La actuación personal de Camps en la historia y en la esceneficación del caso Gürtel, no es la pieza principal de la tramoya montada. Lo que comenzó como una caza de montería, a instancias del juez Garzón, fue concretando sus objetivos y por eso los organizadores de la fiesta no están dispuestos ahora a cejar en el empeño, aunque se hayan dejado muchos pelos en la gatera, como le sucedió al superjuez, que -a raíz de una querella presentada por una asociación ciudadana- deberá responder ante el Supremo como imputado por un presunto delito de prevaricación por su actuación en el caso de la Memoria Histórica.
Existen dudas más que fundadas de la premeditación y alevosía con que han actuado demasiados actores en todo este montaje teatral. Si en la primera legislatura la estrategia de oposición de la oposición practicada por el gobierno de Zapatero tenía particular interés en que la audiencia identificara al PP con la herencia del franquismo, lo que justificaba su aislamiento (y la política de cordón sanitario promovida por los socialistas contra los populares), en la presente contienda -marcada por la crisis económica y la falta de coraje del gobierno para afrontarla convenientemente- la consigna establecida es presentar al PP como un partido corroído por la corrupción, y como tal invalidado como alternativa de gobierno. Por poco que a la opinión pública pueda parecer que haga el gobierno, este actúa con honestidad al servicio de los que más padecen, frente a una opocición sin escrúpulos que sólo pretende el asalto de las instituciones para utilizarlas, como siempre, con nulo sentido democrático y con fines personales, en beneficio de sus exclusivos intereses.
A esto se reduce la escena principal de la política española, en esto consiste el juego, y el archivo de la causa que implicaba a Camps no lo favorece. Por eso los promotores de este baile de máscaras tienen particular interés en alargarlo todo lo posible. La vicepresidenta De la Vega, tan contrariada por la noticia del sobreseimiento, como si le fuera algo propio en ello, tuvo la torpeza de quitarse la máscara antes de tiempo. Presume de abuelo represaliado por el franquismo (ocultando que luego fue rehabilitado y disfrutó de un alto cargo con el régimen), pero, incluso de viaje lejos de España, se adelantó a anunciar (vulnerando la lógica más elemental del funcionamiento democrático de las instituciones) el recurso del auto por parte de la Fiscalía Anticorrupción, antes de que lo hiciera el propio Ministerio público. La imagen del Fiscal General del Estado como simple correa de transmisión del gobierno se ha hecho más real que nunca (el mismo fiscal que se quejó amargamente, causando asombro general, de que la polícía obedecía ante la órdenes de Garzón en relación con el caso Gürtel, que las suyas con respecto a la trama de ETA).
Una representación teatral no deja de ser una obra colectiva, que actúa en equipo, donde las interpretaciones de unos actores se sincronizan con las de otras personas, para que la interpretación sea satisfactoria a los ojos de nuestra audiencia, audiencia que también es un equipo. Pero la representación se hunde si los actores no se atienen al papel que se les ha encomendado en la función. De esta manera, cuando ninguno de los actores que interaccionan en la vida política se limita a desempeñar su verdadero papel, en el sentido de Gofmann, la democracia entera se resiente.
No es irrelevante ni puede parecer "natural" que un sumario secreto se filtre sistemáticamente a un periódico afín al gobierno, con todo lo que ello supone para las personas implicadas, sin que el gobierno haga nada por investigar y detener esas filtraciones, ni para aparentar siquiera que lo hace, como cabría esperar en cualquier caso que hiciese. Hay que decir, una vez más, que resulta inquietante que los medios de comunicación (sean públicos o privados) se conviertan en extensiones o satélites de los partidos, o que pretendan ejercer la propia función judicial, o que unos y otros pretendan utilizar o controlar los tribunales con fines políticos, pretendiendo alcanzar en ellos lo que no consiguen en la lid democrática. El tribunal de la opinión pública siempre ha existido en la democracia liberal, con efectos políticos, y a nadie sorprende que ese juicio pueda transcurrir en ocasiones en paralelo al proceso judicial, pero sin confundir las instancias, ni los procedimientos, ni las fuentes documentales.
El periódico El País ha manejado información policial o judicial como si fuera propia o resultado de un periodismo de investigación, administrando los tiempos al ritmo de los intereses políticos del PSOE o del gobierno. Se muestra complaciente o airado, y alaba o cuestiona las decisiones de los tribunales (no ya de un juez), legitimando o deslegitimándoles, cuando sus decisiones coinciden o se alejan de su propio juicio (político no ya intelectual o periodístico). "El Tribunal valenciano salva a Camps del juicio por cohecho", titulaba hace unos días, dando por sentado el amiguismo del tribunal y la comisión del delito, porque así lo había juzgado y sentenciado ya el periódico.
