Chapapote ideológico

El gobierno Zapatero es un como un petrolero, de dimensiones más reducidas que las que gusta aparentar, que anda sin norte, con el casco averiado, vertiendo crudo al mar. Lo de menos es si hay rotos o simples grietas en los costados, si son hilillos o auténticas fugas sin control del oliscoso líquido negro lo que ensombrece el panorama español. Más allá de los obstáculos que se haya podido encontrar la embarcación a su paso, y de la responsabilidad que pueda tener el capitán de la nave por no haberlos valorado suficientemente ni tomado las debidas precauciones, o por no haberlos sabido evitar, se tiene la impresión de que la razón del desastre no es tanto externa como interna. El problema no está fuera, en las condiciones de la mar y en la presencia de obstáculos insalvables, sino en los propios motores del petrolero.

El gobierno y sus corifeos insisten en que el gobierno es estable, puesto que no pierde votaciones en el parlamento. Matices a parte, es esa misma política de geometría variable en las cortes españolas la que está debilitando considerablemente a Zapatero. Zapatero gana las votaciones fundamentales que se propone, pero la imagen que transmite y que percibe la ciudadanía es de debilidad, de sumisión a los grupos o lobbies que le sostienen, de falta de solidez en lo que dice, y de falta de coherencia en lo que hace. A base de forzar los motores en una dirección, y enseguida en la contraria, a base de bandazos, de dar marcha atrás y otra vez hacia delante, está claro que el mareo y el caos no afecta sólo a la tripulación.

Esa imagen trasciende fuera y es la que proyecta ahora España. Una imagen que hace aguas por todos los lados, o al menos por los principales aspectos que deben regir la vida de cualquier nación o Estado que se precie: la economía, la política interior y la exterior. España no tiene credibilidad y se ha situado a la cola de la recuperación económica, provocando comentarios crueles en medios financieros de prestigio. Resulta igualmente preocupante que los últimos debates de política interior o que hayan hecho reaccionar a la ciudadanía tengan que ver con las dudas o amenazas directas por parte del gobierno a los derechos y libertades fundamentales, como ha sucedido a propósito del controlador de escuchas Sitel y de Internet.

Que un ciudadano no sepa si está siendo vigilado en sus movimientos y comunicaciones como un terrorista o un narcotraficante, o que el gobierno pueda hacerlo sin permiso judicial y sin que llegue siquiera a saberse, es ciertamente inquietante. Pero que un gobierno apueste directamente por cerrar webs y controlar el acceso de los ciudadanos a Internet, una vea más sin orden judicial, como ha pretendido hacer de rondón en la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, es verdaderamente indicador de su pérdida de sensibilidad democrática (y hace mucho más plausibles las veladas acusaciones de la oposición sobre la presunta incorrecta utilización del Sitel por parte del ministerio del interior). La rebelión de los internautas contra esa medida ha sido tan fulminante y contundente que el propio Zapatero tuvo que desdecir a la ministra de cultura, más preocupada por los intereses restringidos del gremio a que pertenece, que por la auténtica cultura y la libertad de expresión.

Cuando no se percibe que la política interior esté orientada al servicio de los intereses generales, más complicada se vuelve la política exterior. A España no se le toma en serio fuera. No hay asunto que le afecte que no dé sensación de impotencia, aislamiento y falta de decisión por parte del gobierno. Del secuestro del Alakrana por los piratas somalíes, al más reciente de los tres cooperantes españoles en Mauritania de manos de Al Qaeda, pasando por las relaciones con Marruecos actualmente en jaque a propósito de la activista saharaui Aminatu Haidar, o por la complaciente actitud española ante Gibraltar, donde las fuerzas británicas se permiten hacer prácticas de tiro con la bandera española o detener a guardias civiles españoles cuando estos persiguen a presuntos narcotraficantes que se refugian en el peñón. Hechos todos, que hemos presenciado o vivimos estos días, donde España no es respetada, y no lo es porque no es capaz de tener ni de adoptar una posición clara.

