En tiempos de crisis la fauna política se
manifiesta en todo su esplendor, y es más fácil identificar a algunas especies
que pasan más desapercibidas en otros entornos, como sucede con los narcisos,
pusilánimes y roedores. Estos tipos particulares son señalados por otros o sobresalen
por méritos propios cuando la crisis se torna sistémica y se entra en un
proceso de judicialización de la política, en que el instinto de supervivencia
de unos conduce a la criminalización de otros o pretende beneficiarse de ella,
impidiéndose así un verdadero movimiento de regeneración democrática.
La veda judicial abierta contra banqueros
y políticos ha despertado al bestiario español. Los narcisos se revuelven
contra todo lo que pueda empañar su imagen autocomplaciente tan trabajosamente
labrada para la historia. Es el caso del expresidente Aznar que para no quedar
equiparado por la Gürtel al Felipe González de Filesa, arremete como
distracción contra la política actual de Rajoy, a quien acusa públicamente de
pusilánime, amenazando con volver, para regocijo del sector más roedor del PP,
mientras Rajoy –con la aparente tranquilidad de que la investigación judicial le
dejará incólume a él y a su gobierno– se dedica en la intimidad a muñir
acuerdos más amplios y su gestión comienza a dar los primeros frutos contra la
crisis.
Es necesario perseguir el delito, pero es
discutible que los partidos acudan a los tribunales para dirimir litigios
políticos. Asimismo, la ejemplaridad de las asociaciones ciudadanas debe
medirse por la elevación del nivel de participación y de exigencia de civilidad
en el espacio público, y no tanto por el número de veces que ejerzan como
acusación particular. La judicialización de la política genera actitudes
defensivas en las élites partidistas, a la postre perjudiciales para la
transformación de los elementos perniciosos del sistema que generan rechazo en
la ciudadanía.
El problema de la judicialización de la
política no cuestiona la independencia de los magistrados –necesaria porque la
justicia no es una ciencia exacta ni ningún juez o jueza tiene el don de la
infabilidad–, sino los efectos perturbadores de la utilización de los procesos
judiciales como baza política para conseguir lo que no se es capaz de alcanzar
por las vías ordinarias de la política. Esa judicialización impide el cambio
real y profundo de la política desde dentro porque asienta la idea de que sólo
debe reformarse lo que resulte afectado judicialmente, sin tocar el resto,
aunque pueda repugnar desde otros considerandos. Se confunden los parámetros de
evaluación y control (judicial, social, político, moral) y se impide entonces
la verdadera regeneración.
A efectos de escándalo social, y por tanto de lo política
y moralmente reprobable, tanto monta, monta tanto en Navarra las triples dietas
de la Permanente como de la JEF dentro de la CAN. En la política navarra –a
derecha e izquierda, y entre las filas nacionalistas– no faltan pequeños
complejos narcisistas ni grandes voluntades roedoras que coinciden en su pretensión
de alterar los roles o los tiempos políticos. A la presidenta del gobierno se
le podrá acusar de todo, como de hecho se hace, pero no de espíritu pusilánime.
Existe una duda razonable de que las presiones y resistencias habidas y
existentes dentro y fuera de su partido contra Barcina, esconden el deseo de
que nada cambie. La contrapropuesta socialista respecto a la nueva Fundación
CAN o la reacción ante el nuevo escándalo de las dietas del Ayuntamiento de
Pamplona son sólo una pequeña muestra.
La regeneración de la política no puede
confiarse a los tribunales ni tampoco realizarse al margen de los políticos, por
comprensible que sea el hartazgo social que producen. El político tiene una
peculiar capacidad de reinventarse a sí mismo. Más que una renovación de
líderes, lo que se precisan hoy son líderes renovadores capaces de enfrentarse
en primer lugar a los propios demonios internos de los partidos, de actualizar
los discursos y de preparar una nueva generación de dirigentes. Algunos han
dado muestras recientemente de querer hacerlo, y todos los demás partidos
deberían impulsar ese cambio con independencia de las suertes judiciales.
La judicialización de la política –la expectativa
de conseguir por ese medio un beneficio político inmediato– favorece la
contraposición de simples liderazgos frente a la coherencia interna de las
ideas o las prácticas, y estimula finalmente la política roedora: el aguijoneo
gratuito, las intrigas, los agitadores de ánimo, las males artes, las
traiciones vergonzosas. Es un obstáculo para impulsar reformas y llegar a
construir acuerdos, que es lo que más se precisa en estos momentos. No es mala
cosa que el caso de las dietas de la CAN vaya al Supremo y se aleje así un poco
del ruedo político y mediático navarro. Demos a los tribunales de justicia lo
que es de la justicia, y a la política lo que es de la política.
Publicado en Diario de Navarra, 21 de junio de 2013
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