La madeja vasca (I)

Los resultados de las elecciones vascas no han dejado a nadie indiferente. Han creado una situación insólita, y se hace preciso analizarla serenamente, contemplando los distintos escenarios a que da lugar, para no dejarse enredar en la madeja de las interpretaciones puramente interesadas.

Nadie puede negar que el PNV ha sido la lista más votada, e incluso que ha ganado las elecciones, pero eso no le otorga el derecho inmediato a gobernar, ni en pura lógica democrática, ni atendiendo siquiera a la práctica dominante últimamente en España y en el propio País Vasco. Que se lo pregunten a CiU en Cataluña, que ya sabe lo que es ganar dos veces las elecciones y pasar a la oposición. O al PP en Galicia, que se quedó a un paso de la mayoría absoluta en los comicios de 2005 y con una diferencia de 12 escaños sobre la siguiente fuerza. Que se lo pregunten al PSOE, que no pudo materializar su victoria de 2007 en Canarias (CC y PP se lo impidieron), o al PP vasco, a quien se le negó la Diputación de Alava a favor del PNV, sin ir más lejos.

Gobierna quien es capaz de formar una mayoría parlamentaria que pueda sustentar al gobierno. Esa es la regla de oro de la democracia, sin limitar de antemano ninguna fórmula que permita a los gobernados cambiar a sus gobernantes de manera pacífica. No es fácil siempre interpretar la voluntad popular manifestada en las urnas y puede discutirse ciertamente sobre el carácter antinatura de tal o cual alianza, o sobre los beneficios o perjuicios que podría ocasionar un determinado pacto a tal o cual partido en el futuro. Pero sería un flaco servicio a la democracia que por cesión al chantaje o por miedo se descartase de antemano cualquier fórmula de gobierno legítima.

El PNV, como exponente del nacionalismo democrático que es, no puede ignorar esta lógica, por mucho que le cueste –si llegara el caso- abandonar los beneficios del poder que ha disfrutado ininterrumpidamente durante casi tres décadas. El PNV, sin embargo, parece dispuesto a todo menos a dejar el poder. La advertencia efectuada a Patxi López de que si pretendiera gobernar ello supondría una "desestabilización", una "parálisis" e incluso un "golpe" institucional, no es admisible y resulta además paradójica. Aunque le cueste reconocerlo, poco ha hecho el PNV durante 30 años por legitimar las instituciones autonómicas vascas (que han dado al Pais Vasco las mayores cotas de autogobierno de toda su historia) y hasta se ha empeñado en vaciarlas de sentido (particularmente desde el pacto de Estella de 1998) o en utilizarlas como plataforma contra el Estado español (política de Ibarretxe).

El PNV se aferra al número de votos, pero no ha conseguido detener la pérdida de sufragios de los últimos tiempos y ha arrastrado consigo en su caída a sus hasta ahora socios de gobierno, haciendo inviable una mayoría nacionalista, ni siquiera con los escaños obtenidos por Aralar. Ha sido la política de Ibarretxe la que ha hecho gala de "frentismo" (al compartir la lógica del nacionalismo radical y de los violentos y rechazar el Estatuto de Gernika de 1979 por no recoger la plena soberanía y territorialidad del pueblo vasco), y es esa política la que ha sido derrotada en las urnas.

El hecho novedoso en estas elecciones de la ausencia de una candidatura vinculada a ETA ha beneficiado a la democracia, pero no ha proporcionado ventaja a ningún partido, si acaso ha podido notarse en el aumento de voto de Aralar (34.000 votos más), que unido al voto nulo preconizado por Batasuna (100.000 votos) iguala en la práctica a lo que obtuvo el PCTV en 2005 (150.000 votos). El aumento de la abstención (más de dos puntos respecto a 2005) también puede interpretarse como una cierta saturación por parte del electorado nacionalista hacia la política de Ibarretxe.

El PNV ha vuelto a ganar las elecciones con Ibarretxe. Pero aunque resulte raro o extraño esa victoria es la de un perdedor. El presidente del PNV Urkullu se ha apresurado a decir que su partido no está dispuesto a sacrificar a Ibarretxe para llegar a un acuerdo con el PSE. Pero es evidente que el PNV no puede aspirar a gobernar en solitario con Ibarretxe, ni Patxi López está dispuesto a entrar en un gobierno de coalición presidido por Ibarretxe.

La llamada al "liderazgo compartido" lanzada por Urkullu requeriría en cualquier caso, para llegar a ser atendida, la desaparición de Ibarretxe del escenario político. Ese sacrificio simbólico, por encima del juego de escenificaciones, estaría ya decidido, y continuando con las cesiones, también tendría que estar dispuesto el PNV a ceder el puesto de lehendakari a Patxi López (al igual que el PSE lo cedió en 1986 al PNV cuando contaba éste con menos escaños como consecuencia de la escisión de EA). El PNV resucita ahora el discurso de la "transversalidad" (como hizo en la campaña de 2001 para alejar el fantasma del "frentismo" españolista avistado en la entente Mayor Oreja-Nicolás Redondo).

