El silencio de los intelectuales (II)

Una convicción de los intelectuales españoles del primer tercio del siglo XX -la edad de plata de nuestras letras- era que la demagogia no solucionaría ninguna de las dificultades y problemas que afectaban a la política y a la vida del país. Por eso algunos temían a la democracia que pudiera surgir desde abajo y se contentaban con preconizar la revolución o las reformas desde arriba. Hoy, parece que nos hemos contentado con que los gobiernos se formen después de las elecciones (en lugar de que las elecciones se hagan después de formar gobierno, para poder controlarlas, como sucedía en la España de la Restauración), y hemos vuelto a dar rienda suelta a la demagogia.

Nuestra vida política parece instalada en un permanente período electoral y, por consiguiente, en una continua conquista del voto. Nada importa verdaderamente sino eso, y como no hay descanso, resulta muy poco convincente el argumento de que para poder desarrollar un proyecto hay que ganar primero las elecciones, porque al final no existe otro proyecto que ganar las siguientes elecciones. Las pocas ideas que pueda tener un político se traducen en simples previsiones estratégicas o tacticistas. Y mientras, los problemas que acucian a los ciudadanos no hallan solución, porque las soluciones requeridas puede ser dolorosas, y lo políticamente correcto -la política que da votos- se acompaña siempre de una ética indolora, aunque por el camino se sacrifique la verdad. Los españoles, en la actual crisis, han acabado por saberlo.

La política de Zapatero se ha entregado más que ninguna otra a la demagogia, y sigue haciéndolo, como se ha comprobado en el inicio del curso político del PSOE con la fiesta-mitín celebrada en Rodiezmo el pasado fin de semana. La simbología del puño en alto, como signo de identidad obrera (y de cercanía a los trabajadores que tanto sufren en estos momentos difíciles), ha sido muy comentada. Lo que invita realmente a la reflexión no es el anacronismo del gesto, sino que lo hagan visible los miembros más jóvenes del gobierno o del partido ("miembras" en este caso, según la terminología acuñada por alguna de ellas) y que más se han destacado por su falta de ideas y de discurso, a la par que por su torpeza política. El temor a la huelga general de los sindicatos, a que se pueda acusar al gobierno de cualquier recorte social, permitió que se lanzaran en Rodiezmo acusaciones a los empresarios que, molestos con Zapatero y su política económica, acaban de anunciar su próxima movilización. Presenciaremos así lo nunca visto en treinta años de democracia en España: la concentración de los empresarios contra el gobierno. Otro logro de Zapatero.

Cuando la demagogia sustituye a las ideas y al verdadero estudio de los problemas, la política se convierte en ultra-política, según la terminología utilizada por Zizek. La ultrapolítica es la forma de negación del momento político más insidiosa y radical. Hurta la verdadera lógica del conflicto político al extremarlo mediante la militarización directa de la política, es decir, reformulando la política como una guerra entre "nosotros" y "ellos" (el Enemigo), eliminando de esa manera cualquier terreno compartido. El juego sucio y la implicación en él de las propias instituciones del estado forma parte de este modelo bélico. La imagen de esta semana de Garzón declarando como imputado ante el Supremo por un supuesto delito de prevaricación en su pretendida causa contra el Franquismo forma parte de esta guerra política. El País, apoyo logístico de Garzón en la ofensiva Gürtel, se ha escandalizado y ha hablado de venganza de la ultraderecha contra el juez de renombre internacional. Pero la degeneración de la política española en ultrapolítica es mérito principal de Zapatero.

El silencio de los intelectuales (I)

El término de intelectuales puede resultar pedante, pero hombres de ideas preocupados por la política afortunadamente no han faltado en la historia. Destutt de Tracy, introductor del término "ideología" a finales del XVIII, aspiraba a que ésta fuera una auténtica ciencia superior de las ideas, socialmente útil y orientada a la transformación de la sociedad. El liberalismo reunió al político y al intelectual en la misma persona convirtiéndole en la piedra angular de la construcción del estado de derecho. Luego, el divorcio de pensamiento y acción, consustancial al adveninimiento de la sociedad de masas, fue visto con tintes pesimistas por parte de los intelectuales, pero consagró el concepto y la figura del intelectual como conciencia crítica frente al poder político y frente a las propias ideologías, entendidas cada vez más como falsas y/o totalizantes representaciones de la realidad que impiden el verdadero conocimiento de las cosas y el progreso de la libertad. Claro, que no han faltado en los tiempos más recientes "intelectuales orgánicos" al servicio de la ideología dominante, dispuestos a sostener el poder o a cambiarlo por medio de una "revolución cultural".