Tampoco pasa desapercibido la acumulación de papeles que realiza De la Vega en esta ceremonia de la confusión institucional. Erigida en portavoz de la oposición de la oposición, que no se inmuta cuando dedica en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros más tiempo en criticar a la oposición que en informar de la labor y las decisiones del gobierno; obispa laica que condena el código de conducta del PP y determina los nuevos valores de la moral colectiva; magistrada sin oficio que pretende controlar la composición y actuación de los más altos tribunales o instancias judiciales (con broncas incluidas, como la que llegó a propinar en público a la presidenta del Tribunal Constitucional), como si de subsecretarios de estado se trataran; valenciana empadronada en tierra de nadie y sin respaldo de nadie cuando se presenta a las elecciones en su tierra, lo que aprovecha para impartir lecciones de patriotismo; demasiadas evidencias recaen sobre la vicepresidenta para que pretenda ocultarlas con su cínico juego de máscaras. Si Garzón se verá las caras ante el Supremo, Camps también.
En la guerra como en la guerra, pues por mucho que quieran figurar de pacificistas ante la audiencia, la política es concebida cada vez más por el PSOE desde las viejas reglas y tácticas militares. Aunque lo disfracen y hagan aparecer como crispación. Y se responsabilice de ella al enemigo.
No es irrelevante ni puede parecer "natural" que un sumario secreto se filtre sistemáticamente a un periódico afín al gobierno, con todo lo que ello supone para las personas implicadas, sin que el gobierno haga nada por investigar y detener esas filtraciones, ni para aparentar siquiera que lo hace, como cabría esperar en cualquier caso que hiciese. Hay que decir, una vez más, que resulta inquietante que los medios de comunicación (sean públicos o privados) se conviertan en extensiones o satélites de los partidos, o que pretendan ejercer la propia función judicial, o que unos y otros pretendan utilizar o controlar los tribunales con fines políticos, pretendiendo alcanzar en ellos lo que no consiguen en la lid democrática. El tribunal de la opinión pública siempre ha existido en la democracia liberal, con efectos políticos, y a nadie sorprende que ese juicio pueda transcurrir en ocasiones en paralelo al proceso judicial, pero sin confundir las instancias, ni los procedimientos, ni las fuentes documentales.
El periódico El País ha manejado información policial o judicial como si fuera propia o resultado de un periodismo de investigación, administrando los tiempos al ritmo de los intereses políticos del PSOE o del gobierno. Se muestra complaciente o airado, y alaba o cuestiona las decisiones de los tribunales (no ya de un juez), legitimando o deslegitimándoles, cuando sus decisiones coinciden o se alejan de su propio juicio (político no ya intelectual o periodístico). "El Tribunal valenciano salva a Camps del juicio por cohecho", titulaba hace unos días, dando por sentado el amiguismo del tribunal y la comisión del delito, porque así lo había juzgado y sentenciado ya el periódico.
Tampoco pasa desapercibido la acumulación de papeles que realiza De la Vega en esta ceremonia de la confusión institucional. Erigida en portavoz de la oposición de la oposición, que no se inmuta cuando dedica en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros más tiempo en criticar a la oposición que en informar de la labor y las decisiones del gobierno; obispa laica que condena el código de conducta del PP y determina los nuevos valores de la moral colectiva; magistrada sin oficio que pretende controlar la composición y actuación de los más altos tribunales o instancias judiciales (con broncas incluidas, como la que llegó a propinar en público a la presidenta del Tribunal Constitucional), como si de subsecretarios de estado se trataran; valenciana empadronada en tierra de nadie y sin respaldo de nadie cuando se presenta a las elecciones en su tierra, lo que aprovecha para impartir lecciones de patriotismo; demasiadas evidencias recaen sobre la vicepresidenta para que pretenda ocultarlas con su cínico juego de máscaras. Si Garzón se verá las caras ante el Supremo, Camps también.
En la guerra como en la guerra, pues por mucho que quieran figurar de pacificistas ante la audiencia, la política es concebida cada vez más por el PSOE desde las viejas reglas y tácticas militares. Aunque lo disfracen y hagan aparecer como crispación. Y se responsabilice de ella al enemigo.
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