Zapatero es víctima de sus propios prejuicios ideológicos. Juega a inventar un ejército pacifista de simples tintes policiales y una seguridad privada de carácter militar. Apela a la memoria histórica y se afana en abrir tumbas (siempre que se trate de refrescar el franquismo), pero no entiende de responsabilidades históricas (reniega y se desentiende de los últimos restos del colonialismo español, como si cupiera también pedir responsabilidades al difunto Franco por el problema del Sahara, pero da carta de naturaleza al imperialismo británico en Gibraltar). Zapatero confiaba en llegar en buenas condiciones a la presidencia española de la Unión Europea y repostar allí para encarar el resto de la legislatura. Pero su imagen se ha deteriorado enormemente, no tiene un proyecto que ofrecer y carece de verdadero impulso.

En estos momentos de dificultad objetiva se observa con mayor claridad que todo lo que se halla a su alrededor es chapapote ideológico. Lo busque o no, es lo que consigue. Chapapote ideológico es su huera Ley de Economía Sostenible y su verdad más íntima, el golpe sorpresivo a Internet. Chapapote ideológico es su planteamiento de la reforma de la ley del aborto, y la polémica sobre los crucifijos en las escuelas. ¿Cuántos crucifijos hay actualmente en la escuela pública? ¿Y piensa Zapatero realmente que cabe exigir retirarlos de los centros concertados y de los centros privados, por mucho que lo quieran los republicanos independentistas catalanes de ERC? Cuando a través de la propia legislación que se promueve sólo se mira al pasado (felizmente desaparecido) o a un futuro utópico (que no se alcanza por el deseo de formularlo, trátese de producir el cambio del modelo productivo o el freno del cambio climático), lo único que se consigue es obviar el presente. Lejos de favorecer el esfuerzo conjunto para solucionar los problemas del momento, lo único que se consigue es manchar y dividir.

Por supuesto, la culpa del chapapote ideológico, como en todo, es del PP. Y lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Tribunal Constitucional con el Estatut catalán es emplearse a fondo para desenmascarar el cinismo del PP, que plantea un recurso para Cataluña y vota eso mismo para Andalucía. Ese es el verdadero problema y no otro, como afirma hoy todo un profesor de derecho constitucional en la tribuna de El País, pretendiendo que el tribunal falle explícitamente contra el PP y no tanto contra el Estatut. El chapapote ideológico lo ha contaminado todo. Bien hará el PP a partir de ahora en emplearse a fondo para recuperar el mejor paisaje de la política española, por la cuenta que le trae si quiere gobernar, que de chapapote en efecto Rajoy y los populares tienen experiencia y saben un rato.

Ex Euskadi lux

En este día sombrío, donde el calendario se empeña en celebrar la Constitución, sin que los ánimos acompañen mucho, lo único novedoso es la presencia del lehendakari vasco en los actos conmemorativos de la carta magna. Lo extraordinario es la normalidad vasca, la bandera política que levanta con decidida voluntad Patxi López desde el PSE, con el apoyo del PP de Basagoiti.

El hecho invita a la reflexión, en un momento en que el gobierno Zapatero anda a la deriva perdiendo crudo, y cuando el chapapote alcanza ya a los principales lugares de la política española. A estas alturas nadie duda de que el más cierto proyecto de Zapatero es la ausencia de todo verdadero proyecto. Los errores de Zapatero no sólo han comprometido su política sino que han puesto en cuestión la cultura política de 1978. Ese ha sido su error más ontológico, si es que no ha sido algo deliberado, y el problema es que ahora, encallados, no sabe como salir de ahí.