De todo ello hay muchos ejemplos en la historia intelectual de España. De Feijoo o Jovellanos a Alcalá Galiano y Castelar; de Cánovas a Costa, de Giner de los Ríos a Ortega y Azaña, de Fernando de los Ríos a Julián Marías o Tierno Galván. Intelectuales de orientaciones diversas, con verdadera sensibilidad por el saber y el poder de la palabra, y que compartían un mismo afán en términos de voluntad de entendidmiento, de convivencia, de civilismo, de construcción efectiva del Estado constitucional, de dignidad parlamentaria y reputación del poder político, de rechazo de la violencia, de modernización y de apertura a Europa. Intelectuales que albergaban, en suma, una misma preocupación por el devenir de España, y que hoy curiosamente parecen haber desaparecido, bien porque no merecen o no se les concede esa consideración, o -lo que es más triste- porque callan vergonzamente. Al menos, lo han hecho hasta ahora generalmente, retirados en su torre de marfil o comprando su silencio al calor del presupuesto público, sin atreverse a criticar a quien generosamente le paga, o querría que pagase sus servicios, y a ello dedica sus desvelos para ejercer después "libremente" la "profesión". La profesionalización de la política no ha generado únicamente una política inconsistente, sino también un intelectual inconsistente, absolutamente silente, bien porque se ha acomodado al poder, bien porque se ha retirado o desentendido completamente de lo que sucede en el espacio público.

Zapatero tiene buena parte de responsabilidad en esta nueva versión de "la traición de los intelectuales" (el célebre título de Benda). Zapatero ha presumido inocentemente de contar con el apoyo de los intelectuales, cuando de lo que ha disfrutado más bien ha sido de la compañía y complicidad cortesana de un significado grupo de "artistas", tan ensalzados y alimentados desde el poder en su calidad de portadores de los "nuevos valores" culturales, como denostados por la oposición como simples "tiriteros" o "socialistas millonarios", que claman contra la guerra y otras injusticias, o consienten con ellas, en función del guión establecido o la oportunidad del contexto. Lejos de erigirse en una voz crítica hacia el poder, estos nuevos "intelectuales orgánicos" no forman más que un coro que acompaña a la política-propaganda del socialismo de Zapatero, muy alejada por demás de otras luces y letras que no sean los focos y los tipos de los platós y pantallas de televisión. Algunos reprochan estos días a este coro de celebridades que no alcen su voz contra la presencia de España en la guerra de Afganistán, o contra el envío de nuevas tropas para "imponer la paz" allí, cuando lo que habría que echarles en cara es que se hayan prestado estos años a jugar con una palabra como esa, PAZ, montando la llamada Plataforma de Apoyo a Zapatero, que resulta tan sorprendente(mente ridícula) como el logotipo ZP o el símbolo de la ceja, que sin duda no pasarán a los anales de la Historia.

Reducidos los intelectuales a esta categoría fabricada por Zapatero, no es de extrañar en el fondo que (los auténticos) hayan desaparecido del escenario. Pero no es ésta razón suficiente para su silencio, insensibles, parece, al delicado momento que registra España, golpeada severamente por la crisis y llena de incertidumbre con vistas al futuro, no sólo en el ámbito económico, aunque los datos galopantes del paro y del déficit público resulten por sí mismos estremecedores. Resulta igualmente preocupante que la prensa, o cuanto menos la que se declara independiente y de ideas, y que se le suponía llamada a prolongar la función intelectual dentro de una sociedad democrática y de masas, únicamente se atreva a elevar un pensamiento crítico cuando (después de haberse lucrado a la sombra del poder) sus intereses económicos comienzan a peligrar. El País, que ha cubierto no informativa sino políticamente muchos desaguisados del gobierno del PSOE en los últimos años, ha hablado ya hace unos días -con mucho retraso respecto a la percepción de la ciudadanía- de una España "a la deriva" bajo el débil pulso de Zapatero (imagen que éste ratificó en el debate parlamentario de ayer, y que Rajoy aprovechó simplemente para ir a lo suyo). Aunque no hay mucha esperanza de que dicho periódico pueda volver a sentar "autoridad" ni marcar el rumbo de las ideas, a la luz del amarillismo de que ha hecho gala también  últimamente (fotos de las fiestas privadas de Berlusconi o, aún más, de la prostitución en las calles de Barcelona). Pero de eso -de la partidización y creciente frivolidad de la prensa y otros medios de comunicación en España- puede vanagloriarse igualmente Zapatero. Un dudoso mérito que no ha bastado para hacer reaccionar a los intelectuales.

