Desorden institucional (II)

El País es un gran periódico, pues sabe como pocos modular los estados de ánimo colectivos. Durante la Transición comenzó a proclamar a partir de 1980 la idea del "desencanto" (la política española había entrado en una fase de desencanto, que hacía inevitable a la postre el relevo en el poder de Adolfo Suárez por los socialistas), y posteriormente ha jugado muchas veces con el tema de la "crispación", como lo ha vuelto a hacer en fechas recientes. El País, en los últimos meses, con ocasión del caso Gürtel particularmente, ha jugado a la crispación publicando materiales judiciales sujetos a secreto de sumario o provenientes de fuentes policiales que ni siquiera figuran en ningún sumario. Se ha dejado querer por sus informantes. Ha disfrutado a placer con la dosificación de la información "prohibida", valorando las reacciones, midiendo su impacto político. No ha dudado en exagerar los argumentos entrando directamente en el combate político.

El País ha jugado a la crispación, formando parte del juego político del gobierno y los socialistas contra la oposición representada por el PP, y ha acusado con cierto fariseísmo a la secretaria general del PP, Cospedal, de "prender la mecha de la crispación" por denunciar ante la opinión pública la "persecución" que sufre la oposición por parte del gobierno, valiéndose éste para ello de los propios instrumentos del estado (Fiscalía, policía). Los populares tendrían constancia de "escuchas ilegales" practicadas a sus dirigentes, propias de un "estado policial". Las publicaciones aparecidas en ciertos medios (en El País fundamentalmente) así vendrían a demostrarlo. Ante semejantes palabras, sin duda mayores, El País sirvió el escándalo con palabrería de no menor calibre, reprochando a la oposición que acudiera de nuevo a la teoría de la conspiración como ya hizo sobre el 11-M. En un duro editorial (9-08) exigía pruebas o dimisión de los líderes del PP que habían sustentado esas gravísimas acusaciones.

Resulta sospechosa, si no fuera obsesiva, la continua actitud de este periódico en reclamar el abandono de la política de destacados dirigentes del PP (Cospedal, Camps), hurtando de esta manera la verdadera confrontación democrática (en donde deben labrarse las verdaderas victorias y derrotas políticas), por mucho que El País se envuelva en la bandera de las instituciones a la hora de justificar sus peticiones. Es la misma sensación de impotencia y juego sucio que manifiesta el PSOE, como si confiara en conquistar o reconquistar políticamente algunos feudos por estos medios (enterrando vivo al adversario) antes que por la derrota directa en las urnas del oponente. Y es el mismo discurso de Zapatero, exigiendo mesura y responsabilidad al PP en sus declaraciones, al mismo tiempo que garantiza como presidente (en una manifestación más de su pensamiento mágico) el "correcto funcionamiento" del estado de derecho y de las instituciones.

El tópico, a base de repetirse, no se hace verdad. En España no funcionan correctamente las instituciones, es una lástima tener que decirlo así. Resultaría penoso, si fuera cierto, que el PP estuviese lanzado a una estrategia de descrédito de las instituciones. Para algunos son las acusaciones de espionaje sin pruebas las que amenazan con una quiebra institucional. Cuando, para comenzar, esa "acusación" no sólo es creíble sino, por triste que sea, bastante plausible a la luz de experiencias inmediatas o relativamente cercanas practicadas por unos u otros. El País ha explotado periodísticamente el caso de espionaje político en la comunidad de Madrid (que deja en entredicho a Esperanza Aguirre) y Rajoy ha recordado en estos días el escándalo de las escuchas ilegales del CESID (hoy CNI) bajo un gobierno de Felipe González, que acabó con la dimisión del entonces vicepresidente Narcis Serra. Alguna evidencia, susceptible de ser presentada en su momento ante un juzgado, deben tener los actuales responsables del PP para haber entrado a este juego con tantas ganas, más allá del afán que tengan de refrescar la memoria a Rubalcaba, quien tacha el asunto de infamia, y de las expectativas electorales que estimen pueda reportarles esta imagen de "persecución".

Allá ellos con sus divertimentos, pero no es éste el quid de la cuestión (por deplorable que sea la judicialización de la política, previa politización de la justicia, y de los medios, lo que contribuye a un general desorden y confusión institucional, presente en todo juego de máscaras), como ha podido verse de hecho en estos últimos días con el "giro" dado por El País. De tanta crispación provocada, de tanta crispación combatida, El País mismo ha acabado crispándose. La paradoja es que se ha vuelto contra el gobierno, a cuyos intereses servía en todo este asunto de la crispación. El fútbol levanta pasiones; y la guerra de los derechos televisivos del fútbol, todo un mar de crispación política; al menos en el capitalismo de izquierda, al que también afecta la crisis económica. El decreto de la TDT de pago, aprobado por vía de urgencia, después del fracaso de la fusión de las dos cadenas más afines al socialismo (Cuatro y la Sexta), ha encendido al grupo Prisa y el incendio puede tener graves consecuencias para el socialismo gobernante.

El antiguo soporte del felipismo, que nunca ha ocultado sus diferencias con el zapaterismo, ha roto el discurso del presidente sobre la bondad de nuestro estado de derecho y de nuestras instituciones y ha acusado directamente a Zapatero de practicar el más rancio clientelismo, además de dar pruebas de intervencionismo, propio de una república bananera, para doblegar a los medios "independientes". Juan Luis Cebrián ha ido más lejos y ha afirmado que ese decreto es un abuso que contradice abiertamente el talante democrático que pregona el gobierno. Un reportaje del periódico abundaba por demás en la enorme confusión que esa medida había generado en el mercado. O lo que es lo mismo, El País ha reconocido que en España con Zapatero no funcionan correctamente las instituciones. Esta es la razón de fondo que conduce a su descrédito y a la amenaza de quiebra institucional, que tanto preocupa a El País y en el país.