No se escapa, sin embargo, que volver al escenario de 1986 no deja de ser un regreso al pasado y pensar a estas alturas que la idea de la transversalidad, entendida como un gobierno de coalición PNV-PSE, pueda ser la solución, es permanecer instalados en el mito. Difícilmente puede satisfacerse así el deseo de cambio que se trasluce en los resultados electorales. La transversalidad no se reduce a un simple gobierno de coalición, afecta antes a la visión y al concepto de sociedad que se tiene y se quiere defender, y hasta la fecha ese ideal de tranversalidad donde mejor ha quedado reflejado es en el Estatuto: el Estatuto de 1979, que no solo expresa un pacto entre el País Vasco y el Estado, sino fundamentalmente un pacto entre vascos, como ha insistido muchas veces Joseba Arregi, el pacto contra el que se ha pronunciado lamentablemente el PNV.

Invocar el plurinacionalismo, como han hecho los distintos planes de Ibarretxe, y formular a continuación propuestas que si destacan por algo es por su carácter mononacionalista, no deja de ser un profundo contrasentido. La soberanía se vuelve contra la ciudadanía, y la ciudadanía se ha vuelto al final contra el nacionalismo. Así de sencillo.

No todo vale

Los resultados de las elecciones de ayer en Galicia y País Vasco admiten diversas lecturas. La primera en clave de política nacional. En este sentido, la primera consecuencia es la derrota de la política del todo vale. La victoria contundente del PP en Galicia (con un máximo histórico de participación) y su resistencia en Euskadi se ha producido contra viento y marea, en circunstancias no ya de marejada sino de verdadera tempestad política. La propia Fiscalía Anticorrupción tuvo que rechazar el ultimátum de 48 horas planteado por Garzón acerca de su inhibición a favor del Supremo en el caso Correa ante la posible implicación de aforados nacionales, recordando que decisiones de ese tipo no pueden tomarse sin un detenido estudio de la documentación aducida, y menos en fase electoral. Hasta un ex Fiscal General del Estado de los tiempos de Felipe González ha rechazado la actuación y rectitud de Garzón en el seguimiento de la "trama de corrupción del PP".

La estrategia socialista para tapar la ineficacia del gobierno frente a la crisis económica (y el desgaste político consiguiente) con el argumento de que un partido en crisis como el PP (podrido por dentro e incapaz de solucionar sus graves problemas internos) no puede inspirar ni merecer la confianza de los españoles, se ha visto desbaratada. Este argumento, llamado a convertirse en el nuevo eje de la política anti-PP del PSOE a lo largo de toda esta legislatura en el caso de que Rajoy hubiese fracasado electoralmente ayer, ha quedado prácticamente anulado. Rajoy ha salido muy reforzado en su liderazgo del PP, y los conspiradores internos (que no quisieron dar la batalla abierta en el congreso del PP de Valencia) organizados ya para exigir responsabilidades al líder en caso de derrota (alguna voz se dejó oir ante los primeros sondeos a pie de urna, sin esperar siquiera a un mínimo recuento efectivo de votos) habrán de batirse en retirada por puro instinto de supervivencia política.

Tanto Nuñez Feijóo como Basagoiti son hombres de Rajoy. Y ha sido el propio Rajoy y su equipo quienes se han implicado en las dos campañas gallega y vasca, incluido el ínclito Gallardón, y no Aguirre ni Mayor Oreja (ni siquiera Camps, tocado por Garzón). El PP volverá a gobernar en Galicia, gracias a Rajoy (protagonista en la campaña tanto como Feijóo), y la posibilidad de un cambio político real en el País Vasco se debe en gran parte a la resistencia del PP vasco (capaz de condicionar al Partido Socialista de Euskadi si éste no defrauda las expectativas abiertas por la lógica de los números). La salida traumática de María San Gil, tan utilizada como ella misma contra Rajoy, se revela ahora mismo como un acierto y claramente beneficiosa para lograr ese cambio, pues con ella la posibilidad misma de un entendimiento de socialistas y populares vascos no sería imaginable, a tenor del grado de saturación y encasquillamiento que había alcanzado su discurso.

Los resultados de Rosa Díez hacen también pensar. Podrá ser imprescindible o no (a la espera del recuento del voto emigrante) para articular una mayoría no nacionalista. Pero se ha comprobado lo limitada de su posición política, particularmente en el País Vasco, donde la grandilocuencia de su discurso españolista no ha sido capaz de arrancar votos significativos ni a PP ni a PSOE. Pese a contar con la inconfesable ayuda ciertos sectores de la derecha mediática que llevaban tiempo apelando a la opción de UPyD como forma de canalizar el voto de vastigo al PP de Rajoy. Ahora es Mayor Oreja como candidato del PP a las próximas elecciones europeas quien debe cambiar el chip y sintonizar bien con el discurso moderado y centrista de Rajoy, sin preocuparse excesivamente de lo que pueda "robar" Rosa Díez al PP.