Cataluña / España: cuestión de preámbulos

No todos los hombres saben lo que dicen; y a algunos, sobre todo si son políticos, no se les perdona. Menos desde la derecha, por muy evangélica que del otro lado la supongan. Es lo que le ha pasado a Rubalcaba, después de que se le ocurriese afirmar que "España no puede negar la decisión del parlamento catalán", frase que ha corrido como la pólvora en las últimas 48 horas, y ha armado algunos trabucos, cuando los nervios siguen vivos a la espera de que el Tribunal Constitucional se decida a pronunciar su sentencia sobre el Estatut.

Particularmente solemne en la respuesta al ministro se ha mostrado Alejo Vidal-Quadras, el chivo expiatorio de Aznar cuando éste pacto con Pujol (CiU) en la primera legislatura que gobernó el PP. En una carta abierta (publicada por LaNación.es), el catedrático de Física y actual europarlamentario del PP sale por la tremenda, dando lecciones de metafísica y de moral, cuando reprocha a Rubalcaba que diga "disparates monumentales" y que falte a las "solemnes promesas" realizadas al tomar posesión como ministro y diputado.

Vidal Quadras, a quien nadie puede negar su condición de político inteligente y brioso, se permite recordar lo que Ortega y Gasset, por otra parte, expuso ya con claridad en los debates de la Segunda República. La diferencia entre soberanía y autonomía. La primera, asociada al poder constituyente, y que corresponde en exclusiva -tal y como recoge la vigente Constitución de 1978- al pueblo español en su conjunto, a la nación española, depositaria de esa soberanía indivisa, y de donde nace el derecho a la autonomía consagrado por los Estatutos. La autonomía subordinada, pues, a la soberanía. Esto se puede explicar de muchas maneras (de hecho, en la Segunda República, Azaña difería en el modo de hacerlo de Ortega), pero en lo fundamental, a partir de esas categorías, está claro que no es Cataluña quien puede imponer sus decisiones a España (otra cosa es que deba hacerlo España a Cataluña).

¿Por qué has pronunciado públicamente unas palabras que hacen un daño inmenso a la Nación a la que te has comprometido a servir y que sabes sin ningún género de duda que son falsas?

La pregunta de Vidal-Quadras a Rubalcaba es retórica (sin necesidad de abrir una discusión acerca de lo verdadero y lo falso). "Espero con impaciencia tu respuesta o tu silencio". Seguramente lo segundo, porque el ministro había querido explicarse la víspera. Según el ministro, únicamente se había referido a la incorporación del término nación al preámbulo del Estatut, y a la forma en que figuraba en esa parte del texto, aludiendo a la declaración aprobada por el parlamento catalán sobre el propio "sentimiento" de identidad catalana. La pre-respuesta de Rubalcaba a la pos-pregunta de Vidal-Quadras también es retórica, pues a nadie se le escapa el fondo político del asunto.

Decir que el preámbulo no tiene carácter o valor normativo y que por ello poco importa lo que diga, es un simple bote de humo, más viniendo del ministro del Interior y, a la vez, el miembro más avezado del gobierno. El preámbulo no tiene un puro interés cultural o de contextualización del momento político en que se aprobó la norma y que deba ser recordado. Persigue, como es lógico, iluminar y llenar de sentido político todo el articulado (parte del cual responde evidentemente a la lógica de la soberanía catalana recogida ahí).

Y si no que se lo pregunten a los navarros, que bien que se preocuparon de sentar en el preámbulo del Amejoramiento del Fuero (1982) la doctrina del Pacto, y casi se mueren del susto cuando por error desapareció ese preámbulo de la publicación de la Ley en el BOE (y hubo que volver a publicarla). Ese preámbulo sigue condicionando la política navarra (y las relaciones de Navarra con el País Vasco y con el gobierno de España, en un sentido estas últimas que bien desearían los catalanes en algún aspecto, por más que en el texto navarro no se hable de nación ni de soberanía originaria).

