La paradoja del 1-O

Radicalización inducida

Los fenómenos de radicalización inducida no son nuevos en la historia de España. Forman parte de la experiencia revolucionaria y no son sino una particular forma de comunicación entre las élites y el pueblo. Sobre ello reflexionó Julián Marías desde el lenguaje de la física: la carga eléctrica exterior electriza el interior, sin necesidad de que se hayan producido cambios internos espontáneos. Las posturas se tensan y la dialéctica de mutuas exclusiones se abre paso frente a cualquier apuesta por la moderación, el entendimiento o el diálogo. Las lealtades se cuartean y lo que hasta entonces se tenía como positivo y beneficioso se muta repentinamente en sospechoso o nocivo, malográndose la concordia y el consenso mismo acerca de la autoridad y lo que es legítimo.

Es lo que sucede en Cataluña. Apelar a un conflicto de larga duración con España para entender lo que estamos viviendo no tiene mucho sentido. ¿Desde cuándo data ese conflicto? ¿Desde los proyectos del conde-duque de Olivares y la sublevación de 1640? ¿Desde la Guerra de Sucesión de 1714 convertida en ‘guerra de secesión’ por la propaganda nacionalista de 2014? ¿Será desde el bombardeo de Barcelona por el denominado ‘general del pueblo’, Espartero, que acabó así en 1842 con la insurrección de los sectores populares más radicales de la ciudad, paradójicamente aliados con los grandes intereses económicos de la primitiva burguesía industrial catalana?

Podemos evocar igualmente a los ‘jóvenes bárbaros’ del discurso populista del primer Lerroux, yendo de la mano de los anarquistas en la Semana Trágica de 1909, el mismo dirigente republicano que reprimirá a las bravas desde el Gobierno la rebelión catalana de 1934 (la tercera intentona fallida en la breve experiencia republicana española, después de los amagos de 1873 y 1931). La actitud de Companys proclamando el Estado catalán dentro de una inexistente República federal española decepcionó profundamente a Azaña, el gran valedor del autogobierno catalán en 1932 y acusado injustamente ahora por Lerroux de haber instigado el pronunciamiento catalán.

Conflictos, en plural, han existido, existen y continuarán existiendo. Pero la cuestión más pertinente quizá para abordar el momento actual no es tanto preguntarse por el conflicto sino por la razón de la misteriosa transmutación de una burguesía catalana que fue complaciente con el franquismo después de 1939, en una clase dirigente connivente y hasta comprometida con el separatismo, todo en el horizonte temporal de un simple reemplazo generacional. Se puede apelar a Zapatero que en su pretensión de sellar una alianza estable con el nacionalismo impulsó y luego recortó el nuevo Estatut, nacido sin verdadera demanda social. O apuntar a Rajoy y su cruzada contra Cataluña en el TC para cosechar más votos en el resto de España. Pero no son razones suficientes.

No es fácil separar, sin embargo, la crisis del pujolismo y su sistema corrupto, cuestionado por la propia izquierda nacionalista catalana, del ‘procés’ de radicalización inducida que hemos sufrido. Los herederos de la vieja CiU, jaleados por esa izquierda, han querido aprovechar la supuesta debilidad de España en el contexto mayor de la crisis abierta en 2008 para ocultar la verdadera naturaleza y su propia responsabilidad en la particular crisis catalana. Han electrizado a la sociedad catalana polarizándola al extremo. Han atentado contra la Constitución y el Estatuto –de donde procede el poder que pretenden ejercer soberanamente– creando un vacío que sólo puede ser llenado por el radicalismo. El imaginario independentista se alza contra el absolutismo español buscando la efervescencia revolucionaria en una estrategia de desbordamiento del poder. 

Pero las actuales instituciones políticas españolas no son las del Antiguo Régimen ni las correspondientes a la dictadura franquista, aunque se fuerce esa comparación con el gobierno de Rajoy. Al margen de la parafernalia del referéndum y de la ‘desconexión’ con España, es evidente que la alianza del nacionalismo con la izquierda radical –la CUP pero también Podemos– busca hacer tabla rasa del edificio de 1978, el denostado Régimen otra vez, a cuya instauración tanto contribuyó el antaño nacionalismo moderado catalán, no tanto el vasco. El paisaje después de la batalla del 1-O sólo puede ser de desolación.

La reconstrucción exige diálogo con el nacionalismo, aunque para entenderse hay que saber qué lenguaje estamos hablando y qué se quiere decir cuando se dice lo que se dice. El ‘nuevo PSOE’ ha reintroducido con considerable confusión el debate de la plurinacionalidad, como quien acaba de llegar y se ha perdido el hilo anterior de la conservación. Desde la Declaración de Barcelona de 1998 el nacionalismo ha dado por liquidado el Estado autonómico y habla de un Estado plurinacional como sinónimo de Estado confederal, algo incompatible con los artículos 1 y 2 de la actual Constitución. ¿Ese es el nuevo punto de partida para la solución del ‘problema territorial’ en la Comisión que se pretende crear, o seguimos hablando por hablar?

Publicado en Diario de Navarra, 27 de septiembre de 2017

Política y confusión

La política española se ha vuelto interesante, confusa y perturbadora. Para bien o para mal se han despejado algunas incógnitas, pero es difícil ver con claridad y hay cosas que causan perplejidad. En Cataluña el independentismo, que dice servir a un mandato popular, ha llegado in extremis a un acuerdo de gobierno para evitar unas nuevas elecciones, que temían más que al Tribunal Constitucional. Artur Mas ha dado un paso atrás, no para salvar el proceso sino a su partido –expresión como ninguno de la vieja política– de la ruina total. Contra la corrupción, más nacionalismo, y aprovechando la confusión los ladrones corren a ponerse a salvo. Si cuesta entender el apoyo final de la CUP al sucesor de Mas (el mismo alcalde de Girona a quien ellos denunciaron en los tribunales), tampoco es una garantía de nueva política el apoyo generalizado al ‘derecho a decidir’ que abandera Podemos, buscando reforzarse con fuerzas nacionalistas como ya hiciera el PSOE en tiempos de Zapatero.

Mientras PP, Ciudadanos y PSC están juntos por primera vez en Cataluña, ¿por qué se antoja imposible que puedan afrontar juntos desde el Gobierno de España el reto secesionista y otros desafíos que comprometen al país? Vivimos en tiempos confusos y rodeados de políticos confundidos, por lo que el espejismo de las negociaciones mantenidas para la constitución del Congreso, no debe hacer pensar que estemos ya en la antesala de un acuerdo para el Ejecutivo. Las aritméticas del 20-D complican el asunto, pero la dificultad no está en que haya muchas personas o cosas para discutir, sino en que se confundan una vez más las verdaderas motivaciones e intereses de los actores. El PP se aferra para gobernar a que ha sido la lista más votada, pero no es un argumento suficiente cuando el sistema electoral no prima esa circunstancia. Lo paradójico es que, aun así, y habida cuenta de la incapacidad manifestada hasta ahora por los populares para el diálogo, podrían continuar liderando el gobierno.

Podemos ha apretado desde la misma noche electoral al PSOE, estableciendo exigencias que exceden las posibilidades prácticas (no ya teóricas) de los socialistas, contando como tiene el PP la fuerza suficiente (más de 117 diputados y control del Senado) para bloquear cualquier reforma constitucional, e Iglesias lo sabe. Su objetivo inmediato no es ser segundón en un gobierno con los socialistas sino dar caza al PSOE y convertirse al menos en la primera fuerza de la oposición. La pataleta de Podemos al ver frustrada su inverosímil pretensión de formar cuatro grupos parlamentarios, haciendo responsable al PSOE de una previsible falta de entendimiento para forjar un gobierno alternativo al PP, es simple actuación. Podemos sabe hacer buenas campañas y remontadas, pero eso no es nuevo en la política española, y pese a su cacareada ‘segunda transición’, persisten las dudas de que ese tránsito, con ellos, vaya a ser de la democracia a la democracia, colmando el sentido deseo de regeneración política que albergan los ciudadanos.

El PSOE no tiene una fácil salida desde la posición en que ha quedado tras el 20-D. No se pueden obviar las razones del surgimiento de los nuevos partidos, pero no es lo mismo caer desde el cielo, como le ha sucedido al PP, pues lo esperable es un efecto rebote, que hundirse desde su suelo, lo que es sinónimo de entierro. Esta es la lectura que han hecho los barones del PSOE de los resultados, dando a Pedro Sánchez por amortizado. Éste se afana por erigirse en la palanca del cambio, colocándose en el centro entre la nueva derecha de Rivera y la nueva izquierda de Iglesias, obnubilado Sánchez por ningunear al PP, y está dispuesto a morir en el intento, aunque no consiga confundir a nadie. Robándole el discurso a C’s, que ha venido esforzándose con mayor o menor éxito por resucitar el centro reformista y progresista del CDS de Adolfo Suárez, únicamente conseguirá dar la puntilla al PSOE, lo mismo que si se entregara ingenuamente a Podemos. 