No lo sabe él y no se sabe si alguien lo sabe. Queremos creer que el Tribunal Constitucional nos sacará del atolladero del Estatut, auténtico nudo gordiano de la deconstrucción política del espíritu de la Transición a que nos ha sometido Zapatero, alentando de modo irresponsable una auténtica reforma de la Constitución y de la organización del Estado por la puerta falsa de las reformas estatutarias, todo condimentado con el picante del regreso al mito de dos Españas, que de su mano nos retrotrae no ya a los años 30 del siglo pasado, sino a los comienzos mismos de la historia de España, si es que podemos hablar de España en algún momento concreto de la historia de nuestros ancestros.

No es fácil celebrar con un poco de entusiasmo una Constitución en la que el gobierno ni cree ni deja de creer, porque ni siquiera plantea su reforma, pero que sin duda ha contribuido a debilitar estos últimos años. El PSOE actual de "patriotismo constitucional" anda más bien escaso, por mucho que en otros tiempos tocara esa tecla. Claro que tampoco son necesarios muchos ardores guerreros, pero cuando no abundan las ideas, más imprescindible se hace un mínimo de lealtad constitucional.

Un poco de lealtad basta. El ejemplo de Euskadi es elocuente. El escenario más conflictivo –si obviamos ahora el terrorismo– se ha trasladado a otros lares políticos, cuando Ibarretxe había conseguido no hace mucho extenuar hasta a los suyos. A los más pesimistas, que no ven una salida fácil a la actual situación política española, ciertamente enrarecida, con un gobierno desnortado, descoordinado y con signos visibles de nerviosismo y agotamiento, únicamente hay que decirles: ex Euskadi lux.

La luz viene de Euskadi. Cuando parece que no hay solución, o que es imposible convenir nada, en esas circunstancias el consenso, como el río, acaba abriéndose paso precisamente porque no hay más remedio que ponerse de acuerdo. Y el acuerdo más sencillo siempre es cumplir y hacer cumplir la Constitución. La actual, la que se tiene. Es la vía más segura a la normalidad. La normalidad política que anhela –que sigue anhelando, 31 años después– la sociedad española. Es preferible la falta de imaginación a la confusión y el desorden incontrolado.

PS. Por cierto: ¿dónde estaba hoy la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, tan deseosa de articular un "discurso nacional" alternativo dentro de su partido? Si los políticos posponen la Constitución a su propio descanso ¿para cuando dejan el sentido de responsabilidad?

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

La dignidad del Tribunal Constitucional

El pasado 26 toda Cataluña se desayunaba con un mismo editorial en la prensa. En él se apelaba a la "dignidad de Catalunya" ante la expectación de la próxima sentencia sobre el Estatut, y los temores de que afecte al texto en aspectos fundamentales. Llama la atención que se hable en nombre de Cataluña cuando, a estas alturas, todo el mundo sabe -y de ahí los temores- que la sentencia, con independencia de la forma en que module su fallo, no va a ir en contra de los intereses de la sociedad catalana, sino en todo caso de la clase política que ha promovido una reforma del Estatut de manera precipitada, inoportuna, sin buscar el necesario consenso entre las fuerzas políticas catalanas y los partidos de ámbito español, y sin llegar a interesar siquiera a la ciudadanía catalana en la bondad de la reforma.

El editorial enfatiza el hecho de que el texto sometido a examen del Tribunal haya sido ya refrendado por los electores, pero nada dice de la escasísima participación registrada entonces, ni de la lectura política que mereció y exige ese hecho. La mayoría de la sociedad catalana dio la espalda a ese texto, porque no vio que su identidad estuviera amenazada, ni tampoco la madurez democrática de la España plural, como ahora se empeñan en decir los periódicos catalanes pretendiendo poseer el alma de Cataluña. Resulta ridículo, por irreal, pretender vender que exista entre la población catalana "un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad". No es ese hoy, ni muchísimo menos, el cruce de miradas entre los catalanes y el resto de los españoles, o si se quiere entre Catalunya y España.