Las elecciones gallegas y vascas han conseguido introducir aire fresco en la política española. Más allá de las opciones o preferencias partidarias, han certificado la mayoría de edad de la ciudadanía frente a las actitudes chulescas adoptadas en los últimos tiempos por ciertos poderes en la esfera pública, incluidos los medios de comunicación, de un signo u otro. Ese aire fresco ha de trasladarse ahora a los propios partidos. Errado el tiro de Garzón en su objetivo inmediato (interferir en las elecciones y desactivar al PP como alternativa abriendo de nuevo la crisis sucesoria), Rajoy tiene que aprovechar el "favor" que le hace en estas nuevas circunstancias Garzón dando todos los pasos necesarios para despejar cualquier duda (fundada o no) de corrupción y asegurar la limpieza de su partido, si quiere realmente que este cambio operado en Galicia y el que se avista en el País Vasco, con la participación del PP, pueda apalancar un nuevo cambio político en España que le requiera directamente. La lectura de los resultados electorales en clave vasca merecen, sin duda, un espacio y una reflexión aparte.

Tensa espera

Hagan juego, señores, hagan juego. En el casino de la política española hay una mezcla de excitación y tensa espera. La apuesta de los tahúres del PSOE, Zapatero y Blanco, había sido fuerte, pero descuidos siempre hay y cuando a uno se le ve el juego que lleva, lo mejor es descartarse. Es lo que ha pasado con la dimisión forzosa del ministro Bermejo, que pasará a la historia de España como el cazador furtivo a quien le salió el tiro por la culata, sin demérito de otras pequeñas menudencias como la reforma caprichosa del pisito ministerial o el loco bailoteo que se pegó con su mujer en un mitin electoral, cuando la esposísima estaba de baja laboral aquejada de un fuerte dolor de espalda. Eso sí que merece el grito de torero, y no la papeleta que hizo en la última sesión de control al gobierno.

Se trata de un “cese voluntario”, según nos ha venido a explicar Zapatero. El ya ex ministro había puesto su cargo a disposición del presidente. No se encontraba con ánimo de enfrentarse a la huelga de los jueces ni a las cámaras. Zapatero dice que no le habría cesado de no haberse ofrecido Bermejo, por mucho que el cese fuera obligado (por aquello de la división de poderes y por la bestialidad de la caza, que ha hecho temblar a los ecologistas y casi al planeta entero). Zapatero haría lo mismo con Solbes, pero el problema es que ambos están ya tan distanciados, que el ministro ni se acerca a decirle nada, y se limita a suspirar ante los medios de comunicación lo mucho que envidia al bueno de Bermejo, que ya ha pasado a mejor vida en su calidad de ex.

En fin, toda una escuela de buen gobierno, no se vaya a apuntar el tanto de la dimisión Rajoy, aunque celebrar el hecho, evidentemente lo ha celebrado, y hasta se ha crecido presentando su partido una querella contra Garzón por prevaricación, a ver si le cae al juez un buen paquete. Pero el contraataque de Garzón no se ha hecho esperar. Se inhibe pero hay que completar la faena (la que le está haciendo al PP). Faltaba un pequeño detalle para convertir la “trama de los chorizos” en una auténtica “trama del PP”, y es lo que ha adelantado-filtrado hoy El País: la implicación del tesorero del PP, Luis Bárcenas. A ver quién tiembla ahora. Estaríamos entonces ante una trama de financiación ilegal del partido (el Filesa del PP), y para más divertimento (por supuesto de Felipe González) ante hechos que afectarían a los tiempos del PP acorazado de Aznar y Álvarez Cascos.

Garzón ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que le diga en un plazo de 48 horas si debe inhibirse a favor del Tribunal Supremo ante esta posibilidad de que se encuentren implicados en la trama aforados nacionales (el tesorero Bárcenas es senador). En 48 horas, para que el impacto de la noticia bomba afecte de lleno a la jornada de reflexión electoral. (Ya es costumbre en la España reciente la presencia de algún elemento extraño o extraordinario que “facilite” la decisión del voto). Tensa espera para ver qué surte más efecto en el electorado gallego. Si las decisiones judiciales sobre la “trama de corrupción del PP” o los efectos (seguramente no menos demoledores) de la ostentación del socialista Touriño, a la que ha querido sumarse su socio de gobierno, el líder del BNG Quintana, exhibiéndose en un yate de lujo con el constructor favorecido por la Xunta gallega (la foto la descubría hoy La Nación.es). Claro que sí, las cartas boca arriba. Relájense, señores, relájense. La suerte está echada.

