la dirección del partido en que milita, sino también cobardía política. Aguirre no fue a ese comité ejecutivo porque no se atrevió (como no se atrevió a presentar su candidatura alternativa en el congreso de Valencia frente a Rajoy), y ha acabado por fabricarse una imagen de dinamitera que hipoteca cualquier futuro personal suyo en el PP.

Resulta curioso escuchar en ciertos sectores que Rajoy está favoreciendo la destrucción del PP, como sucedió con UCD en tiempos de la Transición. Tal vez pretenden con ello que abandone el partido como hizo Suárez, pero ya sabemos como terminó aquello. El discurso de Rajoy y el mandato inequívoco que recibió del comité está dirigido a evitar precisamente que eso pueda repetirse. Aguirre ya únicamente puede emular a un Herrero de Miñón, si se quiere forzar la comparación con aquel tiempo, pero ni siquiera, porque Herrero tenía al menos una inteligencia política de la que carece Aguirre. Aguirre tendrá instinto de poder, que no siempre es bueno, y a veces da miedo (según ha manifestado Cobo); pero no ideas, como se ha vuelto a comprobar estos días.

Quien así no va a llegar al 2012 es Aguirre, no Rajoy. La advertencia hecha a propósito de las listas electorales (quien se comporte de manera desleal con el partido no repetirá en ellas), parece completamente lógica, visto lo visto. Resultó esperpéntico el coro de seguidores de ayer de Aguirre, alzando el ¡No te resignes!, cuando la atención general estaba pendiente de las nuevas noticias alarmantes que llegaban del pesquero Alakrana secuestrado por los piratas somalíes, y de la angustia que están viviendo las familias directamente afectadas, que no se resignan -ellas con razón- ante la situación que padecen. Estos son los problemas reales y las víctimas reales.

No se trata de silenciar a nadie ante los medios, como se ha querido interpretar de las propias palabras vertidas por Rajoy en el famoso comité, pero la ruidera que provocan intencionadamente algunas figuras presuntamente liberales, que obligan a fijarse si llevan zapatos altos o bajos, impide atender a asuntos tan inquietantes y comprometedores para la efectiva garantía de las libertades como el del controlador de escuchas Sitel en manos del ministerio de interior, aunque esa es otra historia. Cada cual que juzgue.