Por supuesto que "hay preocupación en Catalunya", y no es preciso "que toda España lo sepa", porque ya lo sabe. La preocupación anida en la clase política, y la clase política tiene muy preocupada a la ciudadanía, como han revelado las últimas encuestas del CIS. Pero nadie está harto de Cataluña, ni pretende conculcar su autogobierno. Si existe "hartazgo" va más bien en esa otra dirección: de los ciudadanos hacia sus gobernantes, a todos los niveles (en el marco autonómico y español). El hecho de que los medios de comunicación catalanes no tengan pudor en convertirse y actuar como agentes políticos, al servicio de los intereses inmediatos del poder, sin el menor atisbo de crítica como sería su función natural, es el mejor indicador de la verdadera naturaleza de la preocupación. A Zapatero, en una nueva muestra de su levedad política, le parece bien el editorial único y lo llama "libertad de expresión", cuando es sabido que cualquier unanimidad de la opinión publicada suele indicar más bien lo contrario, sin necesidad de hacer comparaciones con el pasado. Pero qué va a decir Zapatero, cuando es víctima de su propia cortedad de miras y hasta rehén, no ya de los nacionalistas de ERC, sino de los mismos socialistas catalanes, como ya indicamos en otra ocasión.

En nombre de la libertad de expresión se presiona al TC, con la bendición de Zapatero y de la Generalitat. Se le presiona y se le deslegitima, todos empeñados en presentarlo como una instancia política y hasta como una cuarta cámara legislativa (y habrá que preguntarse quién ha contribuido de manera particular a que eso pudiera ser así y al actual desprestigio del TC). Pero el TC está para soportar presiones y para actuar con criterios jurídicos y no políticos. Quienes sugieren ahora -después de todo lo que sabemos- que PSOE y PP se pongan de acuerdo para desbloquear la renovación de algunos miembros del TC, están dando por supuesto que el fallo ha de ser político, y sería de escándalo que después de tres años de espera para llegar a la ansiada sentencia, hubiese que esperar otros tres. El TC es el guardián de la Constitución y tiene todo el derecho y el deber de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, máxime si afectan de manera fundamental al "marco de convivencia español", que eso es en definitiva la Constitución.

Si el problema es que a algunos políticos e intelectuales orgánicos no les gusta la actual Constitución, que trabajen abiertamente para cambiarla. Están en su derecho. Que se pronuncien claramente por una nuevas Cortes Constituyentes que procedan a la elaboración de una nueva Constitución. Pero que se haga según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que requiere mayoría cualificada y, por consiquiente, un inevitable consenso entre los partidos mayoritarios, atendiendo al propio juicio de los ciudadanos españoles. Pero pretender reformar la Constitución por la via de la reforma estatutaria (que exige un menor respaldo parlamentario) y de los "hechos consumados", hurtando el verdadero objeto y alcance del debate, no dice mucho de la madurez democrática de quienes así han actuado.

No es posible ni nadie tiene intención de dar un "cerrojazo institucional" a Cataluña, como denuncia el editorial, pero tampoco es admisible una reforma encubierta de la Constitución, y pretender además que la sancione de oficio el TC. Eso si que sería convertirlo no en la cuarta, sino en la primera cámara legislativa. Hay quienes se afanan en confundirlo todo, haciendo gala de un pensamiento con escasos matices. Lo que está en juego con la sentencia del TC no es el cierre definitivo del Estado autonómico, sino el tránsito directo de un Estado autonómico a otro plurinacional sin que llegara a saberse cómo fue, esto es, sin tocar la Constitución. Porque es más que dudoso, por no decir incierto, que la Constitución de 1978 contemple ese modelo. Una cosa es la distinción entre regiones y nacionalidades (de mayores potencialidades que las existentes en la actualidad), y otra la cosoberanía o la bilateralidad, como asume el Estatut.