Por ello, y sea cual sea la sentencia del TC, ya que presume Rubalcaba de haberse "currado" en su momento las enmiendas del parlamento español al Estatut catalán, ya podía decirles a sus correligionarios y antiguos socios catalanes que podían ellos también haberse currado en su día algo más el susodicho preámbulo, que para ser una pieza expositiva llamada a la posteridad, bien merecía un poquito más. No ya de estudio previo o de conocimiento de la historia, sino de finura para el uso político de la misma y para su propia escritura.

Desorden institucional (y III)

El País, dispuesto a hacer daño a Zapatero, habla de escaso talante democrático, amiguismo e intervencionismo del gobierno en los medios de comunicación para asegurarse el disfrute del poder. El PP denuncia la utilización de los medios del estado por parte del propio gobierno para destruir a la oposición. Y, mientras, la economía -el mercado- sufre la agonía de una crisis negada en su día por Zapatero y que en España amenaza ya con la deflación, mientras otros países europeos han iniciado la senda de la recuperación. Más allá de determinados contextos que favorecen coincidencias de juicio ocasionales, todos los referentes esenciales de una sociedad democrática avanzada -la pujanza del estado de derecho, de la esfera pública y del mercado, estimulando permanentemente a la sociedad civil- aparecen ensombrecidos en el horizonte español como consecuencia de algo más que una simple tormenta de verano. La sensación de desorden y confusión que invade y desazona, no se explica únicamente por un errático estilo de gobierno basado en la altanería ideológica, el capricho personal y la improvisación política, aunque no deba menospreciarse el efecto que todo ello tiene en el entramado institucional.

La situación actual en que se encuentra el Tribunal Constitucional (TC) es elocuente. La partidización de las principales instituciones, junto a la territorialización del poder, ha consagrado en España el estado de las banderías. La lógica particularista prevalece sobre cualquier interés general. La política de hechos consumados, sobre los principios básicos de organización de la convivencia. Y ante eso, el TC, el supuesto garante del orden (constitucional e institucional, pues no hay constitución sin institución), parece incapaz de ejercer sus funciones. Que sea por falta de atrevimiento o por servilismo es lo de menos. Han pasado tres años desde que el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto catalán, y seguimos a la espera, aunque parece que el parto es inminente. El actual ministro de Justicia Caamaño ha dicho que la sentencia será la más compleja de la historia y que marcará el futuro del Estado de las autonomías. El futuro o el fin, porque no hay muchos constitucionalistas que entiendan que la Constitución del 78 pueda dar cobertura a un Estado confederal, que es lo que se deriva del nuevo Estatuto catalán, como han venido reclamando los nacionalistas con la fórmula del Estado plurinacional.

Pero curiosamente el ministro, que es catedrático de derecho constitucional, ha quitado hierro al asunto. El Estatut "lleva aplicándose dos años y pico largos y no ha pasado nada excepcional". Sorprende en un ministro de Justicia está legitimación de la política de hechos. Como si no importara que pueda estar aplicándose una ley contraria a la constitución, ley de leyes, y garantía de los derechos fundamentales y libertades de todos los ciudadanos. Como si no estuviera siendo elocuente, en pleno desaguisado económico, la confusión llena de cesiones y sobresaltos en torno a la nueva financiación autonómica que, termine como termine esa negociación, y sean justificables o no los términos finales, siempre serán favorables a Cataluña, porque esa es la premisa básica de que se parte, y de espaldas al resto, ateniéndose a la "bilateralidad". El desorden alimentado por Zapatero nace de su propia confusión entre la España plural -la idea de España como nación plural, que es legado de 1978- y el Estado plurinacional o confederal, ignorando cualquier matiz y distinción, lo que indujo a la vasquización de las reivindicaciones catalanas y a una mayor radicalización de las vascas.