Por otra parte, una gran coalición PP-PSOE se tomaría como blindaje del bipartidismo y del estado actual de cosas. Y hay mucho que cambiar. Un entendimiento PP-Ciudadanos-PSOE, sin necesidad de entrar en el gobierno, haría del PSOE la izquierda responsable con iniciativa que condiciona necesariamente las grandes reformas de la España del siglo XXI, corrigiendo el punto de mira del PP y dejando a Podemos en el papel de populismo radical, sin capacidad de erigirse en alternativa real de gobierno. Unas nuevas elecciones inmediatas no beneficiarían más que al PP y a Podemos, y no ayudarían en consecuencia a acometer con realismo y decisión los verdaderos problemas e intereses colectivos, una tarea que requiere el concierto y sentido de la moderación que han regido los mejores momentos de nuestra historia, frente a los períodos de desorden y confusión.

Publicado en Diario de Navarra, 15 de enero de 2016

Discursos sin proyecto

Un conocido historiador ha subrayado la capacidad de Podemos para construir mensajes sin llegar a generar discurso. No es una habilidad exclusiva. Otros partidos, que continúan aspirando a más, son capaces de articular discursos sin expresar ningún proyecto. Hemos perdido la idea, el proyecto, la ilusión. La crisis ha favorecido la hipercrítica del legado de la Transición, pero quienes se apresuran a la liquidación del 78 no ofrecen un producto de nueva temporada.

La renovación generacional que ha impulsado la Monarquía al servicio de un ‘tiempo nuevo’, se ha ido abriendo rápidamente camino en otras instituciones, interpretando los deseos de cambio de la sociedad. En pocos meses han aparecido nuevos líderes políticos y espacios de comunicación que hacen del ‘tiempo nuevo’ su bandera, a veces con enorme simpleza, incluso en TV, donde alguna cadena parece haber asociado el término a las andanzas del pequeño Nicolás.

La bondad de una nueva generación no es automática. Lo que define propiamente a una generación no es el hecho biológico sino la capacidad de compartir un ideal colectivo. No hay generación sin proyecto. No lo tiene el nuevo PSOE, tampoco Podemos, y si lo tuvo el PP parece que lo ha perdido por el camino, o eso piensan gran parte de sus votantes. La juventud no es necesariamente un mérito y en tiempos difíciles no cabe la frivolidad, que parece acompañar a los nuevos actores, con excepción del Rey: el mejor con diferencia entre ellos, aunque no haya surgido de unas primarias. 

Que la democracia no es el régimen de los mejores, y que se puede corromper, es una verdad que está explotando Podemos, jugando con las emociones y el estado de ánimo colectivo, no se sabe con qué propósito. Su discurso regeneracionista, la escoba y barrer, es tan antiguo como el del dictador Primo de Rivera, y al igual que aquél, vacío de propuestas alternativas reales. Además de contradictorio. Enfatiza la participación ciudadana, pero desprecia la representación municipal (ha comenzado a rectificar), porque lo que le interesa es la Moncloa. Al final lo de siempre, se impone el afán de mandar.

La definición ideológica da igual: del bolivarismo a la socialdemocracia y el centro político, Podemos pretende convertirse en un nuevo partido ‘acaparalotodo’. Reniega de la Transición, pero evoca el 28-O del PSOE de 1982, que la consolidó, al mismo tiempo que el actual Pablo Iglesias salva a Anguita, que fue quien hizo la pinza a Felipe González con Aznar, aunque en este caso se olvide del ‘programa, programa, programa’ que honró al histórico califa rojo. El estribillo de Podemos ahora es otro, pero manifiestan no poca intolerancia en cuanto prueban el mismo producto anti-casta que ellos aplican. 

Con semejante acometida, Pedro Sánchez anda más pendiente de su promoción personal que de hacer propuestas coherentes y sensatas. Su proyecto es ser candidato, y no lo tiene asegurado. Se han olvidado del proyecto, aunque todos anden preocupados en hacer grandes proclamas de coaliciones para el día después: PP-PSOE (siguiendo la estela del imperativo categórico UPN-PSN en Navarra), IU-Podemos, o incluso Bildu-Podemos. Cuando todo el discurso se agota en la voluntad de permanecer en el gobierno, reconquistarlo o conseguirlo por primera vez, renunciando de entrada a hacer valer el propio proyecto, la política se vuelve realmente patética.

La defensa o no de un cambio constitucional, por vía de reforma o aun de ruptura, se ha convertido en el actual momento político en el gran exponente de la tenencia o carencia de un proyecto para España. Resultan muy pobres los términos del debate. Sería realmente un paso atrás convertir la Constitución en un sinónimo de programa o proyecto partidista. Se puede convenir en su necesidad de reforma, pero alentar la iniciativa sin perfilar contenidos, como pretende el PSOE al tiempo que reniega de los cambios recientes que promovió junto al PP, es un juego fútil.

Reintroducir el debate sobre el federalismo como solución, un día asimétrico, otro simétrico, Pedro Sánchez versus Susana Díaz, es como reinventar la pólvora. Sin asimetría no es posible ‘contentar’ al nacionalismo, si es que una reforma del Estado pudiera hacerlo, cosa harto dudosa valorando la lección de la Transición. A no ser que la insistencia actual del PSOE en la reforma federal no tenga más propósito que satisfacer el discurso cortoplacista de la ‘tercera vía’ del PSC en el embrollo catalán.

Que nadie contemple en la posible reforma aspectos sustantivos de la regeneración, como el modelo electoral y de partidos subyacente, por ejemplo, es síntoma de la general ausencia de proyecto. Un tiempo nuevo, un nuevo inicio, volver a empezar, supone un proyecto de renovación que no es hacer tabla rasa, sino preguntarse en que momento del camino nos hemos perdido para no volver a las andadas, primando los simples ejercicios tácticos o aritméticos.

Publicado en Diario de Navarra, 21 de diciembre de 2014

El nuevo rey ante el espejo

Azaña, gran amante del teatro, evoca en sus cuadernos un diálogo figurado con el rey Alfonso XIII, a quien ve reflejado en el espejo en que se mira, y que le pregunta qué está haciendo con España: “enseño a vivir en democracia, es difícil”, responde el gobernante republicano. La Monarquía como institución no ha sido ajena a este empeño fundamental de las sociedades contemporáneas y actuales. La proclamación de la monarquía de 1830, tras la segunda revolución francesa, entronizó al rey ciudadano y fue comprendida como una monarquía republicana. Asumida la condición liberal, un rey al frente del estado, con sus propias reglas de sucesión, ajenas a la lucha política partidista, ofrecía la ventaja de significar mejor el ideal de neutralidad del juez o árbitro que no puede ser parte, algo que no logran alcanzar algunos modelos republicanos. Esa monarquía constitucional es la que arraigó en España, con más luces que sombras, en el siglo XIX y es también la que ha proporcionado el régimen democrático más fecundo de nuestro siglo XX. Tiene razón el nuevo rey Felipe VI al apelar a la continuidad democrática como una clave de su reinado, pero también ha de serlo el cambio efectivo.

Al mirarnos en el espejo vemos la imagen que reflejamos en el propio espacio desde donde nos miramos, y que nos interpela ciertamente. El nuevo rey ante el espejo no puede sino contemplar a una sociedad que habla y se manifiesta cada vez con mayor criticismo y claridad, exigiendo respuestas a las propias demandas ciudadanas. La limitación del papel institucional del rey le ha despojado de la vieja prerrogativa de ser el único que todo lo ve y a quien no se podía mirar de frente –la más expresiva muestra de la negación de un público en el Antiguo Régimen–, pero la democracia no le impide convertirse en el gran escuchador y articulador de los mensajes de la sociedad, diluidos dentro del estruendo del espacio público. Atendiendo a la centralidad de la sociedad se justifica la propia función de la Corona, que no está alejada del concepto de representación. Si bien el rey no es representante ni elegido del pueblo, la monarquía sí puede proporcionar una viva expresión de esa imagen de sociedad ideal que toda cultura política necesita y persigue: la unidad y la estabilidad como garantía de la prosperidad de una comunidad diversa. El poder del rey es simbólico, y por ello mismo visible, y de enorme importancia para el rearme o derrumbe de la moral colectiva.

Paradójicamente una democracia puede degenerar en una sociedad de corte cuando se consiente la formación y acción incontrolada de triarquías oligárquicas, esa alianza entre timócratas, plutócratas y demagogos –esto es, entre políticos que sólo buscan su propio provecho personal, entramados económicos que se benefician del poder político, y medios de comunicación que juegan a extender la partidización de la vida colectiva–, una asociación de intereses ajena al bien común que tanto ha erosionado en los últimos tiempos la credibilidad de nuestro sistema y de la propia institución monárquica. Paradoja por paradoja, una monarquía puede ser el revulsivo democratizador que la política, a requerimientos de la sociedad actual, necesita. El nuevo rey, como su bisabuelo Alfonso XIII, llega imbuido de un atmósfera regeneracionista en un contexto difícil. Responder a esa expectativa afectará a la suerte de la Corona, pero también a la normalidad de la imagen reflexiva de la sociedad española, sometida en exceso a las deformaciones de los espejos mágicos de los políticos de feria, tan abundantes en tiempos de desolación. La consistencia del mensaje de Felipe VI en el acto de su proclamación ante las Cortes es una garantía de futuro y nuevo entendimiento.