La Constitución de 1978, nacida de un gran consenso, fue cuidadosa con los nacionalismos. Éstos nunca estuvieron solos a la hora de reclamar la autonomía. El pacto democracia-autonomía, que puso los cimientos de la España plural durante la Transición, manifestó una exquisita voluntad por parte de las mayorías de no imponerse a las minorías. Si eso fue así, con mayor razón debe entenderse que lo que no es aceptable en democracia es que las minorías se impongan a las mayorías a base de chantajes o amenazas, violentando o hurtando las reglas del juego. La España plural ya existe, no depende del nuevo Estatut catalán, aunque pueda profundizarse en ella. Lo que puede quedar hecha añicos en el caso de una sentencia negativa, no es esa España, sino la credibilidad y el propio entendimiento político de Zapatero y Montilla. Ellos serían los responsables de cualquier sensación de engaño. Pero, por importante que esto pueda ser, mucho más lo es la dignidad del Tribunal Constitucional.

No nos engañemos. Es importante saber si en España funcionan las instituciones, o si el país está por el contrario abocado a un permanente desorden institucional. Lo que no es de recibo es que, al hilo del editorial, algunos intelectuales orgánicos catalanes apelen no ya a la futura presión soberanista o independentista si no se aceptan los actuales términos, ni a las dimensiones desconocidas por las que podría transcurrir la confrontación de Catalunya con España, sino a la ruptura total de la confianza con la que se tejió la Transición, cuando los responsables del actual escollo en que se encuentra el Estatut (que no son ni Aznar ni el PP, por mucho que pretendan desviar hacia ahí la atención), lo han llevado hasta aquí dando conscientemente la espalda a la Transición y al Estado autonómico, al que ya dieron unilateralmente por liquidado hace tiempo.

Regreso al pasado e intolerancia

El gobierno Zapatero no reconoce ningún error, aunque tenga para ello que negar los hechos. El debate en el Congreso sobre la crisis del Alakrana fue elocuente al respecto, y no le importó a la vicepresidente De la Vega negar a la "menor" -contradecir a la ministra de defensa Chacón- con tal de que la "mayor" -ella- no quedara en entredicho. Ella se había hecho "responsable" de la gestión del asunto, pero no hay ninguna responsabilidad política que asumir, porque se había conseguido el objetivo: "misión cumplida".

Este pensamiento feliz no se corresponde con la auténtica situación del gobierno. La malhadada gestión de la crisis del Alakrana, y aunque la Armada no haya hecho nada, se ha convertido en un torpedo que le ha dado en toda la línea de flotación y el gobierno se halla con el agua al cuello. La reacción de los tripulantes y sus familias a su regreso, rehuyendo cualquier contacto con el gobierno, ha sido suficientemente elocuente, y el gobierno si tuviera vergüenza debiera estar abochornado. Pero no, la obispa laica es infalible y no se quita el solideo ni para dormir.

El gobierno que se precia de progresista, y que debiera considerar el futuro como un punto de fuga hacia delante, no ha hecho sino mirar hacia el pasado y además de forma "acelerada", lo cual es un síntoma evidente de la crisis que atraviesa el propio gobierno. Primero se le ocurrió organizar una fiesta mitín que reuniera a todas las viejas glorias del felipismo (Felipe González incluido) para arropar a Zapatero. La fiesta poco tuvo que ver con la tradición socialista, y en esa deriva glamourosa que tanto gusta al nuevo PSOE, no faltó ni la alfombra roja por la que desfilaron las estrellas antaño estrelladas. Otro motivo para el bochorno, pues si la idea era presentar a un partido unido en contraste con el PP (o para contrarrestar la buena imagen ofrecida por el PP en la última convención de Barcelona), poca gente se ha enterado.

Y en segundo lugar, en esa fuga trepidante hacia el pasado, ha tenido la ocurrencia de rescatar la memoria de los moriscos, ni más ni menos. Entre los numerosos problemas que nos afectan en el presente, el PSOE nos sensibiliza sobre la necesidad de «reparar» los daños ocasionados por la expulsión de los moriscos (1609) y de que se proceda para ello a un reconocimiento institucional de aquella comunidad, que fue víctima de la intolerancia religiosa. Al PSOE no le basta con avivar la memoria histórica de la guerra civil para identificar al PP con el franquismo, sino que trata de hacerle responsable y exponente de todos los males de la intolerancia que en la historia de España haya habido o pueda haber.

