Ley del aborto: hazaña y apatía

El pasado dia 3 de marzo se promulgó en España la nueva ley del aborto bajo el enigmático título de ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Demasiada proposición copulativa, pero al final esa es la única coherencia de la ley, que todo tiene que ver con la cópula. ¿Pero qué tendrá que ver el "desarrollo de la sexualidad" con el aborto, sobre todo si lo vinculamos a la "dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad"? Cuesta decirlo y entenderlo, pero la gran hazaña de la libertad que ha materializado la ministra niña Aído es convertir el aborto en un método anticonceptivo más. No hay más que leer el inicio del preámbulo de la ley para darse cuenta:

"El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información".

Nadie con un mínimo sentido común y/o moral puede considerar que éste sea un gran día para la historia de España, como alguno/a se ha atrevido a decir. Más bien esta hazaña de unos pocos y la apatía de muchos más sugiere lo contrario. Tampoco creo que sea un gran día para las mujeres, ese nuevo sujeto colectivo abstracto, dotado de un pensamiento y voluntad común, que la ideología de género ha inventado. Nadie duda que "embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos". Pero eso no justifica la pendiente por la que se arroja la ley. Partiendo de la invocación de los "derechos de la mujeres" en relación con la "protección de la la salud sexual y reproductiva", el texto considera la interrupción voluntaria del embarazo como un "derecho asociado" a dicha salud sexual y reproductiva, tomada ésta de manera "integral", y acaba proclamando el aborto como un "derecho fundamental", lo que sin duda constituye un auténtico atentado contra toda la tradición jurídico-política occidental de los derechos y libertades.

"En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de opciones que la Constitución deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. La experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance del reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres tanto en el ámbito público como en su vida privada, así como la tendencia normativa imperante en los países de nuestro entorno, abogan por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas tanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz protección de la vida prenatal como bien jurídico"

El preámbulo de la ley denota un enorme cinismo. Invoca falazmente el "consenso de la comunidad internacional" en esta materia posiblemente para obviar que al gobierno español no le ha interesado ni se ha preocupado por obtener el necesario consenso interno. Esta ley no traduce los "valores dominantes" ni responde a las "necesidades" de la sociedad española del momento. Hasta dentro de las filas socialistas se ha vuelto a recordar que no figuraba en el último programa electoral del PSOE. Sencillamente, y antes que cualquier otra consideración de carácter científico o moral, es claro que no se puede legislar sobre tan grave materia sin que haya un fuerte consenso social al respecto (al menos el mismo que suscitó la anterior ley). El gobierno de Zapatero lo ha hecho, sin importarle lo más mínimo este aspecto de la cuestión, desde la convicción de que la derecha, cuando regrese al poder, no se atreverá a derogar la ley. Como si fuera una ley no escrita de la democracia que la izquierda puede revocar sin complejos cualquier ley promovida por un gobierno anterior, y el centro-derecha no. Esta falta de consenso es motivo suficiente para modificar la ley en un futuro.

El texto enfatiza que el espíritu de la nueva regulación del aborto es garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la "vida prenatal". Pero la verdad es que la ley apenas se ocupa de ese objeto vivo, ni se atreve a reconocerle en ningún momento como sujeto del más elemental derecho: el derecho a la vida. La ley, y se reclama socialista, es ciega también a la hora de identificar al más debil y desfavorecido: "la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella". El legislador no es neutral. Contempla, por una parte, que se deba informar a la mujer de las consecuencias del aborto, e "impone condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer". Por otro, reconoce finalmente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la realización del aborto, que deberá "manifestarse anticipadamente y por escrito". La presión hacia éstos se mantiene anunciando que ese derecho de objeción "será articulado en un desarrollo futuro de la Ley". Ninguna mujer irá a la cárcel en España por abortar (no sucede de hecho), pero que tengan cuidado los profesionales de la salud que en adelante se nieguen a practicar el aborto, no vayan a sufrir diversos tipos de aislamiento.

Escasa respuesta ha tenido la política del aborto del gobierno y la materialización de la nueva ley. Un manifiesto de tres decanos de una universidad católica salpicando unas grandilocuentes y vacuas consideraciones filosóficas junto al anuncio de que no enseñarán a practicar el aborto en sus aulas (para tranquilidad de los padres, no vaya a ser que dejen de enviarles a sus hijos); una dimisión de un concejal socialista; y unas cuantas manifestaciones pro-vida como ritual obligado de la discrpancia antes del aquietamiento final, parecen un triste balance. La conferencia espicopal merece un capítulo aparte y no se sabe bien en qué consiste su juego de anatemas propuesto. Junto a los textos de las canciones de misa, acabarán proyectando en las parroquias las fotos de los diputados que han votado la ley, como si de comisarías se tratara, para que todos los fieles ayuden a detener a cualquiera que pretenda recibir la comunión. Eso sí, salvando a su graciosa Majestad, no vaya a perder el Trono, y ellos el Altar.

Aquí todo el mundo tiene la conciencia tranquila, de Bono al último mono. Aquí nadie se ha puesto verdaderamente a pensar, ni puede decirse que haya existido realmente un debate serio. No se ha hecho nada por fabricar un consenso, ni ha habido reacción siquiera dentro de la sociedad civil ante el atrevimiento del gobierno de revistir de hazaña una verdad desnuda que merece cualquier otro calificativo menos ese. Esta general apatía es lo más preocupante. De aquí a la eutanasia como derecho individual y/o social, y hasta como rito civil de la extremaunción, no queda nada.