Publicado en Diario de Navarra, 20 de junio de 2014

Tres generaciones

Toda generación se presenta como un sujeto colectivo portador de un tiempo humano y social propio, que predispone a pensar y a actuar de una manera semejante. Por encima del factor biológico, se cuenta una generación allá donde un grupo de hombres y mujeres, relativamente coetáneos, comparten una misma sensibilidad, un estilo y, sobre todo, una misión, porque sin proyecto o empresa histórica no se da formalmente una conciencia generacional. Al ritmo de predecesores, contemporáneos y sucesores, el juego generacional proporciona claves imprescindibles tanto para la comprensión de la gramática o narrativa de la comunidad política como para la explicación del cambio. En el caso de España, dos generaciones han resultado fundamentales para la historia del siglo XX, las de 1914 y 1978, y una tercera, aún por definir en la encrucijada actual, ha de marcar el XXI.

La generación de 1914, cuyo centenario celebramos, liderada por Ortega y Azaña, hizo bandera de una idea democrática y europea de España, imbuida de un fuerte sentido regeneracionista. La crítica de la vieja ‘España oficial’ se acompañó de una voluntad de hacer emerger una segunda España, una ‘España vital’, “una España vertebrada y en pie”, que implicaba una nueva política y nuevos políticos: hombres ilusionados, capaces y ejemplares, comprometidos con la reinstitucionalización de la vida española y la tarea de nacionalización de las masas. Este planteamiento reformista, que era aún posible dentro de la Monarquía de Alfonso XIII, empujaría a la ruptura pacífica cuando el rey pactó con la Dictadura de Primo de Rivera. La Segunda República acabó siendo la hora forzosa de la generación del 14. Y aunque la hipercrítica dirigida hacia el legado de la Transición tienda a contraponer la experiencia democrática republicana con la actual, no es difícil ver la esencial continuidad existente entre los proyectos de las generaciones de 1914 y 1978.

La generación de 1978 ha hecho exitoso el proyecto de modernización y democratización de la generación de 1914. Y ello se ha debido fundamentalmente al pacto Monarquía-Democracia impulsado por el rey Juan Carlos que acaba de abdicar, seguido de un pacto no menos fundamental, el pacto Democracia-Autonomía que aunaba las visiones de Ortega y de Azaña, reconocibles ambas en la doctrina García de Enterría, expresión académica de la mente política de Adolfo Suárez, donde la ‘generalización’ autonómica viene acompañada del principio clave de “autonomías potencial pero no necesariamente iguales” (la ‘particularización’ para atender situaciones también singulares), vulnerado en buena manera por el desarrollo autonómico posterior, pero que salvaguarda el texto constitucional vigente. Tampoco se puede obviar que la reconciliación, la concordia y el consenso abanderados por el rey Juan Carlos y Suárez enlazan con el “paz, piedad y perdón” del último Azaña, marcando así el camino de la transición a la democracia, con aciertos y errores personales y colectivos.

Al igual que fue necesaria la llegada normalizada del PSOE al poder para consolidar la democracia, también es necesaria ahora la sucesión para consolidar la monarquía democrática. En lo más significativo de su discurso de abdicación, el rey apelaba a una nueva generación. La tercera, invitando al próximo rey Felipe a encabezarla, como él lideró con Suárez (y luego con González y Aznar) la de 1978. ¿Para proceder a una Segunda Transición? Para ir de la democracia a la democracia, profundizando en ella. Volver a plantear la alternativa Monarquía o Democracia es un falso debate. Y si se habla de legitimidad, la monarquía después de Franco –dentro del proceso por ella iniciada de devolución de la soberanía al pueblo español– ha sido sometida a referéndum en dos ocasiones, en 1976 y 1978, a diferencia de la historia de las dos repúblicas españolas.

El proyecto del 14, tal como lo formuló Ortega, tiene nueva actualidad. Aquella generación fue desbordada por los extremos y, en cierta manera, la de 1978 también lo ha sido por los nacionalismos y la izquierda radical. Las últimas elecciones europeas así lo han significado. El problema actual no es la forma de Estado ni el papel del nuevo rey, sino cargar de nombres y contenidos el nuevo proyecto de convivencia. La primera irrupción de la tercera generación en el poder, con Zapatero, fue fallida y aceleró el deterioro presente jugando frívolamente con los pilares de la Transición. De ahí la relevancia del proceso interno abierto en el PSOE tras el 25-M. La proclamación de Felipe VI ha de despertar a las fuerzas de centroderecha y centroizquierda llamadas a entenderse para acometer las reformas estructurales, institucionales y constitucionales que precisa este país. El futuro no está en el pasado, pero ha de seguir escribiéndose sin falseamientos históricos desde la moderación. Las palabras del todavía Príncipe de Viana en Leyre, convocando a “ampliar el campo de esperanza”, constituyen las iniciales de la Tercera Generación, dispuesta en su ánimo a dar “lo mejor de sí misma” al servicio de una España “unida y diversa”.

Publicado en Diario de Navarra, 5 de junio de 2014

TC Bildu

El hecho es claro: una y otra vez, por enrevesado que pueda ser el camino, están en las elecciones. ¿Quiénes? Los que no se atreven a cortar amarraras con ETA. Solos o acompañados, con un nombre u otro, en mayor o menor número, pero acaban estando y acaban haciendo el juego a ETA, y dificultan su final. ETA, Batasuna, Sortu, Bildu. En el principio siempre está ETA y ETA, que no es el Verbo sino la Violencia, no puede tener legitimidad democrática alguna.

El Tribunal Constitucional ha enmendado sorprendentemente la plana al Tribunal Supremo, que había fundado su decisión contraria en la investigación y en las pruebas recogidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. El TC está a otra cosa. Si fuera verdaderamente TC estaría a lo fundamental y nos sentiríamos tranquilos y aliviados. Pero como hace tiempo que no se trata de un Tribunal Constitucional sino de uno Político-Constitucional, pues entonces el sentimiento de preocupación o de vergüenza cunde y con razón.

El voto de los magistrados, como nos tienen acostumbrados, ha sido político. El pleno no ha tenido ni tiempo de estudiar a fondo las razones del Supremo. Da igual. Los magistrados propuestos por el PSOE (con la excepción de Manuel Aragón, que le salió rana en tiempos del Estatut, y de ahí la urgencia que tenían los socialistas para forzar la renovación parcial del tribunal y aumentar los efectivos "progresistas") han votado a favor de la presencia de Bildu, y asunto concluido.

Zapatero ya puede dormir tranquilo, que estaba muy preocupado con la amenaza del PNV de retirarle el apoyo parlamentario si Bildu no estaba en las elecciones. El escenario era terrorífico para Zapatero: fenomenal batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas y municipales, como presagia la encuesta del CIS publicada ayer (el anuncio de la retirada de Zapatero queda sin efecto), y soledad parlamentaria que no le dejarían otra salida que precipitar la convocatoria de elecciones generales para el próximo otoño.

Pero el terror de ETA sigue guiando los pasos de la izquierda abertzale radical, con la anuencia no sólo de algunos partidos nacionalistas, sino a la postre del propio Rubalcaba-Zapatero, por mucho que se hayan querido cubrir las apariencias con la escenificación de la presunta iniciativa del Gobierno y de la Fiscalía en contra de las listas de Bildu. Esto es lo que percibe la ciudadanía y lo que resulta cada vez más difícil de aceptar, sobre todo si se pretendiera jugar de nuevo la carta de la negociación política del final de ETA en beneficio partidista.

Tribunal Político Constitucional

Deberíamos estar orgullosos. El Tribunal Constitucional ya tiene nuevo presidente, y además es juez de carrera, Pascual Sala. El garante de la Constitución, garante a su vez de las reglas del juego, está despierto y vigilante. Qué tranquilidad en medio de la noche. Deberíamos estar orgullosos, pero no lo estamos. España no tiene un Tribunal Constitucional. Tiene uno Político Constitucional.

La anterior presidenta Casas tronó en su despedida contra los partidos políticos por no respetar la Constitución, y fue aplaudida y comentadas sus palabras por los sabios, ella que fue abroncada públicamente por la ex vicepresidenta del gobierno de la Vega, ofreciendo una pobre imagen de la independencia del alto tribunal durante su mandato.

El problema no es que los partidos tarden en ponerse de acuerdo sobre los nombres del TC que han de renovar las cámaras. El problema es la vuelta de tuerca al sistema de elección forzada por Zapatero, y el cinismo con que se actúa. El problema es la politización del tribunal, la presión política que se ejerce sobre él y la naturalidad con que se aplican desde fuera las etiquetas progresista y conservador a sus miembros.

Para que parezca normal la dinámica de bloques como norma de funcionamiento. Pues no lo es, ni tampoco sostenible, ahora que tanto nos gusta el término. Se oculta la viga para señalar la paja, la cabezonería de los partidos en determinados nombres, como si el problema se redujera a un nombre y en su rechazo quisieran evitarse todos los males de la politización.

Los sectores afines al PSOE han cargado sobre el PP la responsabilidad del retraso de años en la renovación parcial del TC. Fieles a la lógica de bloques, y con la esperanza puesta en ella, defendieron incluso que el Tribunal se renovara urgentemente ante el fracaso de las primeras ponencias más favorables al Estatut catalán, para que no se desbarataran sus propósitos.

Y se habló de traidores, como Manuel Aragón, que han pagado en el presente su desafecto, viéndose privados de la presidencia. Ahora preocupan las futuras sentencias sobre el aborto y el matrimonio homosexual. Urgia el desbloqueo de la renovación en el senado y posiblemente no urja tanto que se proceda a ello en el congreso, ahora que la mayoría y su nuevo presidente basculan hacia el lado progresista.