Zapatero es el principal responsable del actual enredo catalán. Pensaba que el nuevo Estatut le perpetuaría en la política española, a él y a su partido, y ahora no sólo ha perdido el apoyo de sus antiguos socios (ERC) o minado la confianza del nacionalismo moderado (CiU) en Cataluña, sino que corre el riesgo de incrementar sus dificultades parlamentarias a costa del PSC, los socialistas catalanes, que se atreven ya a hablar de "gobierno de coalición" en Madrid entre PSOE y PSC, como si fueran realmente dos organizaciones completamente distintas, tal es el desorden y confusión que Zapatero ha sembrado en sus propias filas, por más que esa deriva del PSC venga de lejos. Zapatero cometió el error de anunciar que aceptaria el Estatut que le llegase de Cataluña, y esperemos que tenga la probidad de proclamar sin ambiguedades que aceptará y actuará en consecuencia con lo que venga del TC, desandando lo que haya de desandar. Lo de menos es la suerte de Zapatero. Importa sin duda más la de España. Y el desorden institucional en que estamos sumidos, afecta a la crisis y a las posibilidades de salir cuanto antes de la crisis, porque afecta a la confianza, en el pais y sus instituciones. Esta es la verdad que se percibe, cuando se piensan las cosas en el ritmo lento, en el espacio calmo de vacaciones, a salvo de la contingencia política.

Nixon, por mucho que se resistiera a aceptarlo, ha pasado a la historia asociado al watergate, y hasta ha consagrado el "gate" para cualquier escándalo (incluido el Madridgate, que afecta a Esperanza Aguirre). Aznar, más allá de sus previsiones, no podrá ser recordado sin referencia a la guerra de Irak y al 11-M. La suerte de Zapatero no está escrita y no hay por qué dudar de que puede todavía prestar un gran servicio a España. El desorden morrocotudo que ha provocado Zapatero y que ha puesto la cultura política de 1978 en cuestión, como ha valorado recientemente Juan María Sánchez-Prieto en el ámbito académico, puede favorecer tras Zapatero (pues se antoja imposible en la actualidad con él) un consenso entre socialistas y populares, que se hace cada vez más necesario, para revisar algunos aspectos de la Constitución española a la luz de la experiencia de estos treinta años. Los nacionalistas también reclaman su revisión en estos días, adelantándose a una posible sentencia desfavorable del TC sobre el Estatut, aunque el alcance que pudiera tener ese consenso pudiera no agradar en algunos aspectos esenciales a los nacionalistas.

Alemania fue un referente para España durante la Transición a la hora de organizar su sistema político y la propia estructura territorial, y debe serlo también ahora que Alemania ha sabido rectificar para asegurar el mejor funcionamiento del estado al servicio de los ciudadanos. España debe proceder también a esa reordenación del estado y sus instituciones. No se trata únicamente de garantizar los mismos derechos y libertades en todo el territorio, sino de hacer frente a los retos que España como nación tiene planteados dentro de Europa en el actual mundo globalizado. Es seguro que tras la sentencia del TC sobre el Estatut volveremos a oír hablar, en un sentido u otro, de "segundas transiciones".

Desorden institucional (II)

El País es un gran periódico, pues sabe como pocos modular los estados de ánimo colectivos. Durante la Transición comenzó a proclamar a partir de 1980 la idea del "desencanto" (la política española había entrado en una fase de desencanto, que hacía inevitable a la postre el relevo en el poder de Adolfo Suárez por los socialistas), y posteriormente ha jugado muchas veces con el tema de la "crispación", como lo ha vuelto a hacer en fechas recientes. El País, en los últimos meses, con ocasión del caso Gürtel particularmente, ha jugado a la crispación publicando materiales judiciales sujetos a secreto de sumario o provenientes de fuentes policiales que ni siquiera figuran en ningún sumario. Se ha dejado querer por sus informantes. Ha disfrutado a placer con la dosificación de la información "prohibida", valorando las reacciones, midiendo su impacto político. No ha dudado en exagerar los argumentos entrando directamente en el combate político.

El País ha jugado a la crispación, formando parte del juego político del gobierno y los socialistas contra la oposición representada por el PP, y ha acusado con cierto fariseísmo a la secretaria general del PP, Cospedal, de "prender la mecha de la crispación" por denunciar ante la opinión pública la "persecución" que sufre la oposición por parte del gobierno, valiéndose éste para ello de los propios instrumentos del estado (Fiscalía, policía). Los populares tendrían constancia de "escuchas ilegales" practicadas a sus dirigentes, propias de un "estado policial". Las publicaciones aparecidas en ciertos medios (en El País fundamentalmente) así vendrían a demostrarlo. Ante semejantes palabras, sin duda mayores, El País sirvió el escándalo con palabrería de no menor calibre, reprochando a la oposición que acudiera de nuevo a la teoría de la conspiración como ya hizo sobre el 11-M. En un duro editorial (9-08) exigía pruebas o dimisión de los líderes del PP que habían sustentado esas gravísimas acusaciones.