De tahúres y carambolas

Entre las frases célebres de la Transición viene a la memoria aquella de Alfonso Guerra refiriéndose al presidente Adolfo Suárez como el tahúr del Mississipi. Se había aprobado la Constitución y el PSOE, dando por finalizado el tiempo del consenso, comenzaba a engrasar la maquinaria para arrebatarle a UCD el poder. Habría que preguntarle ahora a Guerra, como experto jugador que es de la política, cuáles son en su opinión los mejores tahúres y qué opina de la partida que se está disputando.

La culpa la tiene Esperanza Aguirre, que empezó presumiendo en vísperas del Congreso del PP de Valencia, de que ella era una buena jugadora de póker, y eso ha acabado por animar el cotarro dentro de la política española. La metáfora de la política como juego está bien arraigada y es, en el fondo, consustancial a la democracia, que no se entiende sino como el respeto a las reglas del juego. Pero aquí, por mucho que se nos suponga entrenados después de treinta años en la vida democrática, nos sigue pudiendo el vicio de jugar y de hacer trampas, acabamos entendiendo el juego político de manera marrullera, y nos comportamos en cuanto podemos no de manera astuta o disimulada (que en cierto modo es inevitable en política, y gracias a ello se pudo hacer la Transición), sino como auténticos bellacos.

Suárez se consideraba un chusquero de la política, pero sus adversarios le conferían un gramo de grandeza al tenerlo como el tahúr del Mississipi. Nuestros líderes actuales se tienen, por lo general, en mucha mayor estima y no pasan de ser unos tahúres del Manzanares (con todos los respetos para el pequeño afluente que riega la capital). Nos gusta imitar y falsificar lo que creemos que es lo último en política. Cada vez es más notorio que la política se ha convertido en una política espectáculo, sometida a los propios dictados de la imagen, la publicidad y la moda, como ya notó hace tiempo Lipovetsky. El marketing político, la vedetización creciente de los líderes, el embaucamiento de los shows personalizados o la política pop son preocupaciones actuales entre los partidos españoles (máxime cuando se encuentran en campaña electoral permanente).

Pero en España no nos contentamos con eso y nos gusta mezclar lo viejo y lo nuevo, en una particular y perfecta síntesis de propaganda y espectáculo político. En esto es un auténtico experto el PSOE y de los socialistas ha aprendido algún sector del PP. El estar en la capital siempre ayuda. Los nuevos tahúres practican la propaganda revestida de la seducción del juego y el espectáculo, de la apariencia de sinceridad. Son profesionales en crear un ambiente de fantasía empática, que logre conectar con los espectadores, aunque sea a fuerza de explotar las emociones y las pasiones políticas más bajas, sin que importe vulnerar incluso algunas reglas escritas y no escritas del juego democrático. Es una política frívola, sin duda, pero no inocua. Se sacrifica la complejidad discursiva, el discurso político se distiende (en su contenido), pero no se renuncia a la agresividad. La política española se ha hecho inicua y cruel. Más que nunca.

El debate tabernario de ayer en la Asamblea de Madrid fue un espectáculo lamentable. La imagen de los tres máximos tahúres de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, en plena bronca política, no hizo sino reafirmar la sensación de que la primera se halla empeñada en amparar a unos tramposos. Pero no menos sospechoso y ofensivo es el espectáculo que se está dando a propósito de la operación Gürtel o caso Correa, convertido ya en proceso general contra el PP de manera infundada e interesada.

El País, en una nueva filtración del sumario, informaba ayer de que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, está “implicado en la trama de corrupción masiva” dirigida por Francisco Correa. Todo se reduce a la frase de una imputada en una grabación aludiendo al pago de 30.000 euros en trajes (lo que resultaría ciertamente alucinante en este estado de las banderías: el pago de sobornos en especie, armarios y armarios de ropa, que puestos a deshacerse del cuerpo del delito es un engorro). La información reconocía que es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero en un editorial de hoy el periódico eleva el tono acerca de esos “indicios” contra Camps, por quien Rajoy –a su manera– sí ha puesto la mano en el fuego (a diferencia de los dirigentes de Madrid).

Tahúres los tenemos en todos los partidos y dentro del PSOE parecen empeñados en lograr una jugada a tres bandas con carambola incluida. No se contentan con desplazar a Esperanza Aguirre (tocada por méritos propios) sino que van a por todas, y tratan de golpear fuerte al otro bastión del PP donde el PSOE se encuentra electoralmente hundido, haciendo coincidir además el despliegue de esa operación de destrucción del adversario en plena campaña de unas elecciones autonómicas para intentar asegurarse la continuidad del PSOE en el gobierno de Galicia y lograr alcanzarlo en el País Vasco.