Unos dicen sin pudor que el presidente electo era el candidato de Rubalcaba o que tal puesto es un tributo a los nacionalistas catalanes. Otros contestan con cierta ingenuidad, cuando se les pregunta sobre qué harán ante determinadas leyes si llegan al gobierno, que primero valorarán lo que señale al respecto el TC.

Esta es la gran pantomima que presencian los ciudadanos. Por una parte, se quiere trasladar sobre el TC la lógica más puramente partidista, a costa de la propia división de poderes que consagra la Constitución. Por otra, todos hemos de actuar como si no existiera esa politización ni esa presión y fuera realmente una instancia independiente por encima de los políticos.

El problema no es únicamente español pues, en último término, responde a una diferencia de fondo entre la cultura política norteamericana y la cultura política europea de matriz francesa: la piedra angular que define la Constitución para la primera, es desplazada por el concepto de soberanía en la segunda, con efectos históricos conocidos (la partidización jacobina y la inherente debilidad institucional).

Pero eso no quiere decir que los españoles y sus políticos no tengan nada sobre que reflexionar: a la desafección existente entre los ciudadanos hacia la clase política comienza a unirse la desafección a las instituciones. Y esto no se soluciona con un suspiro. Cuántas cambios tendrá que acometer el nuevo gobierno, y cuántas cosas tienen que cambiar antes, para que esos cambios sean posibles.

Zapatero, en la mina

Zapatero no irá este año a Rodiezmo, a la fiesta minera leonesa que marcaba el inicio del curso político socialista desde que él gobierna, porque no está el horno para bollos con los sindicatos, que le han hecho la faena de anunciar la convocatoria de una huelga general a cámara lenta, y hasta que ésta no se celebre, tenga mucha o poca repercusión, el presidente no puede hacer nada: ni plantear una crisis de gobierno, ni nuevas medidas contra la crisis, ni nada de nada.

En estas lo mejor que podía hacer es irse de vacaciones, pero tampoco. No puede irse de vacaciones, porque la crisis, o mejor, la nueva imagen que quiere dar de sí mismo ante la crisis, no lo permite. Después de todas las costosas reformas que se habían hecho en años pasados para que el palacete de La Mareta, en Lanzarote, estuviese a gusto de los señores Zapatero-Espinosa, ahora la teatralidad de la política no permite 'justificar' el gasto.

Zapatero no irá a la mina en otoño, pero se queda en la mina en verano, aunque tenga poco que hacer, porque para bien o para mal la economía va ya sola. Así que para llenar el tiempo, Zapatero hace lo único que sabe hacer. Maniobras cortas, tengan las consecuencias que tengan, y se lleven por delante lo que sea o a quien sea. Zapatero trabaja por su supervivencia, pues ya no hay cocina que pueda endulzar las encuestas, como se ha visto con el barómetro de julio del CIS, que reconoce más de 6 puntos de distancia al PP.

Montilla, en un rasgo de honestidad y sentido común, dijo en el Parlament catalán que la única manera de remediar lo ocurrido con el Estatut era una reforma de la Constitución. En Moncloa la cosa no debió gustar (la obispa laica ya había predicado que la reforma de la Constitución exige determinados consensos nada fáciles de conseguir, sobre todo cuando ni se pretenden, se olvidó añadir) y la tesis duró poco. El propio Montilla apareció en El País silenciando su afirmación del día anterior y lamentando por el contrario que el actual TC hubiera traicionado el espiritu posibilista de 1978.

La realidad es justamente la contraria, pero es lo que conviene a Zapatero, asegurar -sin más garantía jurídico-política que su palabra- que el estropicio del Estatut se puede arreglar por la puerta de atrás de la reforma de alguna ley orgánica, e intentar así contener la pérdida de votos en Cataluña, y el propio enfado del PSC, que hasta Felipe González ha tenido que defender lo indefendible: lo que no tiene cabida, sin reforma, en la actual Constitución de 1978, como le recordaba ayer Wert en las mismas páginas de El País.

No basta Cataluña para preservar el bien supremo de España, que es el PSOE. Zapatero y Moncloa trabajan estos días para imponer directamente de nuevo sus candidatos en Madrid, saltándose los cauces normales del partido. La famosa defenestración de Praga, al lado de la que se prepara de Tomás Gómez, el máximo dirigente del socialismo madrileño, será cosa minuta, si la resistencia de quien Zapatero aupó por las mismas razones que ahora quiere lanzarlo al vacío no logra dar un vuelvo a la situación.

Cataluña, Madrid, dos comunidades simbólicas y una ingrata realidad para el PSOE, que en nada  puede ayudar a mejorar sus expectativas generales, muy deterioradas en estos momentos Zapatero se queda en la mina este verano con la mirada puesta en las elecciones del próximo curso político, que es realmente lo que le preocupa y ocupa. Otra cosa es que tanto tesón no acabe en rebelión. Pero, en fin, cuando se baja a la mina lo importante es salir, Con el rostro ennegrecido, pero salir. Sin haber provocado el derrumbe de los galerías tras nuestro paso, mucho mejor.

Diez años inconmensurables

Se cumplen diez años de ZP al frente del PSOE, de los cuales seis han transcurrido en La Moncloa al frente del Gobierno de España. Detrás de estas simples cifras, que podrían parecer exitosas en términos de carrera política personal, se oculta una terrible verdad. Zapatero llegó al poder de improviso, tras los sucesos criminales del 11-M, sin tener la más mínima experiencia de gobierno, ni siquiera de concejal; y sin saber gobernar continúa rigiendo los destinos de España. Es duro decirlo, pero esa tremenda verdad es la que explica todos sus grandes errores de cálculo y, como inevitable consecuencia, la situación al límite en que se encuentra actualmente España.

El estallido de UCD, la corrupción felipista, el 11-M. Los cambios de partido en el gobierno se han realizado en este país a golpe de sucesos inconmensurables, de hechos fuertes y trágicos todos. La constatación es inquietante, dice poco de nuestra normalidad democrática y parece abonar por contra el mito del fracaso y de la excepcionalidad española. Pero el hecho es que si se produce el triunfo del PP en las próximas elecciones -sea cuando sean éstas- habrá que hablar de nuevo de situación extrema para referirse al contexto en que se produjo el relevo en el gobierno.

Lo peor de todo es que, aunque parezca difícil, el fenómeno Zapatero puede repetirse. Después de 25 años de democracia española, a partir del éxito colectivo de la Transición, hemos generado una nueva generación de políticos -la de Zapatero- que no tiene más cultura que la de partido, que no tiene otra experiencia profesional que la de haber medrado dentro del partido, y que no tiene otra ambición que la de servirse del partido en la esfera pública. El manual del elector del partido es un pobre bagaje de preparación, ciertamente, para enfrentarse a los graves problemas de una sociedad compleja como la española de nuestros días.

Esta situación, no nos engañemos, se da en mayor o menor proporción en todos los partidos y ha puesto a prueba a la España construida desde la Constitución de 1978, particularmente la España de las Autonomías. Arreglarla va a requerir, guste o no, reformas estructurales de calado, posiblemente en la propia arquitectura constitucional, de las que nadie quiere hablar, para no contrariar al nacionalismo desbocado, pero que será inevitable hacerlas, mas pronto que tarde. Que Santiago Apóstol ilumine a nuestros políticos, ha pedido el rey ante el patrón de España. Falta hace, sí señor.

El reino de la incongruencia

Al presidente Zapatero le da igual Cataluña que Catalunya o Catalonia. Cataluña era una operación para ganar votos y mantenerse en el poder, aunque pusiera a España y a las instituciones patas arriba. Y ahora que España está boca abajo, postrada por la crisis, y que algunas instituciones han hecho lo indecible por no dejarse arrastrar por el desorden introducido por Zapatero, el presidente no sabe qué hacer ni qué decir.

Ni las cifras de paro reflejan algo distinto a la preparación de la actividad turística estival, ni la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut catalán supone una derrota estrepitosa del PP. De la incapacidad del gobierno para entender y transmitir el verdadero significado de la crisis ya sabíamos, porque da constantes muestras de ello. Pero de lo otro esperábamos algo más que volver a la carga contra el PP, que es lo único que sabe hacer este gobierno, como se ha manifestado también a propósito de la huelga salvaje de metro en Madrid.

El gobierno aprueba la bajada del sueldo de los funcionarios y de los empleados públicos, antes que aplicarse la poda a sí mismo y a la sociedad de corte que ha alimentado (asesores superfluos, enchufados, subvenciones a amigos y clientelas interesadas). Y cuando otros niveles de gobierno como las comunidades autónomas aplican esas medidas en su ámbito de responsabilidad, aun rebajando la cuantía de sus efectos, los sindicatos -los mismos que al más alto nivel han gozado de los placeres de la corte y únicamente han sabido aplazar el anuncio de una huelga general para septiembre- se deciden de golpe ni más ni menos que a reventar Madrid, e incumplen, no ya los servicios mínimos exigidos, sino los mínimos requisitos legales de cualquier huelga.

Hemos asistido estupefactos a la sonrisa hipócrita de la obispa laica y vicepresidenta del Gobierno de España a propósito de los lamentables sucesos de esta huelga de Madrid. De la Vega sonreía como si la huelga revolucionaria le favoreciera a ella y al PSOE contra su enemiga política, la presidenta madrileña del PP Esperanza Aguirre, y eso fuera lo realmente importante.  Seguimos así. Tal es la incomprensible ceguera que padecen nuestros insignes actuales gobernantes, aunque a diferencia del ensayo de Saramago, son éstos los que se ven abandonados por los propios ciudadanos como reacción natural de rechazo.