Resulta sospechosa, si no fuera obsesiva, la continua actitud de este periódico en reclamar el abandono de la política de destacados dirigentes del PP (Cospedal, Camps), hurtando de esta manera la verdadera confrontación democrática (en donde deben labrarse las verdaderas victorias y derrotas políticas), por mucho que El País se envuelva en la bandera de las instituciones a la hora de justificar sus peticiones. Es la misma sensación de impotencia y juego sucio que manifiesta el PSOE, como si confiara en conquistar o reconquistar políticamente algunos feudos por estos medios (enterrando vivo al adversario) antes que por la derrota directa en las urnas del oponente. Y es el mismo discurso de Zapatero, exigiendo mesura y responsabilidad al PP en sus declaraciones, al mismo tiempo que garantiza como presidente (en una manifestación más de su pensamiento mágico) el "correcto funcionamiento" del estado de derecho y de las instituciones.

El tópico, a base de repetirse, no se hace verdad. En España no funcionan correctamente las instituciones, es una lástima tener que decirlo así. Resultaría penoso, si fuera cierto, que el PP estuviese lanzado a una estrategia de descrédito de las instituciones. Para algunos son las acusaciones de espionaje sin pruebas las que amenazan con una quiebra institucional. Cuando, para comenzar, esa "acusación" no sólo es creíble sino, por triste que sea, bastante plausible a la luz de experiencias inmediatas o relativamente cercanas practicadas por unos u otros. El País ha explotado periodísticamente el caso de espionaje político en la comunidad de Madrid (que deja en entredicho a Esperanza Aguirre) y Rajoy ha recordado en estos días el escándalo de las escuchas ilegales del CESID (hoy CNI) bajo un gobierno de Felipe González, que acabó con la dimisión del entonces vicepresidente Narcis Serra. Alguna evidencia, susceptible de ser presentada en su momento ante un juzgado, deben tener los actuales responsables del PP para haber entrado a este juego con tantas ganas, más allá del afán que tengan de refrescar la memoria a Rubalcaba, quien tacha el asunto de infamia, y de las expectativas electorales que estimen pueda reportarles esta imagen de "persecución".

Allá ellos con sus divertimentos, pero no es éste el quid de la cuestión (por deplorable que sea la judicialización de la política, previa politización de la justicia, y de los medios, lo que contribuye a un general desorden y confusión institucional, presente en todo juego de máscaras), como ha podido verse de hecho en estos últimos días con el "giro" dado por El País. De tanta crispación provocada, de tanta crispación combatida, El País mismo ha acabado crispándose. La paradoja es que se ha vuelto contra el gobierno, a cuyos intereses servía en todo este asunto de la crispación. El fútbol levanta pasiones; y la guerra de los derechos televisivos del fútbol, todo un mar de crispación política; al menos en el capitalismo de izquierda, al que también afecta la crisis económica. El decreto de la TDT de pago, aprobado por vía de urgencia, después del fracaso de la fusión de las dos cadenas más afines al socialismo (Cuatro y la Sexta), ha encendido al grupo Prisa y el incendio puede tener graves consecuencias para el socialismo gobernante.

El antiguo soporte del felipismo, que nunca ha ocultado sus diferencias con el zapaterismo, ha roto el discurso del presidente sobre la bondad de nuestro estado de derecho y de nuestras instituciones y ha acusado directamente a Zapatero de practicar el más rancio clientelismo, además de dar pruebas de intervencionismo, propio de una república bananera, para doblegar a los medios "independientes". Juan Luis Cebrián ha ido más lejos y ha afirmado que ese decreto es un abuso que contradice abiertamente el talante democrático que pregona el gobierno. Un reportaje del periódico abundaba por demás en la enorme confusión que esa medida había generado en el mercado. O lo que es lo mismo, El País ha reconocido que en España con Zapatero no funcionan correctamente las instituciones. Esta es la razón de fondo que conduce a su descrédito y a la amenaza de quiebra institucional, que tanto preocupa a El País y en el país.

Desorden institucional (I)

No han sido pocos los intelectuales que, en los últimos cien años, han reflexionado -y lo siguen haciendo en la actualidad- sobre la precariedad de la democracia. La democracia es frágil y delicada, requiere de mil atenciones para que se desarrolle vigorosa, y sin una actitud vigilante y respetuosa de las reglas y de determinadas formas de moralidad pública, es fácil que en poco tiempo pueda perderse lo que tardó mucho en convenirse y hacerse fructificar. Vivimos tiempos acelerados, donde los progresos de la innovación científica y tecnológica, no se corresponden necesariamente con la serenidad o profundidad del pensamiento, ni con una mayor madurez en los modos de actuar o manifestarse. Más bien sucede lo contrario, tanto a nivel individual como colectivo.