La operación sería digna de aplauso en todos los sentidos, comenzando por la denuncia y expulsión de los corruptos, si no fuera tramposa. No se ha oído en estos días decir nada al Fiscal General del Estado por este continuo goteo de filtraciones de un sumario todavía secreto. Sí se ha escuchado, por el contrario, enfatizar al desacreditado ministro que lo importante no es la filtración, sino el delito. Claro, el problema es que la filtración es también un delito que el Fiscal no persigue; y que a nadie parece importarle los daños que ocasiona esa filtración, salvo a los interesados, que se encuentran desprotegidos y ven disminuidos sus derechos.

Por su parte, la obispa laica De la Vega disculpaba hoy tras el Consejo de Ministros a Bermejo y pedía explicaciones al PP, por más que se les esté negando hasta el conocimiento formal de los hechos por los que pudieran ser imputados algunos de entre sus filas, y por supuesto la presunción de inocencia. Se insiste en extender la sospecha a todo el PP, mientras las encuestas van incrementando las expectativas del PSOE. Justamente lo contrario de lo que debe ser un Estado de derecho y las condiciones de la lid política y electoral.

Aunque debemos estar tranquilos, según nos dice Zapatero, porque la fortaleza del estado de derecho es encomiable. No, señor presidente. Si acaso el poder del estado secuestrado por el partido del gobierno, pero no la fuerza del derecho. Eso es lo triste y lo preocupante. De esto, que afecta al espíritu de Montesquieu, no sé si Alfonso Guerra, que decretó hace muchos años su entierro, podrá decir algo a Zapatero.

Motivos para creer: la plena independencia de los jueces

El difunto confesor del rey hizo algunas confesiones políticas cuyo secreto acaba de ser desvelado (El Mundo, 14-II-2009). Las revelaciones del buen fraile son de bastante sentido común, por contundentes que parezcan en algunos aspectos. Así, en su opinión sobre el actual presidente Zapatero no se andaba con rodeos: “no diré si es listo o torpe, bueno o malo... Es un inmaduro”. No hay duda de que transmite una opinión personal, y si puede llamar la atención es porque contrasta ciertamente con las sorprendentes alabanzas que llegó a hacer en público el rey sobre Zapatero no hace mucho. Pero es una opinión certera, la compartiera o no con don Juan Carlos (que fallar, podemos fallar todos, nos arrepintamos o no).

Que Zapatero sea un inmaduro no le disculpa que esté poniendo patas arriba el patio español. No obstante, para ser un inmaduro, hay que reconocerle algunos logros. Uno no menor es ver cómo Felipe González y Garzón trabajan para él. Da igual que el ex presidente González –dicen- no le pueda ver, y le ponga a caldo en privado ante quienes todavía quieran escucharle, pero a la hora de la verdad, ahí está, sirviendo a Zapatero. Motivos tiene en el fondo. Zapatero ha conseguido rehabilitarle.

El sino de la Historia quiso que el descomunal y trágico atentado del 11-M, que precedió a la derrota del PP en 2004, y que ha pesado como una losa en toda la última legislatura, criminalizando políticamente a ese partido y a Aznar (lo que supuso un duro fardo para su sucesor, Rajoy), liberase para siempre al PSOE (internamente y ante los españoles) del recuerdo traumático de aquellos años finales de Felipe González, felizmente recuperado como protagonista por Zapatero en la campaña electoral de 2008.

Zapatero, si le apuran, presume de haber puesto a González al frente de la Comisión de sabios europeos que intenta dirimir el futuro constitucional de la Unión (después del fracaso de Giscard d’Estaing), y Felipe presume de sí mismo en cuanto tiene ocasión, como ha hecho recientemente en la campaña para las elecciones gallegas. Da igual que su antigua bestia negra Garzón también esté echando una manita para que el candidato del PP Núñez Feijóo, que roza la mayoría absoluta, no tenga que enfrentarse únicamente al socialista Pérez Touriño y sus amigotes nacionalistas, sino al vendaval levantado por el juez-político de la Audiencia Nacional contra el PP.

Todo vale para detener a la derecha. El “no pasarán” siempre ha movido a Felipe González (que aún lo utilizó a la desesperada en 1996, para evitar su derrota ante Aznar). Y si la ayuda del juez Garzón sirve para “criminalizar” realmente al PP, y al propio Aznar (ahora que Bush, Irak y el 11-M han sido desmontados como telón de fondo del debate público), esa revancha de la historia bien puede sanar antiguas heridas (aunque sea a base de avivar viejos rencores).