El contagio de esta ceguera es evidente y cada vez más peligroso. Daba verdaderamente lástima escuchar a la obispa laica decir que la recién clausurada presidencia española de la UE sería recordada por generaciones de europeos. Lo será sin duda por generaciones de españoles, pero por motivos bien distintos a los que han querido y quieren esculpir en el frontal de la historia, primero Pajín y ahora De la Vega, a espaldas de los hechos. Da igual que el acontecimiento planetario de la fatua atracción Obama-Zapatero haya estado a punto de provocar un auténtico cataclismo en Europa y en España. La historia la escriben los vencedores y Zapatero se resiste a aceptar cualquier derrota.

Es lo que estamos viendo con la sentencia del Estatut. Zapatero ha tardado días en hablar, aunque la consigna del PSOE circuló enseguida. El argumento cuantitativo de la derrota del PP ha sido muy preocupante. Un gobierno y un partido que reaccionan así después de cuatro años de espera de esa sentencia del TC, y que ha hecho lo indecible por defender la plena constitucionalidad del texto y por presionar al tribunal para que así fuera, es un gobierno y un partido agónico, y antes que todo sin argumento alguno.

El tema era serio. Era necesario saber dónde estábamos, como nación y como estado, cuyos fundamentos constitucionales Zapatero había sacrificado, apostando por la política de hechos consumados (la reforma de la Constitución por la puerta trasera de los estatutos), para instaurar la pax socialista-nacionalista que debía reinar por décadas bajo la bandera de la nueva España plural. Lo que era un problema de ambiciones o aspiraciones de hegemonía dentro de un partido o de una clase política se acabó definiendo como un problema de estado y su resolución acaba de ser verbalizada -por parte de quienes contribuyeron al problema- como una crisis de estado.

Zapatero ha tardado en hablar y lo que ha dicho es a todas luces decepcionante y, una vez más, profundamente incongruente. Quien iba a aceptar lo que viniera del parlamento de Cataluña (que se siente nación y así lo ha llevado al preámbulo del Estatut, aunque no tenga eficacia jurídica...) está satisfecho con la sentencia porque el texto es básicamente constitucional y, por tanto, objetivo cumplido, dice ahora. Pero resulta que los nacionalistas catalanes, a pesar de la derrota escandalosa del PP, han visto la sentencia como una auténtica derrota suya y han llamado a la movilización en la calle -el president Montilla se ha puesto a la cabeza-, al tiempo que se han vuelto contra Zapatero, responsable a la postre del nuevo problema creado con España y de lo que califican de crisis de estado.

En un ambiente de rebelión, que no es más que el pistoletazo de la precampaña catalana, quien se muestra más tranquilo es el PP, a quien se suponía lamiéndose las heridas de la derrota y se ha vuelto a señalar con el dedo como aspestado de la política catalana, aunque seguramente llegue a tener la llave de la gobernabilidad después de las elecciones catalanas, y todos lo saben. Montilla se ha apresurado a exigir una reactualización del pacto con Zapatero, que es como decir que Zapatero no ha cumplido su compromiso con Cataluña, o al menos con el tripartito catalán, lo que es verdad, pues tan seguro se creyó éste de tener a Zapatero en sus manos que pretendió colar (o incluso meter a capón) un Estatut sin pactar con nadie, y que para pasar por el parlamento español ya tuvo que ser negociado fuera del tripartito con CiU.

Ahora con las rebajas del Tribunal Constitucional lo de objetivo cumplido sueña ridículo, se mire por donde se mire, pero lo de reactualizar el pacto suena todavía peor, a simple chantaje y desde las propias filas socialistas. Los diputados del PSC en Madrid siempre han aparecido como una amenaza para Zapatero en esta legislatura. Su frágil posición parlamentaria puede derrumbarse por dentro y no por simple retirada de los apoyos externos. CiU por boca de Artur Mas ha respondido de nuevo en ese sentido a la gracieta del objetivo cumplido. Que a ello haya respondido Zapatero, hablando por hablar, de reforzar si hiciera falta el Estatut y que esas palabras hayan sido interpretadas como disposición suya a buscar nuevas vías (la reforma de la LO del Poder Judicial, por ejemplo) para sortear la sentencia del TC en lo que ha sido declarado plenamente inconstitucional, no resulta tranquilizador.

Nada de esto parece congruente ni es el discurso que cabe esperar de un presidente de Gobierno en las presentes circunstancias, por desfavorables que éstas sean para sus propios intereses políticos. A la espera de conocer aún la sentencia, el fallo del TC no es el mejor de los posibles. Que muchos artículos estén sujetos a una interpretación particular -la que establece el tribunal- para salvar su constitucionalidad, no es lo deseable pues puede crear mucha inseguridad política. Pero es lo que hay, y hay que aceptarlo como una nueva regla del juego.

Lo que no tiene sentido y sobre todo resulta inadmisible en un presidente es que pretenda jugar a sortearla. Zapatero tiene que definirse sin dilación. No caben planteamientos pre-constitucionales (como es, por cierto, la actual ley de huelga), pero tampoco pos-constitucionales: o constitucional o anticonstitucional: que elija en qué posición quiere jugar ahora y que se atenga a las consecuencias, pero que no pretenda a estas alturas del partido despejar balones fuera de su propia portería, como si ésta no fuera la de España. 

Después de cuatro años estamos peor que al principio. Zapatero no quiso -porque no quería nada del PP- plantear de frente una reforma constitucional y maniobró de manera chapucera y torticera con la anuencia de los nacionalistas, que desde 1998 dieron for finiquitado el Estado de las Autonomías,  para darle a España la vuelta como un calcetín,  sin tener que hacer siquiera el gasto de comprarle un par nuevo ni proceder a la muda a la vista de todos. Ahora ya estamos hablando de Constitución obsolescente y ya tenemos un nuevo agravio de España desde la perspectiva nacionalista. Por obra y gracia de Zapatero. El término nación en el preámbulo del Estatut no tendrá eficacia jurídica, pero política ya la tiene toda.

Fumata negra

Se esperaba que el 14 de abril las fuerzas neorrepublicanas pudieran celebrar la victoria del Estatut, por pírrica que fuera, pero no ha sido así. Ni ese día ni el siguiente hubo fumata blanca en el Tribunal Constitucional. Los nacionalistas catalanes llevan tiempo muy nerviosos. A estas alturas se contentan con salvar el preámbulo que da valor político al texto calificando a Cataluña como nación. Salvarlo, aunque sea forzando al Alto Tribunal a precisar una interpretación que pudiera ser compatible con la Constitución. Pero nada, los jueces son incapaces de dictar sentencia después de cuatro años. Nueva fumata negra sobre el borrador presentado por uno de los jueces del sector progresista.

Hemos aceptado el juego de adscripciones políticas dentro del poder judicial y así nos va. Hay quienes fuman en pipa -comenzando por quien le propuso, el gobierno de Zapatero-, porque uno de los miembros del bloque progresista ha votado en sentido contrario al que 'debía' votar. Hubiera bastado con que se hubiese atenido al guión, y con el voto de calidad de la presidenta la sentencia habría salido adelante, por mucho que ésta deseara no tener que utilizarlo. Pero lo habría hecho antes que exponerse a recibir otra monumental bronca de parte de la obispa laica Fernández de la Vega.

Si esto hubiera sucedido nada se habría dicho, pero como no ha sucedido así y resulta que un juez tiene serios reparos jurídicos sobre el meollo del asunto, pues se ha armado la de San Quintín. Casualmente, El País y el presidente de la Generalitat Montilla salieron al mismo tiempo y en tromba arremetiendo contra el TC por haber acordado encargar un nuevo borrador a otro ponente... esta vez del bloque conservador: el vicepresidente del tribunal. Algunos han aceptado tanto la lógica política del TC que cuando ven peligrar una sentencia acorde con sus intereses políticos, se revuelven y tocan a arrebato contra la actual politización del tribunal. Ahora resulta que, antes de que caiga la pelota al suelo -de nuevo en el aire-, es imperativo proceder a la inmediata renovación del TC, porque hay que 'demostrar' que no está dominado por el PP (el único culpable de que no prospere el Estatut que salió del Parlament de Catalunya, y que Zapatero se comprometió a apoyar... si quería él contar con el apoyo en Madrid del PSC, que es lo que está también ahora en el aire).

Las huestes neofranquistas representadas por el PP son una auténtica amenaza para la democracia y por eso lo que hay que hacer es arremeter contra las más altas instituciones que garantizan el Estado de derecho. Algunos -el popular Rajoy y el socialista hombre de estado Blanco- han mostrado su sorpresa por ese afán de cambiar las reglas del juego en pleno partido, pero en el fondo estos son los que no se enteran. La lógica debe ser seguramente aplastante puesto que en la labor de acoso contra la justicia los 'nuestros' se han movilizado y tienen previsto para este fin de semana una catarata de pronunciamientos contra el Tribunal Supremo, dominado por jueces que juraron en su día el Movimiento, y que ahora la han tomado contra el buen Garzón.