El desorden y la confusión, en todos los ámbitos, parecen signos del tiempo presente. Cada vez es más complejo adivinar la propia realidad personal y social. La historia y la política actual se antojan más que nunca como un drama, aunque algunos prefieran disipar o disfrazar la inquietud o el malestar que les proporciona esa experiencia dramática con nuevas formas de mascarada -más propias de una sociedad cortesana que democrática-, antes que confesar su indecisión o incapacidad de afrontar responsablemente el futuro. Cuanto más se cierne la atmósfera de crisis, achicando el espacio de experiencia y alejando el horizonte de expectativa, con mayor fuerza se manifiesta el entretenimiento cortesano.

España se aleja de los principales países europeos (Alemania, Francia) que comienzan a salir de la recesión económica, y se deja ver tal como es, como una imponente fábrica de parados, este es el fuerte componente diferenciador, gobernada por grandes artistas de la imagen y la propaganda, a la vez que tristes improvisadores (más que administradores) del déficit público. Pero antes muertos que sencillos, como los viejos hidalgos españoles del siglo XVII, que aunque no nos llegue ya la camisa al cuello, los puños dobles son, y relucientes, por más que los gemelos sean de hojalata. Ese orgullo de hidalgo, que comienza a resultar quijotesco, por lo que tiene de pérdida del juicio político, es el que exhibe cada vez con menos rubor Zapatero.

Resulta trágico-cómico, si no fuera dramático, que el gobierno de Zapatero presuma de medidas presentadas como sociales y que apenas aprobadas se demuestran enormemente injustas, como ha sucedido con los 420 euros anunciados para los que han agotado las prestaciones de desempleo pero que -paradoja o demagogia- se aplican a quienes se encuentran en esa situación desde el 1 de agoto dejando fuera a la gran bolsa de parados sin subsidio a los que se decía querer socorrer. Y cuando el pueblo no se comporta como vulgo y se rebela contra su señor, entonces él, condescendiente, se inclina a escuchar y anuncia solemnemente que se revisará la medida, y que la ayuda se extenderá -oh graciosa concesión- a "los que la necesiten", lo que seguramente ha sembrado mayor caos en las oficinas del INEM. Ya lo ha dicho el actual ministro de Fomento José Blanco: aquí no habrá "decretazos" recortando derechos sociales como hizo el PP. Se suben los impuestos a los ricos y ya está. El problema es que entre los ricos se encuentran los cortesanos que rodean al gobierno del PSOE.

Zapatero, para no perder su sonrisa festiva, ha hecho desfilar a sus ministros y a sus ministras o vicepresidentas, improvisando vistosas medidas, dentro de una cuidada escenografía, con llamativo vestuario, como si se tratara de una cabalgata, la principal versión pública de las viejas mascaradas. El presidente se basta a sí mismo, no necesita consejos, no busca consensos, aunque se rodee de músicos y bailarinas, que han coreado las interpretaciones en los medios de comunicación u otros foros de la corte. Buscando todos halagar al patrón. Pero como en toda mascarada, hay enmascarados que no hablan ni cantan y que son cortesanos. Lo que sucede ahora, y sin duda contribuye a una mayor confusión, es que algunos enmascarados han descubierto su cara y han desafiado abiertamente al patrón, cansados de ser amigos del patrón o de que el patrón les haya dejado de tener como amigos, porque se afana en contentar a otros amigos que le halagan más. La reacción de El País (y el grupo Prisa) ante el "decretazo" del gobierno sobre la TDT de pago es elocuente al respecto, como referiré más tarde.

La democracia, los ciudadanos y las instituciones están en boca de todos, pero la política es concebida como un simple juego, haciendo gala de una frivolidad creciente. Bien es cierto que periódicamente se manifiesta bajo el lenguaje de la crispación. Porque es obvio que cuando se desconocen o no se respetan las reglas, jugadores y espectadores se acaban, en efecto, crispando.