Inmaduro o caradura, Zapatero no ha tenido empacho en exigir hoy a Rajoy en el Congreso “respeto a la fortaleza de nuestro Estado de derecho”, como respuesta a la petición de destitución del ministro de justicia Bermejo, que le había hecho el líder de la oposición, por haber ido a cazar con el juez, una fiscal y el comisario general de la policía judicial. Esa fortaleza del Estado de derecho (a prueba de bombas –terroristas– y presuntas prevaricaciones –de algunos políticos y jueces) es la que le hace “capaz de mantener la plena independencia de los jueces en la que creo”, ha afirmado Zapatero. Otro motivo para creer, ahora que lo del pleno empleo (motivo para creer en la campaña de 2008) se ha demostrado que había que entenderlo al revés.

Da igual la filtración de sumarios, aunque pueda causar indefensión a personas físicas o dañar seriamente a personas jurídicas (tan vitales para la democracia como el principal partido de la oposición). Da igual que un juez pueda actuar con intencionalidad política en etapa preelectoral. De hecho, se va inhibir ante la presencia de aforados entre los posibles imputados (en cualquier caso, no antes de que se hayan celebrado las elecciones del 1 de marzo). Da igual que con todos sus antecedentes, un juez que se pasó a la política (con Felipe González) y volvió despechado a la judicatura (contra Felipe González), pueda ser elevado a la presidencia de la Audiencia Nacional, como al parecer pretende el interesado y el PSOE. Eso sí que pondría a prueba la fortaleza del Estado de derecho español. Es obvio que cuando se politiza la justicia (y de eso sabe mucho el PSOE, que ha cambiado las reglas en la eleccion misma de los miembros del Consejo General del Poder Judicial), se acaba judicializando la vida política (y de eso Garzón sabe un montón).

La independencia de los jueces es lo que piden los jueces actualmente en huelga, hecho inusitado en la historia democrática española. Que se les den los medios necesarios para que puedan realmente trabajar (que parece que no interesa que lo hagan: no acaba de entenderse que se haya destinado en los últimos presupuestos del estado más dinero a la propaganda publicitaria del plan de obras públicas del gobierno que a mejorar la justicia). Medios a todos ellos, no a unos pocos, que parecen desarrollar una actividad frenética, pero cuyos desvelos no están tanto al servicio de los ciudadanos como de los intereses políticos del gobierno.

Pobres clases medias

Las “clases medias”, conducidas por un filibustero, han hecho un amago de asaltar el palacio de la Moncloa, la sede del gobierno español. “Ya no es tiempo de debates sino de combate”. Da un poco de miedo, la verdad.

Alrededor de 8000 personas se concentraron ayer en la madrileña Plaza de Colón respondiendo a la llamada del periodista Enrique de Diego, autoinvestido presidente de una flamante Plataforma de las Clases Medias. Al terminar el acto el orador inició una marcha a pie hacia el Palacio de la Moncloa para exigir la dimisión de Zapatero, aunque el batallón fue perdiendo compañías y unidades apenas daba sus primeros pasos por las calles de Madrid. Tras tres kilómetros de marcha hasta el barrio de Moncloa, el movimiento de los manifestantes fue obstaculizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (para tranquilidad del presidente del gobierno, seguramente). Enrique de Diego explicó a sus huestes que se había comprometido con la Policía a detenerse ahí, pero les ha animado. Esto es sólo “un primer paso”. (Que se prepare el rey por si acaso, que el palacio de la Zarzuela está muy cerca).

La larga marcha sobre la Moncloa ha resultado muy corta, y más aún el recorrido de su discurso. Como un profeta del antiguo testamento, Enrique de Diego ha clamado contra la mentira de esa clase política que nos expolia y nos depreda. Nadie se salva de la quema. Zapatero, que ya ha llenado los comedores sociales y fuerza (a las clases medias) a rebuscar en los contenedores, es el acabose, pero el resto de las fuerzas políticas no son las hermanitas de la caridad. Todos forman parte de la misma “casta parasitaria”, todos son chupópteros que disfrutan felices de las subvenciones y de nuestros impuestos, un cáncer que amenaza con llevar al desastre a nuestra sociedad en muy poco tiempo. Antes de que se produzca la extinción (dictada por los Gobiernos y las castas parasitarias políticas) de las clases medias éstas han de disponerse para la última batalla, han de rebelarse. No como un derecho de resistencia, sino como un estricto deber marcado por el instinto de supervivencia. Clases medias del mundo entero: “¡rebelaos!”, clama el periodista De Diego y autor de libros poco armados intelectualmente y siempre desmesurados como el último ¡Salvad la civilización!