Curiosa manera de calentar el debate de la nueva ley del aborto, iniciado ayer en el Congreso, donde fueron rechazadas las distintas enmiendas a la totalidad. Intolerancia, la que demuestra el PSOE en este asunto, que no figuraba -hay que recordarlo de nuevo- en su programa electoral, y al que se opone, en los términos defendidos por el gobierno, no sólo la mayoria de la sociedad española, sino buena parte también de la opinión socialista. Empeñado en presentar el aborto como una cuestión ideológica, que fuerce la división y obligue al PP a presentar su faz más conservadora, el mismo Zapatero manifestaba ayer escasa racionalidad cuando se permitía ante los medios hablar simultáneamente de derechos fundamentales y tragedia con relación al aborto.

No puede existir ningún derecho fundamental que legitime la tragedia del aborto, ese es precisamente el quid de la cuestión, que la nueva ley pretende obviar en un ejercicio simultáneo de cinismo e intolerancia. El representante de ERC retrató muy bien los términos reales en que el gobierno de Zapatero, arropando a su ministra adolescente Aído, pretende situar el debate del aborto: "les corresponde a ustedes parar los pies a la derecha y poner a la Iglesia en el lugar que les corresponde en una sociedad del siglo XXI".

Ayer las ministras socialistas se abrazaban gozosas, sin que sea fácil saber qué celebraban, y sin que ninguna de ellas haya hecho nada porque la ley se preocupe realmente de apoyar a las mujeres que se encuentran con un embarazo no deseado y no quieren abortar. No es ese el camino al futuro, cuando lo niega haciendo gala de enorme frivolidad y no menos intolerancia a tantas vidas humanas, pues un feto, nos guste o no, es vida humana.

Confusión total

Por fin, después de casi 50 días, la tripulación del atunero español "Alakrana" ha sido liberada por los piratas somalíes. Los marineros están sanos y salvos, que es lo que todos queríamos, por lo que no hay mucho más que hablar, dice el gobierno, que sigue estando confuso después de todo lo que ha pasado.

Lo que ha quedado claro es el pacifismo ramplón de Zapatero y su ministra de defensa, que se rasgan las vestiduras ante quienes solicitan la presencia de militares profesionales, y no simples mercenarios, en los buques españoles para protegerlos de los piratas.

El Ejército no está para velar por las actividades económicas del sector privado, dicen, para eso existe la seguridad privada. Pero el Estado si está para apoyar al sector automovislístico, por ejemplo, con ayudas directas. O para abrir y cerrar zanjas, a través de los ayuntamientos, para dar trabajo a los parados. Ahora va resultar que el ejército no tiene nada que ver con el Estado. Vaya confusión mental.

La opinión pública también está confundida y no sabe si se le ha dicho la verdad. El Gobierno dijo que sabía perfectamente donde estaban los tres tripulantes que fueron llevados a tierra por los piratas para introducir presión en la negociación. Ahora se ha sabido que no llegaron a abandonar el buque. Luego, el gobierno no sabía lo que decía.

También se ha dicho que la armada española disparó a los piratas después que éstos abandonaran el atunero, pero que no les dieron y que no pudieron evitar que se escaparan. Menudo papelón el que ha reservado el Gobierno al ejércto español. El patrón del Alakrana ha aclarado algunas cosas, en medio de tanta confusión. Ha dicho que no sabe si se ha pagado rescate (luego, se ha pagado, qué remedio). Ha dicho también que no sabe si se disparó a los piratas (luego, no hubo verdaderos disparos, la cosa no iba en serio, y no se hizo nada por intentar recuperar el rescate).

La confusión es total. Lo de menos ya es quien ordenó traer a España a los dos piratas detenidos en los momentos iniciales del secuestro, y el lío montado dentro del gobierno: De la Vega y Chacón, ellas sí, en pleno combate, ajustando viejas cuentas personales. Lo que no ha impedido que el gobierno haya hecho lo que tenía que hacer, y que haya obrado en todo momento dentro de la legalidad.