Hemos hecho tal piel gorda que asistimos imperturbables a un continuo y aceletado deterioro de la calidad del debate público en España, a la par que lo sigue haciendo nuestra economía. Las dos cosas son preocupantes; y juntas, casi letales para nuestras perspectivas de recuperación. El FMI, benévolo, ha corregido en dos décimas -en benficio del gobierno- las previsiones negativas del PIB del 2010 (sólo seguiremos cayendo un 0,4%), pero avisa también con fumata negra de que España ha perdido el tren de la recuperación económica mundial y se integra en el reducido grupo de países, ocho en total (entre ellos Azerbaiján, Zimbabwe, Venezuela y las islas caribeñas de St. Kitts y Antigua), cuyo crecimiento del año próximo será por debajo del 1%. El asunto es peor si resulta además que el mito de Cataluña como locomotora de España ha saltado definitivamente por los aires, con o sin sentencia del Estatut.

Ex Euskadi lux

En este día sombrío, donde el calendario se empeña en celebrar la Constitución, sin que los ánimos acompañen mucho, lo único novedoso es la presencia del lehendakari vasco en los actos conmemorativos de la carta magna. Lo extraordinario es la normalidad vasca, la bandera política que levanta con decidida voluntad Patxi López desde el PSE, con el apoyo del PP de Basagoiti.

El hecho invita a la reflexión, en un momento en que el gobierno Zapatero anda a la deriva perdiendo crudo, y cuando el chapapote alcanza ya a los principales lugares de la política española. A estas alturas nadie duda de que el más cierto proyecto de Zapatero es la ausencia de todo verdadero proyecto. Los errores de Zapatero no sólo han comprometido su política sino que han puesto en cuestión la cultura política de 1978. Ese ha sido su error más ontológico, si es que no ha sido algo deliberado, y el problema es que ahora, encallados, no sabe como salir de ahí.

No lo sabe él y no se sabe si alguien lo sabe. Queremos creer que el Tribunal Constitucional nos sacará del atolladero del Estatut, auténtico nudo gordiano de la deconstrucción política del espíritu de la Transición a que nos ha sometido Zapatero, alentando de modo irresponsable una auténtica reforma de la Constitución y de la organización del Estado por la puerta falsa de las reformas estatutarias, todo condimentado con el picante del regreso al mito de dos Españas, que de su mano nos retrotrae no ya a los años 30 del siglo pasado, sino a los comienzos mismos de la historia de España, si es que podemos hablar de España en algún momento concreto de la historia de nuestros ancestros.

No es fácil celebrar con un poco de entusiasmo una Constitución en la que el gobierno ni cree ni deja de creer, porque ni siquiera plantea su reforma, pero que sin duda ha contribuido a debilitar estos últimos años. El PSOE actual de "patriotismo constitucional" anda más bien escaso, por mucho que en otros tiempos tocara esa tecla. Claro que tampoco son necesarios muchos ardores guerreros, pero cuando no abundan las ideas, más imprescindible se hace un mínimo de lealtad constitucional.

Un poco de lealtad basta. El ejemplo de Euskadi es elocuente. El escenario más conflictivo –si obviamos ahora el terrorismo– se ha trasladado a otros lares políticos, cuando Ibarretxe había conseguido no hace mucho extenuar hasta a los suyos. A los más pesimistas, que no ven una salida fácil a la actual situación política española, ciertamente enrarecida, con un gobierno desnortado, descoordinado y con signos visibles de nerviosismo y agotamiento, únicamente hay que decirles: ex Euskadi lux.

La luz viene de Euskadi. Cuando parece que no hay solución, o que es imposible convenir nada, en esas circunstancias el consenso, como el río, acaba abriéndose paso precisamente porque no hay más remedio que ponerse de acuerdo. Y el acuerdo más sencillo siempre es cumplir y hacer cumplir la Constitución. La actual, la que se tiene. Es la vía más segura a la normalidad. La normalidad política que anhela –que sigue anhelando, 31 años después– la sociedad española. Es preferible la falta de imaginación a la confusión y el desorden incontrolado.

PS. Por cierto: ¿dónde estaba hoy la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, tan deseosa de articular un "discurso nacional" alternativo dentro de su partido? Si los políticos posponen la Constitución a su propio descanso ¿para cuando dejan el sentido de responsabilidad?

La dignidad del Tribunal Constitucional

El pasado 26 toda Cataluña se desayunaba con un mismo editorial en la prensa. En él se apelaba a la "dignidad de Catalunya" ante la expectación de la próxima sentencia sobre el Estatut, y los temores de que afecte al texto en aspectos fundamentales. Llama la atención que se hable en nombre de Cataluña cuando, a estas alturas, todo el mundo sabe -y de ahí los temores- que la sentencia, con independencia de la forma en que module su fallo, no va a ir en contra de los intereses de la sociedad catalana, sino en todo caso de la clase política que ha promovido una reforma del Estatut de manera precipitada, inoportuna, sin buscar el necesario consenso entre las fuerzas políticas catalanas y los partidos de ámbito español, y sin llegar a interesar siquiera a la ciudadanía catalana en la bondad de la reforma.

El editorial enfatiza el hecho de que el texto sometido a examen del Tribunal haya sido ya refrendado por los electores, pero nada dice de la escasísima participación registrada entonces, ni de la lectura política que mereció y exige ese hecho. La mayoría de la sociedad catalana dio la espalda a ese texto, porque no vio que su identidad estuviera amenazada, ni tampoco la madurez democrática de la España plural, como ahora se empeñan en decir los periódicos catalanes pretendiendo poseer el alma de Cataluña. Resulta ridículo, por irreal, pretender vender que exista entre la población catalana "un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad". No es ese hoy, ni muchísimo menos, el cruce de miradas entre los catalanes y el resto de los españoles, o si se quiere entre Catalunya y España.

Por supuesto que "hay preocupación en Catalunya", y no es preciso "que toda España lo sepa", porque ya lo sabe. La preocupación anida en la clase política, y la clase política tiene muy preocupada a la ciudadanía, como han revelado las últimas encuestas del CIS. Pero nadie está harto de Cataluña, ni pretende conculcar su autogobierno. Si existe "hartazgo" va más bien en esa otra dirección: de los ciudadanos hacia sus gobernantes, a todos los niveles (en el marco autonómico y español). El hecho de que los medios de comunicación catalanes no tengan pudor en convertirse y actuar como agentes políticos, al servicio de los intereses inmediatos del poder, sin el menor atisbo de crítica como sería su función natural, es el mejor indicador de la verdadera naturaleza de la preocupación. A Zapatero, en una nueva muestra de su levedad política, le parece bien el editorial único y lo llama "libertad de expresión", cuando es sabido que cualquier unanimidad de la opinión publicada suele indicar más bien lo contrario, sin necesidad de hacer comparaciones con el pasado. Pero qué va a decir Zapatero, cuando es víctima de su propia cortedad de miras y hasta rehén, no ya de los nacionalistas de ERC, sino de los mismos socialistas catalanes, como ya indicamos en otra ocasión.

En nombre de la libertad de expresión se presiona al TC, con la bendición de Zapatero y de la Generalitat. Se le presiona y se le deslegitima, todos empeñados en presentarlo como una instancia política y hasta como una cuarta cámara legislativa (y habrá que preguntarse quién ha contribuido de manera particular a que eso pudiera ser así y al actual desprestigio del TC). Pero el TC está para soportar presiones y para actuar con criterios jurídicos y no políticos. Quienes sugieren ahora -después de todo lo que sabemos- que PSOE y PP se pongan de acuerdo para desbloquear la renovación de algunos miembros del TC, están dando por supuesto que el fallo ha de ser político, y sería de escándalo que después de tres años de espera para llegar a la ansiada sentencia, hubiese que esperar otros tres. El TC es el guardián de la Constitución y tiene todo el derecho y el deber de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, máxime si afectan de manera fundamental al "marco de convivencia español", que eso es en definitiva la Constitución.

Si el problema es que a algunos políticos e intelectuales orgánicos no les gusta la actual Constitución, que trabajen abiertamente para cambiarla. Están en su derecho. Que se pronuncien claramente por una nuevas Cortes Constituyentes que procedan a la elaboración de una nueva Constitución. Pero que se haga según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que requiere mayoría cualificada y, por consiquiente, un inevitable consenso entre los partidos mayoritarios, atendiendo al propio juicio de los ciudadanos españoles. Pero pretender reformar la Constitución por la via de la reforma estatutaria (que exige un menor respaldo parlamentario) y de los "hechos consumados", hurtando el verdadero objeto y alcance del debate, no dice mucho de la madurez democrática de quienes así han actuado.

No es posible ni nadie tiene intención de dar un "cerrojazo institucional" a Cataluña, como denuncia el editorial, pero tampoco es admisible una reforma encubierta de la Constitución, y pretender además que la sancione de oficio el TC. Eso si que sería convertirlo no en la cuarta, sino en la primera cámara legislativa. Hay quienes se afanan en confundirlo todo, haciendo gala de un pensamiento con escasos matices. Lo que está en juego con la sentencia del TC no es el cierre definitivo del Estado autonómico, sino el tránsito directo de un Estado autonómico a otro plurinacional sin que llegara a saberse cómo fue, esto es, sin tocar la Constitución. Porque es más que dudoso, por no decir incierto, que la Constitución de 1978 contemple ese modelo. Una cosa es la distinción entre regiones y nacionalidades (de mayores potencialidades que las existentes en la actualidad), y otra la cosoberanía o la bilateralidad, como asume el Estatut.