ETA y el PP

En verano se puede ver de todo y se consiente todo, incluso en política. Hay imágenes que no pasan desapercibidas, aunque se produzcan en una de esas tormentas de verano con mucho ruido y aparato eléctrico. Para algunos podrán formar parte del espectáculo en que se quiere convertir la actividad política, pero tanta desnudez, y de tan escaso gusto, acaba molestando a los espíritus más puros y sensibles. Es lo que ha sucedido con la escenificación de la detención policial de militantes del PP en Mallorca, exhibidos bien esposados ante las cámaras, como si de peligrosos delincuentes se trataran, al día siguiente de que ETA volviera a atentar por segunda vez en lo que va de mes en la isla, dentro de su particular campaña de verano, tratando de demostrar la buena salud de que goza la banda terrorista en su 50 aniversario, y de forzar una nueva negociación con el gobierno, aspecto al que no ha dejado de referirse en su último comunicado.

Antes de que este hecho de las detenciones del PP se produjera, la tormenta de verano se había desatado por unas declaraciones de la secretaria general del PP afirmando (tras la torpeza cometida por la vicepresidenta De la Vega a propósito del archivo del caso Camps) que el gobierno perseguía con más saña al PP que a ETA. La expresión no fue excesivamente afortunada, por más que los calores marbellís que la acompañaron tengan su parte de culpa (aunque, a decir verdad, más allá de la forma y la oportunidad, esas declaraciones no son en el fondo muy distintas de las que pronunció tiempo atrás el Fiscal Conde-Pumpido contra Garzón, en un arranque de sinceridad). El PP ha podido en el pasado instrumentalizar políticamente la lucha contra el terrorismo, pero no se acaba de entender, si no es por inmadurez, ceguera o subordinación política de los responsables, que pueda cometerse un exceso de este tipo, pues a la postre este sinfín de torpezas termina haciendo que sea o parezca verdad la afirmación de Cospedal.

Mientras ETA mata y pone bombas en Mallorca, trastocando de forma dramática la vida de tantos ciudadanos y turistas, y la misma imagen de España, la policía hace una demostración de fuerza con militantes del PP, lo que llama la atención de cualquiera, pues lo que el sentido común y la audiencia esperan en esas circunstancias es la noticia de la detención de los terroristas. Evidentemente no hay que pensar que no hagan todo lo posible para ello, pero razón de más, puesto que los resultados no son los esperados, para no desconcertar a propios y extraños con actuaciones como esta. Es obvio que la Fiscalía y la Policía tienen la obligación de perseguir a los corruptos, allá donde se encuentren, sin exclusión de los partidos políticos, pero llueve sobre mojado. Basta recordar lo que sucedió en Canarias, antes de que se desatara el caso Gürtel, donde se urdió una operación de criminalización del PP, en que magistrados, policías y periodistas actuaban juntos de un modo más que dudoso, y que los tribunales tendrán que juzgar ante la denuncia interpuesta por el PP.

Situar a ETA y al PP en el mismo plano resulta una imagen burda y excesiva, se haga con la intención que se haga. No es ciertamente la primera vez que se ha jugado con ella, pues lo hicieron socialistas o nacionalistas cuando el PP discutió en la pasada legislatura la politica antiterrorista del gobierno, antes de que éste rectificara en la actual. Se buscó entonces situar a ETA y al PP en los extremos, como ejemplo de radicalismos que había que evitar. Como si la existencia y las actitudes del PP justificaran la presencia de ETA, como en tiempos del franquismo, idea que se barajó de forma sutil para sostener la apuesta de Zapatero por la negociación con ETA.

Producido el giro de timón contra ETA, se escuchan ahora voces en el ámbito vasco entre los socialistas, aparentemente bienintencionadas, celebrando que el PP (vasco) haya entrado en la normalidad democrática, en constraste, dicen, con la vieja AP. Se olvida que incluso el núcleo del viejo PP vasco con Mayor Oreja procedía de UCD, y que, por lejano que pueda parecer ya, mérito de Aznar en la oposición fue la refundación del PP recogiendo la herencia de UCD y a costa del propio espacio electoral del CDS de Adolfo Suárez. Con todo, no es suficiente que desde el PSOE se haya superado la tentación de asimilar a ETA con el PP en el plano político, si no lo hace también el gobierno en el policial. No basta con descalificar, algo tendrá que explicar el ministro del interior Rubalcaba. Tanta frivolidad, aunque estemos en verano, no es de recibo.

Viñeta de

Martín Morales en Estrella Digital, 15-08-2009