¿Ordenan las leyes pagar rescate o ceder al chantaje de grupos violentos, como sin duda son los piratas? No tan rápido, porque primero hay que discutir si forman o no "asociación ilícita". Y comprender que la piratería somalí es fruto de la ausencia de Estado y de cualquier otro tipo de instituciones en Somalia. Ya sólo falta decir que el pago del rescate es una ayuda al desarrollo (de las muchas que prodiga el gobierno español, aun en tiempos de crisis), aunque no esté dentro de los planes de los piratas reinvertir en el país.

Los piratas han hecho el negocio del siglo, y España el ridículo del año. Pedían inicialmente dos millones de dólares y al final se han llevado cuatro. Traer a España a los dos piratas ha salido por un pastón. A uno de ellos se le ha ocurrido decir que quiere comprar una mujer española y quedarse a vivir en España. No le va a dar para Pilar Rubio (visto lo que ha pagado Telecinco para hacerse con los servicios de la conocida presentadora), pero todo sea por la Alianza de Civilizaciones, siempre que la ministra Aído lo consienta.

Ante este follón el simplismo del Gobierno no admite dudas. O se está conmigo o contra mí. De nada ha servido a Rajoy su prudencia en los momentos delicados del secuestro (reconocida por Zapatero en el momento de anunciar la buena nueva de la liberación). Un día después hemos sabido que el PP estaba con los piratas. Hay que ver lo que da de sí la trama Gürtel.

20 años de libertad y 5 de extravío

A golpe de calendario, las fiestas, celebraciones y conmemoraciones profundizan en la búsqueda y el mantenimiento de la armonía colectiva; son procedimientos renovados que excitan la memoria y el reconocimiento de las raíces donde se asienta el porvenir. Tal es la función social de las conmemoraciones particularmente.

Esta semana hemos celebrado los 20 años de la Caída del Muro de Berlín, un suceso hasta cierto punto sorpresivo que varió repentinamente el curso de la historia o, de forma mucho más tangible, que cambió las vidas, el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa -por decirlo en los términos del historiador alemán Koselleck- de millones de personas.

La coincidencia de aquel acontecimiento con el bicentenario de la Revolución francesa forzó la comparación y la interpretación. La Caída del Muro, la Revolución de 1989, tuvo algo para el Este europeo de Nueva Toma de la Bastilla y puso en evidencia a la izquierda europea, que se había equivocado desde los años treinta y no había sabido apoyar a los movimientos de disidencia y oposición en esos países pensando que los cambios sobrevendrían allí en función de un auge del movimiento revolucionario en Occidente y del pacifismo y la distensión, y no en función de otras coordenadas.

Zapatero, que ha heredado buena parte de aquella desorientación, ha comparado la caída del Muro con la muerte de Franco. Todo un descubrimiento. Cuando ha sido él quien ha arruinado la cultura política de 1978 que construyeron, entre todos, los españoles a la salida de la dictadura. Zapatero presume de haber extendido derechos y libertades, pero en sus 5 años de desgobierno y extravío lo que ha conseguido, con mucha torpeza y no poca frivolidad, es resucitar la separación de las dos Españas.

En Europa celebran la reunificación de las dos Alemanias. En España jugamos a derribar el legado de la Transición. Tenemos tiempo y ganas hasta de hurgar en las tumbas de los muertos, les guste o no a los familiares, que desean que las víctimas descansen en paz, o que prefieren que no se conozca la verdad, porque el mito les favorece.

Este afán de abrir y cerrar zanjas resulta muy signaficativo de la crisis que vive España, económica, social, cultural y política. Mientras algunos festejan en Europa veinte años de libertad, otros llevan cinco de extravío. Nos encontramos como perdidos. ¿Dónde estamos? ¿Adonde vamos?