Judicialización de la política

En tiempos de crisis la fauna política se manifiesta en todo su esplendor, y es más fácil identificar a algunas especies que pasan más desapercibidas en otros entornos, como sucede con los narcisos, pusilánimes y roedores. Estos tipos particulares son señalados por otros o sobresalen por méritos propios cuando la crisis se torna sistémica y se entra en un proceso de judicialización de la política, en que el instinto de supervivencia de unos conduce a la criminalización de otros o pretende beneficiarse de ella, impidiéndose así un verdadero movimiento de regeneración democrática.

La veda judicial abierta contra banqueros y políticos ha despertado al bestiario español. Los narcisos se revuelven contra todo lo que pueda empañar su imagen autocomplaciente tan trabajosamente labrada para la historia. Es el caso del expresidente Aznar que para no quedar equiparado por la Gürtel al Felipe González de Filesa, arremete como distracción contra la política actual de Rajoy, a quien acusa públicamente de pusilánime, amenazando con volver, para regocijo del sector más roedor del PP, mientras Rajoy –con la aparente tranquilidad de que la investigación judicial le dejará incólume a él y a su gobierno– se dedica en la intimidad a muñir acuerdos más amplios y su gestión comienza a dar los primeros frutos contra la crisis.

Es necesario perseguir el delito, pero es discutible que los partidos acudan a los tribunales para dirimir litigios políticos. Asimismo, la ejemplaridad de las asociaciones ciudadanas debe medirse por la elevación del nivel de participación y de exigencia de civilidad en el espacio público, y no tanto por el número de veces que ejerzan como acusación particular. La judicialización de la política genera actitudes defensivas en las élites partidistas, a la postre perjudiciales para la transformación de los elementos perniciosos del sistema que generan rechazo en la ciudadanía.

El problema de la judicialización de la política no cuestiona la independencia de los magistrados –necesaria porque la justicia no es una ciencia exacta ni ningún juez o jueza tiene el don de la infabilidad–, sino los efectos perturbadores de la utilización de los procesos judiciales como baza política para conseguir lo que no se es capaz de alcanzar por las vías ordinarias de la política. Esa judicialización impide el cambio real y profundo de la política desde dentro porque asienta la idea de que sólo debe reformarse lo que resulte afectado judicialmente, sin tocar el resto, aunque pueda repugnar desde otros considerandos. Se confunden los parámetros de evaluación y control (judicial, social, político, moral) y se impide entonces la verdadera regeneración.

A efectos de escándalo social, y por tanto de lo política y moralmente reprobable, tanto monta, monta tanto en Navarra las triples dietas de la Permanente como de la JEF dentro de la CAN. En la política navarra –a derecha e izquierda, y entre las filas nacionalistas– no faltan pequeños complejos narcisistas ni grandes voluntades roedoras que coinciden en su pretensión de alterar los roles o los tiempos políticos. A la presidenta del gobierno se le podrá acusar de todo, como de hecho se hace, pero no de espíritu pusilánime. Existe una duda razonable de que las presiones y resistencias habidas y existentes dentro y fuera de su partido contra Barcina, esconden el deseo de que nada cambie. La contrapropuesta socialista respecto a la nueva Fundación CAN o la reacción ante el nuevo escándalo de las dietas del Ayuntamiento de Pamplona son sólo una pequeña muestra.

La regeneración de la política no puede confiarse a los tribunales ni tampoco realizarse al margen de los políticos, por comprensible que sea el hartazgo social que producen. El político tiene una peculiar capacidad de reinventarse a sí mismo. Más que una renovación de líderes, lo que se precisan hoy son líderes renovadores capaces de enfrentarse en primer lugar a los propios demonios internos de los partidos, de actualizar los discursos y de preparar una nueva generación de dirigentes. Algunos han dado muestras recientemente de querer hacerlo, y todos los demás partidos deberían impulsar ese cambio con independencia de las suertes judiciales.

La judicialización de la política –la expectativa de conseguir por ese medio un beneficio político inmediato– favorece la contraposición de simples liderazgos frente a la coherencia interna de las ideas o las prácticas, y estimula finalmente la política roedora: el aguijoneo gratuito, las intrigas, los agitadores de ánimo, las males artes, las traiciones vergonzosas. Es un obstáculo para impulsar reformas y llegar a construir acuerdos, que es lo que más se precisa en estos momentos. No es mala cosa que el caso de las dietas de la CAN vaya al Supremo y se aleje así un poco del ruedo político y mediático navarro. Demos a los tribunales de justicia lo que es de la justicia, y a la política lo que es de la política.

Publicado en Diario de Navarra, 21 de junio de 2013