La Constitución de 1978, nacida de un gran consenso, fue cuidadosa con los nacionalismos. Éstos nunca estuvieron solos a la hora de reclamar la autonomía. El pacto democracia-autonomía, que puso los cimientos de la España plural durante la Transición, manifestó una exquisita voluntad por parte de las mayorías de no imponerse a las minorías. Si eso fue así, con mayor razón debe entenderse que lo que no es aceptable en democracia es que las minorías se impongan a las mayorías a base de chantajes o amenazas, violentando o hurtando las reglas del juego. La España plural ya existe, no depende del nuevo Estatut catalán, aunque pueda profundizarse en ella. Lo que puede quedar hecha añicos en el caso de una sentencia negativa, no es esa España, sino la credibilidad y el propio entendimiento político de Zapatero y Montilla. Ellos serían los responsables de cualquier sensación de engaño. Pero, por importante que esto pueda ser, mucho más lo es la dignidad del Tribunal Constitucional.

No nos engañemos. Es importante saber si en España funcionan las instituciones, o si el país está por el contrario abocado a un permanente desorden institucional. Lo que no es de recibo es que, al hilo del editorial, algunos intelectuales orgánicos catalanes apelen no ya a la futura presión soberanista o independentista si no se aceptan los actuales términos, ni a las dimensiones desconocidas por las que podría transcurrir la confrontación de Catalunya con España, sino a la ruptura total de la confianza con la que se tejió la Transición, cuando los responsables del actual escollo en que se encuentra el Estatut (que no son ni Aznar ni el PP, por mucho que pretendan desviar hacia ahí la atención), lo han llevado hasta aquí dando conscientemente la espalda a la Transición y al Estado autonómico, al que ya dieron unilateralmente por liquidado hace tiempo.

Debilidad y traición

Lo que no pudo, ni se atrevió a hacer el denostado Ibarretxe -años y años ideando, programando y anunciando su voluntad de celebrar referéndums para que el pueblo vasco expresara libremente su voluntad de futuro- comienza a realizarse en Cataluña, a escala local, bajo un gobierno autonómico de mayoría socialista presidido por un ex ministro de Zapatero, Montilla, que deja hacer a ERC, el socio republicano-independentista del PSC en la Generalitat.

El pasado domingo día 13 se celebró finalmente el anunciado referéndum independentista en el pequeño municipio barcelonés de Arenys de Munt. A pesar de que contaba con una prohibición judicial, el propio alcalde ha facilitado desde el primer momento el evento, aunque al igual que otros cargos electos su participación en la organización de la consulta ha sido únicamente “a título personal”. Lo de menos en todo este asunto son evidentemente los números.

Desde el gobierno de España, su ministro de Justicia Caamaño sigue empeñado en hacernos ver a todos que en Cataluña no pasa nada, tapados como él tiene los ojos, que ese parece ser su único parecido con la imagen clásica de la justicia. La vicepresidenta por su parte, insistía ayer en que la consulta se había hecho fuera de la Constitución y al margen de la legalidad, y que no tenía por tanto consecuencias legales. Qué tranquilidad, aunque de haber sabido Ibarretxe que esa iba a ser la reacción seguro que en su día se habría animado a continuar adelante con sus proyectos "fuera del sistema del estado", que a la postre de eso se trataba.

La vicepresidenta no contempla las consecuencias políticas que la propia indulgencia del gobierno ya ha acarreado. Los nacionalistas radicales tienen asegurada la diversión en Cataluña, País Vasco y Galicia para el resto de la legislatura. Van a faltar días del calendario para dar rienda suelta en los pueblos a todas aquellas consultas que puedan promover un "conjunto de ciudadanos", y a las que no habrá que dar la "mayor importancia", según el ministro. Por esas, fue una estupidez que se armara tanto revuelo durante la I República con el movimiento cantonalista de 1873 cuando ni siquiera había formalmente una "legalidad" republicana.

Zapatero está mostrando una imagen de debilidad tanto o más considerable que la que ofreció con ocasión de la negociación con ETA. España atraviesa una profunda crisis, no sólo económica, sino institucional y política, aunque para el entorno mediático de Zapatero lo único pintoresco de la jornada festiva del domingo en Arenys fue la irrupción de un grupo de Falange, acordonado por los Mossos d'Esquadra para evitar incidentes. La falta de respuesta desde la ley y las instituciones no solo dificulta el proceso de reversión de la crisis, sino que la acentúa, por más que se puedan activar distintos mecanismos rituales para ocultarla o minimizar sus efectos, por un lado, o para escenificar como "normal" el irremediable cisma, por otro. De Rodiezmo a Arenys de Munt, aun bajo formas y procedimientos diversos, hemos asistido, con todo, a un mismo ritual: el de la debilidad de Zapatero.

El goteo de bajas entre los ministros cesantes de Zapatero refuerza esa misma impresión. La última de ayer, la de Pedro Solbes, no por anunciada ha sido menos efectiva en este contexto. Solbes no ha llegado ni como ministro ni como diputado al horizonte de 2010 que se había fijado cuando Zapatero consiguió vencer su resistencia para que le acompañara en el camino de la reelección como número dos de Madrid. Todo un signo de las dificultades que atraviesa el actual líder socialista. Y todavía puede haber algún número dos más, también ex ministro, utilizado por Zapatero y dolido con él, que le abandone en silencio. Algún medio ha publicado que Zapatero se refiere a ellos como "traidores".

En su soledad haría bien Zapatero en mirarse en el espejo de los mitos que él mismo ha alimentado como gobernante. No ha habido presidente de gobierno español en la democracia que no haya pretendido, de una manera u otra, emular a Azaña, aunque en el caso de Zapatero se haya resucitado la visión más oscura del personaje, que había sido felizmente superada. Azaña, que había sido el gran mentor del estatuto catalán de 1932 se sintió poco después, con motivo de los sucesos de 1934, traicionado por los catalanes, sufriendo una gran decepción.

La decepción de Zapatero es, sin duda, de otro tipo. Zapatero se lanzó a la aventura del nuevo Estatut no a partir de una idea de España y pensando en España sino desde el interés personal y partidista de asegurarse una mayoría parlamentaria a largo plazo con los nacionalistas. Zapatero es ahora víctima de su propia cortedad de miras y hasta rehén, no ya de los nacionalistas de ERC, sino de los mismos socialistas catalanes, que lo chantajean no menos que aquellos. Zapatero no puede desmarcarse del tripartito catalán porque necesita a los pequeños grupos de izquierda para la aprobación de los presupuestos de 2010, que es el paso inmediato para la supervivencia política, más allá de la inutilidad de esos presupuestos para salir de la recesión (que es lo que ha precipitado la salida de Solbes). Aunque de forma paradójica esta vinculación de Zapatero al tripartito catalán sea ahora mismo letal para Zapatero (en el resto de España) y para el tripartito (en Cataluña), en beneficio de PP y CiU.

A Zapatero no le están traicionando porque se encuentre débil. Zapatero está siendo traicionado por la debilidad de su propia política. El "lapsus" de Evo Morales, de visita en España (en esta semana intensiva de visualización de la política exterior zapaterista), hablando de su encuentro con el "canciller" de la "república de España" y de la "autodeterminación de los pueblos"· ha parecido en estas circunstancias de todo menos un lapsus. Si alguna vez lo pensó Zapatero, está claro que a estas alturas es una ingenuidad suponer que el cambio de la estructura del estado puede contentar a los nacionalistas. No fue la política del último Aznar, ni será una posible sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, sino Zapatero lo que ha dado nuevas alas y pueda seguir dándolas al nacionalismo, que lejos de aquietarse con lo que recibe del Estado nunca renuncia a sustituirlo. Esta lección tampoco debería olvidarla el PP, posiblemente llamado a entenderse de nuevo con el "nacionalismo moderado" de CiU por todos los errores de cálculo de Zapatero y por los efectos de su misma gestión desastrosa de la crisis española.

Esa circunstancia, según el sentir del sector más crítico a Rajoy dentro de las propias filas populares, ya estaría condicionando desde hace tiempo la política no menos "débil" del líder del PP, "traicionando" los principios y valores de su partido, y aumentando en cualquier caso el desencanto español actual. Como si no fuera posible salir de ese círculo dentro de la política española.

Cataluña / España: cuestión de preámbulos

No todos los hombres saben lo que dicen; y a algunos, sobre todo si son políticos, no se les perdona. Menos desde la derecha, por muy evangélica que del otro lado la supongan. Es lo que le ha pasado a Rubalcaba, después de que se le ocurriese afirmar que "España no puede negar la decisión del parlamento catalán", frase que ha corrido como la pólvora en las últimas 48 horas, y ha armado algunos trabucos, cuando los nervios siguen vivos a la espera de que el Tribunal Constitucional se decida a pronunciar su sentencia sobre el Estatut.

Particularmente solemne en la respuesta al ministro se ha mostrado Alejo Vidal-Quadras, el chivo expiatorio de Aznar cuando éste pacto con Pujol (CiU) en la primera legislatura que gobernó el PP. En una carta abierta (publicada por LaNación.es), el catedrático de Física y actual europarlamentario del PP sale por la tremenda, dando lecciones de metafísica y de moral, cuando reprocha a Rubalcaba que diga "disparates monumentales" y que falte a las "solemnes promesas" realizadas al tomar posesión como ministro y diputado.

