El aborto no es una cuestión retórica ni simplemente ideológica, sino un drama personal y social, capaz de provocar una crisis política, como se ha visto esta semana. El asunto, tal y como se ha desarrollado en España en los últimos cinco años, resulta paradójico. El PSOE se empeñó en reformar la ley del aborto, sin que ello figurara en su programa electoral, pasando de la ‘despenalización’ del aborto en determinados supuestos a su reconocimiento como ‘derecho’ en una ley de plazos. El PP, que sí llevaba ese punto en su programa de 2011, ha renunciado finalmente a su proyecto de reforma de la ley Aído. El PSOE de Zapatero levantó la bandera de la liberación de la mujer invocando el ‘derecho a decidir’ sobre su propio cuerpo; la Conferencia episcopal no tuvo entonces mejor ocurrencia que apelar al lince ibérico en peligro de extinción; y el PP no sabe ahora qué decir a sus propios votantes. Es toda una muestra de un debate cerrado en falso.
Porque más que debate, ha habido cálculo, ideológico y electoral sobre todo. Lo tuvo el PSOE, pensando en las elecciones europeas y generales, y lo tiene el PP con la mirada puesta en las inmediatas municipales. No hay interés por debatir, ni desde el punto de vista sociológico, ni científico, ni moral la cuestión del aborto, aunque menudeen los planteamientos demagógicos, simplistas o frívolos. El aborto no es lo que permite disfrutar de la sexualidad de forma segura, ni puede convertirse en un método anticonceptivo más. La clave no está en que ninguna mujer que aborte tenga que ir a la cárcel, o deba ser torturada a costa de una política integrista o conservadora sobre la materia. Por lo mismo, cabría preguntarse cómo en nombre de la igualdad se puede prescindir de los débiles y los más desprotegidos, que en este caso son evidentemente los no nacidos y las mujeres que quisieran verse no forzadas a abortar. Se impone menos ideología y más antropología.
El gobierno se ha adelantado a decir que revisará lo concerniente a que una menor de 16 años pueda abortar al margen de los padres. Pero no es lo único que ha suscitado dudas o rechazo de la actual ley. Convertir el aborto en un “derecho fundamental”, como hace el preámbulo, contraviene toda la tradición jurídico-política occidental de los derechos y libertades, de la que supuestamente un partido liberal es garante. El ejercicio de un derecho es siempre una realidad gozosa, lo que en ningún caso se da en el aborto. Difícilmente se puede entender la permisividad hacia el aborto como un triunfo de la libertad. El aborto es siempre un acto cruel. Trasladar al aborto el lenguaje de los derechos supone banalizar tanto la vida del no nacido –ni cosa, ni bicho, sino vida humana– como el duelo de la conciencia, por mucho que esa doble presencia incomode al feminismo radical.
La regeneración política y democrática, de la que todos hablan, debe responder a una política de principios y de valores, no a razones de conveniencia. En ese sentido, la dimisión del ministro Gallardón es ejemplar. El Gobierno de Rajoy ha presentado la retirada de la reforma del aborto como un acto de concordia en busca del necesario consenso. Un consenso que en ningún momento buscó ni importó al anterior gobierno socialista, y al que tampoco parece dispuesto la actual oposición cuando, lejos de contentarse con el paso atrás dado por el PP, insiste en que no se toque ni una coma de la norma actual y en la retirada también del recurso pendiente ante el Tribunal Constitucional. Desde ese complejo de superioridad moral de la izquierda, no menos intolerante y avasallador que el supuesto dogmatismo católico que todavía anida en la derecha española, es ciertamente complicado fabricar un consenso.
La pelota está en el tejado del alto tribunal, a no ser que el PP decida también retirar ese recurso, haciendo buena la ley no escrita según la cual la izquierda puede revocar sin complejos cualquier ley promovida por un gobierno anterior, y el centro-derecha no. El aborto no puede reducirse a una simple prestación sanitaria más. Ha de ser posible el diálogo y llegar con realismo político a un terreno común que favorezca la reducción de abortos y la regulación de la objeción de conciencia. Es necesario pararse verdaderamente a pensar en la realidad y en las consecuencias del aborto, conscientes de la gravedad de la materia. La que llevó sin éxito a un socialista como Rodríguez Ibarra a reclamar, en la anterior legislatura, un auténtico debate sobre la cuestión en los órganos internos de su partido antes de tramitar la reforma de la ley, y que se sometiese luego a referéndum. Se puede retomar la idea, ahora que a todos gusta convocarlos.
Publicado en Diario de Navarra, 30 de septiembre de 2014
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