La rebelión ha de ser mundial, aunque tenga focos más activos de inicio. Los concentrados en Colón deben agradecer al cielo haber sido llamados en la primera hora, y haber podido conocer y tocar al guía y salvador. Por mucho que se pretenda apelar a las clases medias, soporte histórico del liberalismo, toda la coreografía del acto y el propio actor principal expresan un inconfundible estilo de extrema derecha. No se sabe a quién pretende confundir esta farsa, aunque ilustraciones de todo tiene la Historia. Es triste recordar cómo la Gran Depresión, incidiendo sobre la fuerte desestructuración y conmoción ocasionadas por la Gran Guerra, que llevó a los intelectuales a hablar con brillantez de crisis de civilización, acabó de producir un fenómeno –la proletarización de las clases medias– del que se sirvió el fascismo en sus distintas vertientes para llegar el poder.

¿A qué juegan algunos, en este tiempo de crisis, al calor de la audiencia de alguna tertulia política televisiva? La prudencia y la responsabilidad política ha de ser cosa de todos, también de quienes deben ejercer la crítica legítima. Al menos que no manchen el nombre del liberalismo político ni de la sociedad civil, ni el comportamiento ejemplar de las sufridas clases medias en nuestra reciente historia democrática. Pobres clases medias si hubieran de ser conducidas por quién solo pretende utilizarlas para sus desvaríos de caudillo sin tropa.

Caza de montería

La política española se ha visto sobresaltada por un escándalo de cacería. ¿Pero de qué caza hablamos de las muchas que se practican actualmente en esta España de las banderías? Todo parece indicar que trata de una caza de montería, donde se usan jaurías para batir a la presa, quedándole al cazador la tarea de rematar al animal.

En un reciente libro sobre El malestar de la democracia, el profesor Víctor Pérez Díaz propone toda una teoría de las virtudes políticas, comenzando por la virtud de la civilidad, que requiere el respeto y, lo que es más importante, la protección del oponente político, así como ciertas formas de prudencia, moderación y firmeza por parte tanto de la clase política como de la ciudadanía. La realidad española resulta inquietante en ese sentido, y a tenor de lo que se ve y lo que se escucha, hasta daría la impresión de que la oposición –cuya existencia, como es sabido, es absolutamente indispensable para el ecosistema democrático– más que especie protegida parece encontrarse en serio peligro de extinción.

Son muchos los cazadores y depredadores que acechan a la oposición en los últimos tiempos, dentro y fuera de su habitat. Las ambiciones internas de Esperanza Aguirre, claramente manifiestas desde la última derrota del PP en las generales de marzo de 2008, hicieron de la lideresa madrileña una feroz depredadora lanzada, junto a las jaurías de algunos medios de comunicación, contra su propio partido a la caza del líder Rajoy. Se creía llamada a sustituirle y depositaria de la confianza de antiguos pesos pesados del partido, desde Álvarez Cascos hasta el ex presidente Aznar. Sin embargo, Aguirre ha quedado herida –posiblemente de muerte– de un disparo certero: la revelación de una presunta trama de espionaje dentro del gobierno de la comunidad que preside, destapada por medios contrarios.

Forzada por la presión de su propio partido a no ignorar la gravedad de los hechos y a autorizar una Comisión de investigación en la Asamblea regional de Madrid, los límites que le fueron impuestos hacían ver que esa comisión no iba realmente a esclarecer el fondo del asunto, pues esa trama –según los primeros datos conocidos– parecía envolver otros escándalos de corrupción (adjudicaciones irregulares, negocios oscuros, posibles sobornos) alrededor de la misma comunidad de Madrid, que son los que comienzan ahora a conocerse a raíz de la operación Gürtel conducida por el juez Garzón, y que se ha cobrado ya algunas piezas políticas del PP de Madrid. Una cierta sensación de déjà vu (la corrupción del PSOE en tiempos de González) parece apoderarse de la ciudadanía, y es en cualquier caso la imagen que se afana en trasladar el Gobierno de Zapatero y sus medios afines, la de un PP corrupto, podrido y en descomposición.

Se obvia que el origen de la investigación judicial parte de la denuncia e información presentada a la Fiscalía Anticorrupción a finales de 2007 por cargos del PP sobre los manejos de la red dirigida por Correa, principal proveedor electoral del partido hasta la llegada de Rajoy. Es Rajoy quien aparta a Correa y ninguno de los detenidos hace una semana ha trabajado para el PP desde que Rajoy está al frente de él. La trama no salpica a Rajoy pero sí al entorno familiar y político de Aznar (Alejandro Agag y Álvarez Cascos son algunos nombres que han trascendido en las informaciones), además de al gobierno de Esperanza Aguirre. Pero el daño inmediato afecta no sólo a Aguirre sino a todo el PP, y al propio Rajoy.

En términos de partido, el PP tiene un miembro gangrenado, que es el PP de Madrid. Por forma de ser y de pensar, Rajoy se ha resistido a actuar como cirujano de hierro en esta tesitura, suspendiendo enseguida la investigación interna sobre el espionaje político de Madrid. Podrá discutirse si es virtud política o carencia de ella, si es prudencia o falta de firmeza. No han faltado quienes le han jaleado para que aparte a la actual dirección del PP de Madrid y se dé paso a una gestora provisional que salvaguarde la honorabilidad del partido. Si lo hiciera, tampoco dejarían de alzarse de inmediato voces diciendo que lo hace por puro interés particular, para deshacerse antes de tiempo de su adversario político interno.