Vidal Quadras, a quien nadie puede negar su condición de político inteligente y brioso, se permite recordar lo que Ortega y Gasset, por otra parte, expuso ya con claridad en los debates de la Segunda República. La diferencia entre soberanía y autonomía. La primera, asociada al poder constituyente, y que corresponde en exclusiva -tal y como recoge la vigente Constitución de 1978- al pueblo español en su conjunto, a la nación española, depositaria de esa soberanía indivisa, y de donde nace el derecho a la autonomía consagrado por los Estatutos. La autonomía subordinada, pues, a la soberanía. Esto se puede explicar de muchas maneras (de hecho, en la Segunda República, Azaña difería en el modo de hacerlo de Ortega), pero en lo fundamental, a partir de esas categorías, está claro que no es Cataluña quien puede imponer sus decisiones a España (otra cosa es que deba hacerlo España a Cataluña).

¿Por qué has pronunciado públicamente unas palabras que hacen un daño inmenso a la Nación a la que te has comprometido a servir y que sabes sin ningún género de duda que son falsas?

La pregunta de Vidal-Quadras a Rubalcaba es retórica (sin necesidad de abrir una discusión acerca de lo verdadero y lo falso). "Espero con impaciencia tu respuesta o tu silencio". Seguramente lo segundo, porque el ministro había querido explicarse la víspera. Según el ministro, únicamente se había referido a la incorporación del término nación al preámbulo del Estatut, y a la forma en que figuraba en esa parte del texto, aludiendo a la declaración aprobada por el parlamento catalán sobre el propio "sentimiento" de identidad catalana. La pre-respuesta de Rubalcaba a la pos-pregunta de Vidal-Quadras también es retórica, pues a nadie se le escapa el fondo político del asunto.

Decir que el preámbulo no tiene carácter o valor normativo y que por ello poco importa lo que diga, es un simple bote de humo, más viniendo del ministro del Interior y, a la vez, el miembro más avezado del gobierno. El preámbulo no tiene un puro interés cultural o de contextualización del momento político en que se aprobó la norma y que deba ser recordado. Persigue, como es lógico, iluminar y llenar de sentido político todo el articulado (parte del cual responde evidentemente a la lógica de la soberanía catalana recogida ahí).

Y si no que se lo pregunten a los navarros, que bien que se preocuparon de sentar en el preámbulo del Amejoramiento del Fuero (1982) la doctrina del Pacto, y casi se mueren del susto cuando por error desapareció ese preámbulo de la publicación de la Ley en el BOE (y hubo que volver a publicarla). Ese preámbulo sigue condicionando la política navarra (y las relaciones de Navarra con el País Vasco y con el gobierno de España, en un sentido estas últimas que bien desearían los catalanes en algún aspecto, por más que en el texto navarro no se hable de nación ni de soberanía originaria).

Por ello, y sea cual sea la sentencia del TC, ya que presume Rubalcaba de haberse "currado" en su momento las enmiendas del parlamento español al Estatut catalán, ya podía decirles a sus correligionarios y antiguos socios catalanes que podían ellos también haberse currado en su día algo más el susodicho preámbulo, que para ser una pieza expositiva llamada a la posteridad, bien merecía un poquito más. No ya de estudio previo o de conocimiento de la historia, sino de finura para el uso político de la misma y para su propia escritura.

Desorden institucional (y III)

El País, dispuesto a hacer daño a Zapatero, habla de escaso talante democrático, amiguismo e intervencionismo del gobierno en los medios de comunicación para asegurarse el disfrute del poder. El PP denuncia la utilización de los medios del estado por parte del propio gobierno para destruir a la oposición. Y, mientras, la economía -el mercado- sufre la agonía de una crisis negada en su día por Zapatero y que en España amenaza ya con la deflación, mientras otros países europeos han iniciado la senda de la recuperación. Más allá de determinados contextos que favorecen coincidencias de juicio ocasionales, todos los referentes esenciales de una sociedad democrática avanzada -la pujanza del estado de derecho, de la esfera pública y del mercado, estimulando permanentemente a la sociedad civil- aparecen ensombrecidos en el horizonte español como consecuencia de algo más que una simple tormenta de verano. La sensación de desorden y confusión que invade y desazona, no se explica únicamente por un errático estilo de gobierno basado en la altanería ideológica, el capricho personal y la improvisación política, aunque no deba menospreciarse el efecto que todo ello tiene en el entramado institucional.

La situación actual en que se encuentra el Tribunal Constitucional (TC) es elocuente. La partidización de las principales instituciones, junto a la territorialización del poder, ha consagrado en España el estado de las banderías. La lógica particularista prevalece sobre cualquier interés general. La política de hechos consumados, sobre los principios básicos de organización de la convivencia. Y ante eso, el TC, el supuesto garante del orden (constitucional e institucional, pues no hay constitución sin institución), parece incapaz de ejercer sus funciones. Que sea por falta de atrevimiento o por servilismo es lo de menos. Han pasado tres años desde que el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto catalán, y seguimos a la espera, aunque parece que el parto es inminente. El actual ministro de Justicia Caamaño ha dicho que la sentencia será la más compleja de la historia y que marcará el futuro del Estado de las autonomías. El futuro o el fin, porque no hay muchos constitucionalistas que entiendan que la Constitución del 78 pueda dar cobertura a un Estado confederal, que es lo que se deriva del nuevo Estatuto catalán, como han venido reclamando los nacionalistas con la fórmula del Estado plurinacional.

Pero curiosamente el ministro, que es catedrático de derecho constitucional, ha quitado hierro al asunto. El Estatut "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional". Sorprende en un ministro de Justicia está legitimación de la política de hechos. Como si no importara que pueda estar aplicándose una ley contraria a la constitución, ley de leyes, y garantía de los derechos fundamentales y libertades de todos los ciudadanos. Como si no estuviera siendo elocuente, en pleno desaguisado económico, la confusión llena de cesiones y sobresaltos en torno a la nueva financiación autonómica que, termine como termine esa negociación, y sean justificables o no los términos finales, siempre serán favorables a Cataluña, porque esa es la premisa básica de que se parte, y de espaldas al resto, ateniéndose a la "bilateralidad". El desorden alimentado por Zapatero nace de su propia confusión entre la España plural -la idea de España como nación plural, que es legado de 1978- y el Estado plurinacional o confederal, ignorando cualquier matiz y distinción, lo que indujo a la vasquización de las reivindicaciones catalanas y a una mayor radicalización de las vascas.

Zapatero es el principal responsable del actual enredo catalán. Pensaba que el nuevo Estatut le perpetuaría en la política española, a él y a su partido, y ahora no sólo ha perdido el apoyo de sus antiguos socios (ERC) o minado la confianza del nacionalismo moderado (CiU) en Cataluña, sino que corre el riesgo de incrementar sus dificultades parlamentarias a costa del PSC, los socialistas catalanes, que se atreven ya a hablar de "gobierno de coalición" en Madrid entre PSOE y PSC, como si fueran realmente dos organizaciones completamente distintas, tal es el desorden y confusión que Zapatero ha sembrado en sus propias filas, por más que esa deriva del PSC venga de lejos. Zapatero cometió el error de anunciar que aceptaria el Estatut que le llegase de Cataluña, y esperemos que tenga la probidad de proclamar sin ambiguedades que aceptará y actuará en consecuencia con lo que venga del TC, desandando lo que haya de desandar. Lo de menos es la suerte de Zapatero. Importa sin duda más la de España. Y el desorden institucional en que estamos sumidos, afecta a la crisis y a las posibilidades de salir cuanto antes de la crisis, porque afecta a la confianza, en el pais y sus instituciones. Esta es la verdad que se percibe, cuando se piensan las cosas en el ritmo lento, en el espacio calmo de vacaciones, a salvo de la contingencia política.

Nixon, por mucho que se resistiera a aceptarlo, ha pasado a la historia asociado al watergate, y hasta ha consagrado el "gate" para cualquier escándalo (incluido el Madridgate, que afecta a Esperanza Aguirre). Aznar, más allá de sus previsiones, no podrá ser recordado sin referencia a la guerra de Irak y al 11-M. La suerte de Zapatero no está escrita y no hay por qué dudar de que puede todavía prestar un gran servicio a España. El desorden morrocotudo que ha provocado Zapatero y que ha puesto la cultura política de 1978 en cuestión, como ha valorado recientemente Juan María Sánchez-Prieto en el ámbito académico, puede favorecer tras Zapatero (pues se antoja imposible en la actualidad con él) un consenso entre socialistas y populares, que se hace cada vez más necesario, para revisar algunos aspectos de la Constitución española a la luz de la experiencia de estos treinta años. Los nacionalistas también reclaman su revisión en estos días, adelantándose a una posible sentencia desfavorable del TC sobre el Estatut, aunque el alcance que pudiera tener ese consenso pudiera no agradar en algunos aspectos esenciales a los nacionalistas.

Alemania fue un referente para España durante la Transición a la hora de organizar su sistema político y la propia estructura territorial, y debe serlo también ahora que Alemania ha sabido rectificar para asegurar el mejor funcionamiento del estado al servicio de los ciudadanos. España debe proceder también a esa reordenación del estado y sus instituciones. No se trata únicamente de garantizar los mismos derechos y libertades en todo el territorio, sino de hacer frente a los retos que España como nación tiene planteados dentro de Europa en el actual mundo globalizado. Es seguro que tras la sentencia del TC sobre el Estatut volveremos a oír hablar, en un sentido u otro, de "segundas transiciones".