En estas, el escándalo de la cacería jienense del juez Garzón con el ministro de justicia Bermejo, coincidiendo con las filtraciones sumariales y las primeras detenciones, añade una nota más de podredumbre a todo este drama de la España de las banderías. El hecho no es una anécdota, como han pretendido algunos. De ahí a bautizarlo como un aquelarre anti-PP, como han hecho otros, seguramente hay buen trecho para templar la palabra, que también eso es virtud política. La torpeza política del ministro es evidente. No caben azarosas coincidencias para justificar la presencia en una finca de caza de un buen número de personas (del juez, rodeado de su fiscal y funcionarios leales: hasta el comisario general de la policía judicial se dejó caer de vísperas para la cena de “amigos”), todos con el ministro del gobierno para “hablar de sus cosas”, a no ser que “sus cosas” sean las que el común de la ciudadanía supone se traían entre manos (y en mensajes de móviles). Más sospechosa aún resulta la temporalización minuciosa de los acontecimientos, coincidiendo con el periodo electoral. Está claro que el objetivo compartido es la batida de la oposición.

El PP ha puesto el grito en el cielo. El estilo de cacería le resulta conocido. El asunto del lino contra Loyola de Palacio, coincidiendo con unas elecciones europeas; temas de corrupción que luego quedaron también en nada, con ocasión de las últimas municipales. Y de nuevo Garzón actuando con oportunismo político como acredita su trayectoria, si no con una clara animadversión hacia el PP, como se dice en el escrito de recusación del juez presentado por los populares, sí con una clara propensión hacia el PSOE, con quien colaboró en su fallida incorporación a la política en tiempos de Felipe González, antes del despecho que le llevaría a desenterrar los sumarios del Gal.

Pero por mucho ruido y polvo que haya levantado la cacería judicial, ello no puede nublar la visión clara de las cosas. Por convencido e indignado que se pueda estar de la instrumentalización y uso partidista de las instituciones en España, o al menos de la acomodación de sus tiempos a los propios intereses del Gobierno (que motivos de sospecha hay de eso, hace tiempo, en la España de las banderías), no cabe ocultar detrás de eso la propia podredumbre, y mucha o poca el PP la tiene y tiene que desprenderse de ella, si quiere gozar de la confianza de la ciudadanía. De la sobrereacción de Rajoy contra Garzón y Bermejo, por censurable que haya sido su comportamento en términos de virtudes democráticas, podría entenderse que la podredumbre del PP es mucho mayor de lo que realmente es, y que se vuelve a la teoría de la conspiración para eludir los propios errores o responsabilidades. Eso sí que sería una muestra de falta de virtudes políticas.

El cierre de filas del PP, envolviéndose el partido en la bandera de la honorabilidad, ha podido tener un efecto terapéutico de lamerse juntos las heridas, pero puede acabar siendo confundido con una reacción de ocultación colectiva bajo la manta, todos iguales “chorizos” todos, que es lo que pretende en definitiva el PSOE, por más que se antoje como réplica a la imagen que van adquiriendo los socialistas –a cuenta del lujo y de las cacerías de algunos– de “señoritos” todos. Generalizar la imagen choricera beneficia provisionalmente a Aguirre y su entorno, pero perjudica definitivamente al conjunto del PP.

La caza en la que se ve envuelto el PP es una caza de montería. En estos momentos ya no importa la selección de la presa, sea hembra, un macho joven o un político amortizado de otra generación. La jauría se ha echado encima y todo el partido está malherido por las dentelladas de las rehalas. La cacería aún no ha terminado y todavía falta tiempo para que el cazador llegue al sitio y se entere de qué es lo que ha cazado. Es la marca de la política de Zapatero. Esta práctica es muy distinta a la caza por rececho (más noble en la lucha política,) que es cuando el cazador se acerca solo al encuentro de una presa, a la que se apunta directamente para abatir con un certero disparo, sin los sufrimientos que provoca la montería.

Rajoy esta uniendo su suerte a la de Esperanza Aguirre, sin que ella lo merezca, porque es la principal responsable de toda esta sangría, y por supuesto la causante del daño primero hecho al PP. Sería un grave error dar la impresión de que se acaba transigiendo con los corruptos. Para el interés particular de Rajoy, que es lo menor, y para el interés general, no sólo del PP sino del propio funcionamiento del sistema político, que importa mucho más. A no ser que ya tenga decidido irse y dejar al alegre Gallardón (el menos tocado por la montería), con el partido no se sabe en qué condición.